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Martes, 26 Enero 2021 16:25

Colombia: oscilando entre la paz y la violencia de 1984 a 1990

Colombia: oscilando entre la paz y la violencia de 1984 a 1990 Photo by puroperiodismo on Foter.com / CC BY-NC-SA

En Colombia los acuerdos y pactos que se lograban, más que consolidarse para el fin del conflicto, parecía que llevaban a una especie de tiempo de receso, un “periodo entreguerras” al que le seguía otra catastrófica época de violencia. La sociedad colombiana parecía oscilando entre esos dos estados.

Por: Luis Hernando Galvis Trujillo[1]

Colombia, así como no ha sido extraña a la violencia, tampoco lo ha sido a los discursos de paz. A lo largo de su historia el país ha atravesado por varios conflictos que significaron primero un periodo de violencia desbordada para luego retornar a la calma y a la “normalidad”. De la misma forma, en el conflicto armado han existido diversas lógicas y herramientas que buscaban la paz, las cuales evolucionaron con el transcurso del tiempo para adaptarse a los distintos contextos, motivos y actores que encararon la guerra.

No obstante, en Colombia los acuerdos y pactos que se lograban, más que consolidarse para el fin del conflicto, parecía que llevaban a una especie de tiempo de receso, un “periodo entreguerras” al que le seguía otra catastrófica época de violencia. La sociedad colombiana parecía oscilando entre esos dos estados: de guerra a paz, para luego retornar a la guerra y repetir el proceso. Este fenómeno cíclico es una herencia de las concepciones y dinámicas de violencia y paz de las luchas del siglo XIX, que fueron acogidas en el conflicto armado haciendo que ni los actores o las condiciones estuvieran dispuestas para concretar una “paz perdurable”.

Durante los conflictos bipartidistas los discursos de paz no suponían un cese al fuego mediante un acuerdo entre partes, sino que la “paz” se refería más al concepto de “pacificación”: restaurar el orden en las zonas convulsas mediante la derrota absoluta del que fuese identificado como enemigo o causante de la discordia. Una vez así, el bando ganador se imponía y sometía a los vencidos, los juzgaba como si hubieran sido los únicos responsables por la guerra y los atropellos cometidos en esta; escribiendo así la historia desde la perspectiva de los triunfadores, condenado a los derrotados a ser identificados por la posteridad como los enemigos de los valores y la moral de la sociedad (Uribe, 2004).

La humillación social e histórica de los vencidos, la impunidad de aquellos que también cometieron atropellos en la guerra, junto a otras consecuencias de la pacificación forzada, fueron caldo de cultivo para que la sed de venganza y odio se insertara en la mentalidad de los derrotados, buscando una revancha así fuera a través de otra guerra (ibíd.). Para el imaginario de los derrotados la guerra aún no había acabado, fue solo pausada abruptamente, por lo que debían de alistarse para la siguiente contienda.

Los odios y rencores entre rivales se fermentaban mucho más cuando surgían voces de caudillos que instigaban a un regreso al conflicto, terminando de convencer y demostrar con retórica que al enemigo no se debía sólo vencer, sino también destruir para restablecer el honor usurpado, la dignidad de las víctimas y evitar otra sangrienta guerra (ibíd.). Las voces populistas ideologizaban la guerra, mientras satanizaban la diplomacia como un acto de debilidad.

La guerra no solo se ideologizó, sino que también se teorizó. En un marco de la Guerra Fría, posturas como el realismo injirieron en las políticas de seguridad y defensa de los países, generando la preocupación por tener un amplio sistema armamentístico para afrontar las amenazas hacia el Estado, aunque Colombia no se preparaba para un posible ataque soviético o de algún otro agente externo.

En 1946 se fundó el Centro de Entrenamiento para Latinoamérica, División de Tierra, también llamada Escuela de las Américas. En esta organización los militares de toda la región se instruyeron en la lógica del enemigo interno, en la que las amenazas al sistema estatal no provenían del exterior, sino que se encontraban al interior del propio territorio o del propio sistema para implosionar al Estado (Ávila, 2019). Colombia acogió las teorías del enemigo interno, pues había sido un país que no había disputado muchas guerras con otras naciones, sino que casi la totalidad de sus enfrentamientos se habían dado dentro de sus fronteras.

Las Fuerzas Militares (FFMM) se instruyeron en combatir enemigos internos, a los que debían de derrotar completamente con una pacificación forzada. La Escuela de las Américas no parecía tan errada, pues efectivamente, el gobierno colombiano, que pensaba haber superado la violencia con el pacto del Frente Nacional, empezaba a tener un nuevo antagonista violento: las guerrillas. En 1978, el gobierno de Julio Cesar Turbay sustentó el esquema militar heredado de la Escuela de las Américas, imponiendo durante casi tres años su Estatuto de Seguridad Nacional como una forma de derrotar al nuevo enemigo interno (Bushnell, 1994, p. 349).

Las políticas de Turbay reducían los derechos de la población civil, mientras que aumentaban las libertades y facultades operacionales de la fuerza pública. Durante este periodo, decenas de civiles fueron detenidos arbitrariamente, entregados a la justicia castrense, e incluso sometidos a torturas por simple sospecha, o por haber manifestado oposición al gobierno. Aunque el Estatuto de Seguridad se derogó en 1981, esta posición de cómo lidiar los asuntos de seguridad nacional sería la posición que mantendrían y defenderían varios miembros de la fuerza pública y las élites políticas, sobre todo en torno a la situación de las guerrillas.

Sin embargo, con la llegada de Belisario Betancur a la presidencia se desarrolló un plan de gobierno que contrastaba totalmente con las políticas de su predecesor, pues en palabras del propio Betancur:

Cuando llegué al gobierno en 1982 encontré que el tratamiento que se venía dando al tema de la paz no era el correcto, puesto que, en vez de decrecer, el movimiento guerrillero aumentaba. A los guerrilleros había que llevarles una estrategia diferente, que era la de a mi juicio, devolverle el poder a la palabra. (Escallón, 2010)

Betancur lograría negociar con varias guerrillas, pero fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) con las que concretó una paz a futuro. En los acuerdos de La Uribe de 1984 se pactaron las condiciones para la tregua: las FARC-EP se comprometían a detener los secuestros, las extorciones y los actos terroristas, y el gobierno les concedería una amnistía general junto a garantías y herramientas para que los combatientes se reintegrasen a la vida civil y política (El Tiempo, 1984, p. 27).

Desgraciadamente el proyecto de paz fracasó, pues durante la tregua las FARC-EP duplicaron sus frentes de combate y continuaron con su accionar delictivo. El gobierno Betancur creyó que las FARC-EP estaban igualmente dispuestas a concretar la paz, por lo que confiadamente no estableció mecanismos de supervisión, ni tenía nada que sirviese como garantía de la desmovilización de la guerrilla, contando tan solo con la palabra del alto comando en Casa Verde.

Las FARC-EP, a diferencia de lo que pensaba el presidente y una gran parte del país, no tenían la intención de dejar las armas. La guerrilla seguía convencida de su futura revolución, pero sacó ventaja de la tregua utilizándola como una cortina de humo para reducir la presión militar sobre sí, y para obtener los beneficios que le ofrecía el gobierno, entre ellos, la participación política con el partido creado para esta causa: la Unión Patriótica (UP).

No era el primer proceso de paz que el gobierno entablaba con las FARC-EP. Durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), cuando la guerrilla era apenas una autodefensa de campesinos liberales, el gobierno también ofreció una amnistía general, la cual fue aceptada por los combatientes. Tras la entrega de los militantes, sus compañeros empezaron a aparecer muertos, por lo que los que no fueron asesinados se reagruparon y regresaron a luchar en la selva (Escallón, 2010).

Con esa prueba de no poder confiar en el gobierno, junto al adoctrinamiento que adquirirían de la ideología y paradigmas del lado oriental del Telón de Acero, las FARC-EP adoptaron una aptitud reacia hacia un proceso de paz. Esa sería una postura que mantendría la guerrilla por mucho tiempo, a pesar de que en el futuro volviera a entablar negociaciones con el Estado. Así lo demostró el máximo jefe de las FARC-EP, Manuel Marulanda «Tirofijo», en el proceso de paz del Caguán (1999) con el gobierno del presidente Andrés Pastrana al no presentarse el primer día de la negociación, siendo su silla vacía un recordatorio de las FARC-EP a Colombia de que una paz no se vería pronto.     

La esperanza no se perdió del todo, pues en 1990, el gobierno del presidente Virgilio Barco logró concretar la paz con otra guerrilla, el Movimiento 19 de Abril (M-19), grupo que se transformó en el partido político Alianza Democrática M-19; el Eme. A diferencia del proceso de Betancur, el gobierno Barco sí contaba con una garantía para asegurar la desmovilización del M-19: la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Como parte del acuerdo el gobierno le propuso al M-19 la oportunidad de participar en el proceso que buscaba cambiar la centenaria constitución para abrir espacios más democráticos a los demás movimientos políticos y sociales; siendo requisito una previa desmovilización (Pares, 2019).

La constituyente fue un factor verdaderamente importante, pues aparte de ser una garantía, sirvió como incentivo para animar a otros grupos armados a entablar diálogos de paz, ya que les atraía la idea de participar en la asamblea para reestructurar la institucionalidad del país; y al ver como el proceso estaba dando resultados con el M-19 se terminaron de convencer de que ya no era necesaria la lucha armada.

Algunas de las guerrillas que siguieron al M-19 en el proceso de paz fueron el grupo indigenista Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Del EPL surgió otra fuerza política: el Movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Por su parte, a los indígenas pertenecientes al MAQL se les prometió un subsidio mensual durante los primeros meses de la reincorporación a la vida civil, junto al compromiso del gobierno de invertir más recursos para las necesidades de los grupos indígenas (ibíd.).

Desafortunadamente este proceso presentó dificultades. En primer lugar, del EPL el 20% de los combatientes se reagrupó como un grupo disidente. En segundo lugar, los compromisos del gobierno con los indígenas se quedaron en discursos y promesas, pues los pueblos ancestrales siguieron siendo una población vulnerable en el país (ibíd.). Pero más allá de eso, los discursos y actos de paz se vieron opacados por los hechos de violencia que le siguieron, ya que los miembros de los movimientos creados para la participación política de las guerrillas estaban siendo asesinados.

Aunque la mayoría de la sociedad colombiana veía con buenos ojos la reintegración a la vida civil y política de los excombatientes, existía otro porcentaje que descreía y reprochaba de estos procesos. Estos personajes no dejaban de ver a los desmovilizados, junto a sus movimientos de izquierda, como colaboradores de las guerrillas aún en combate. He ahí el caso de la UP que, a pesar de estar integrada más por sindicalistas y académicos que por exguerrilleros, seguía siendo vista como el brazo político de las FARC-EP en su lucha armada (Escallón, 2010).

Del exterminio sistemático fueron autores, cómplices y ejecutores tanto actores legales como ilegales. En los actores ilegales se encontraban grupos paramilitares, que tenían una encarnizada lucha contra la guerrilla; también estaban narcotraficantes a los que las guerrillas extorsionaban y secuestraban para financiar su revolución. Del lado de la “legalidad” estuvieron involucrados funcionarios públicos y empresarios que, aparte de razones ideológicas, patrocinaron el exterminio por conveniencia política o económica (Ávila, 2019).

Por su puesto también participaron del genocidio las FFMM. Al estar adoctrinadas desde hace años bajo la consigna de la eliminación total del enemigo interno, se desató una desconformidad, sobre todo en algunos altos mandos, cuando del Estatuto de Seguridad de Turbay se pasó a discursos y procesos de paz y reincorporación de las guerrillas (Escallón, 2010). La fuerza pública participó algunas veces directamente, pero en otras se limitaba a facilitar las operaciones de los actores ilegales con los recursos e información que necesitaban. Ese fue el caso del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en el que los paramilitares tenían colaboradores que hacían inteligencia sobre sus blancos (Ávila, 2019).

Con todo esto ocurriendo, las FARC-EP solidificaron más la idea de que el “cambio social” por el que luchaban nunca llegaría mediante una negociación con el gobierno, sino con la derrota de este. Debido a la persecución y nula protección a los movimientos de izquierda, sobre todo la UP, en la Octava Conferencia de las FARC-EP (1993) se diseñó un nuevo plan para tomar el poder, que dio paso a una sanguinaria degradación del conflicto en Colombia debido a la nueva fiereza con la que operaría la guerrilla (Ávila, 2019). Por si fuera poco, fue en esta época que la comandancia de las FARC-EP quedó absueltamente en las manos de «Tirofijo», un guerrerista total que radicalizó a las FARC-EP convirtiéndolas en ese monstruo que recuerdan todos los colombianos (Escallón, 2010).

En estos procesos la búsqueda de una “paz perpetua” se estancó por la falta de disposición de los actores del conflicto, tanto legales como ilegales, para que las condiciones favorecieran los acuerdos en marcha. Como se mencionó, la mayor razón de esto fue la mentalidad heredada de las luchas bipartidistas que se combinó con las políticas e ideologías que emanaban de los dos bloques de la Guerra Fría, que removían la idea de “paz” por “pacificación forzada” y la de “diplomacia” por “destrucción total del enemigo”.

Por último, se debe mencionar que si bien fueron los grupos armados los mayores responsables de que fracasara el alcance de una paz perdurable, no hay que olvidar la responsabilidad indirecta del Estado en el surgimiento de dichos grupos, pues estos, en su mayoría, se originaron debido a abusos, arbitrariedades, permisividad, abandono o falta de soberanía por parte del Estado. Estas razones provocaron que ciertos individuos tomaran por su cuenta el uso legítimo de la violencia para saciar sus propias necesidades o ambiciones personales. Esto no ha sido exclusivamente del Conflicto Armado, pues precisamente estas características fueron las mismas durante el siglo XIX, las cuales también injirieron para el desarrollo de la concepción de “paz y violencia” durante las luchas partidistas.

 

Referencias

Ávila, A. [Ariel Ávila Analiza] (12 de enero de 2019). #ArielExplica - Las FARC [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=i5JkD8wJbbg

Ávila, A. [Ariel Ávila Analiza] (26 de abril de 2019). #ArielExplica - Las Fuerzas Militares de Colombia [Video]. Youtube. https://bit.ly/39oZJAx

Ávila, A. [Ariel Ávila Analiza] (6 de marzo de 2019). #ArielExplica - El paramilitarismo en Colombia [Video]. Youtube. https://bit.ly/2N1tPCz

Bushnell, D. (1994). Colombia una nación a pesar de sí mismo: De los tiempos precolombinos a nuestros días. 3ª. ed. Colombia: Planeta.

El Tiempo. (2 de abril de 1984). Betancur aprobó acuerdo de paz con las FARC.

Escallón, J. (Director). (2010). Tirofijo está muerto [Película]. Proyectos Semana; Imaguna us.

Pares. (4 de enero de 2019). Procesos de paz en Colombia. http://bit.ly/2XxwNkl

Uribe, M. (2004). Las palabras de la guerra. Estudios Políticos, número 25, 11-34.

 

[1] Estudiante de segundo semestre de Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana.

Construcción de paz local y territorial
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