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Jueves, 04 Febrero 2021 15:31

Colombia: oscilando entre la paz y la violencia de 1991 a 2016

Colombia: oscilando entre la paz y la violencia de 1991 a 2016 Photo by Desde Colombia con las comunidades campesinas en r on Foter.com / CC BY-NC-ND

Los procesos de paz en Colombia aprendieron unos de otros. En esos intentos por alcanzar una paz perdurable hicieron visibles las fallas que imposibilitaron tal fin: ideologías, ambiciones, alianzas entre legalidad e ilegalidad, e incluso la capacidad de actores para poner en jaque o infiltrarse en las instituciones.

Por: Luis Hernando Galvis Trujillo[1]

La búsqueda de la “paz perdurable” en Colombia continuó incluso después de que se desatara una ola de violencia tras algunos acuerdos ya realizados. Las negociaciones que vinieron luego también se propusieron acabar con el sufrimiento y terror que causaban los actores del conflicto. Sin embargo, el poder que estos grupos ilícitos tenían y la aun existente colaboración entre legalidad e ilegalidad obstaculizaban concretar una paz duradera y justa. Además, aparte de el regreso de la violencia después de las diplomacias de paz, aparecerá un nuevo factor que a tener en cuenta para futuros procesos: los derechos de las víctimas.

Uno de los periodos más negros de Colombia fue el llamado “narcoterrorismo”, perpetrado principalmente por el Cartel de Medellín y su líder Pablo Escobar. La violencia extrema que Escobar utilizó, era a su consideración, una herramienta efectiva para poner el poder estatal a sus pies. En efecto, el gobierno del presidente César Gaviria, preocupado por los ataques a la población y la infiltración de la mafia en las instituciones, estuvo dispuesto a dialogar con Escobar. El capo sabía que podría sacar ventaja de ello y lo hizo exigiendo eliminar la única medida jurídica que les preocupaba a los narcotraficantes: la extradición a Estados Unidos. Así, en 1991 aprovechando que se estaba realizando la Asamblea Nacional Constituyente, se declaró como inexequible en la nueva constitución la extradición de colombianos.

Sabiendo que no comparecería ante la justicia estadounidense, Escobar se entregó junto a sus lugartenientes, aunque como parte de sus exigencias, fueron recluidos en una cárcel diseñada por él mismo: la Catedral en Envigado. A este punto de la violencia del narcotráfico el gobierno estaba dispuesto a todo, incluso si ello implicaba aprisionar a Escobar en un hotel cinco estrellas, porque eso era la Catedral, una fachada de prisión por fuera, pero que en su interior albergaba lujos y comodidades que un reo convencional en sus sueños imaginaría tener (Medellín abraza su historia, 2019).

Tras el “encarcelamiento” de Escobar en Colombia se respiraba un aliento de alivio, pues parecía que la era de los “carrobombas” había acabado. La verdad es que el Estado prefería permitir los caprichos de Escobar en la Catedral que el regresar a esos escabrosos días de horror. Era una paz conseguida, una por la que la institucionalidad tuvo que ceder mucho su brazo, pero al menos, para el gobierno y la mayoría de la ciudadanía era eso, paz.

Equívocamente, Colombia pensó que la paz con el Cartel de Medellín era sinónimo de fin de sus actividades ilícitas. Permaneciendo en Colombia, con una sistema judicial y carcelario fácil de intimidar y de corromper, Escobar continuó manejando los hilos de su imperio criminal, e incluso ordenó asesinatos desde su cómoda celda sin ser detectado durante un tiempo por la Fuerza Pública (ibíd.).

El gobierno sabía perfectamente la razón de por qué los narcotraficantes temían a la extradición, pero al estar maniatado por la violencia y la infiltración de la mafia, se tomó como verdadera la intención de Escobar de entregarse y de ponerle fin a la confrontación. En 1992, una vez el presidente Gaviria y sus ministros confirmaron lo que sospechaban, enviaron una brigada del ejército para detener a Escobar; sin embargo, “a sorpresa de todos” escapó de la prisión diseñada por él mismo (ibíd.).

La tregua con el Cartel de Medellín quedó anulada, por lo que el gobierno, la fuerza pública y organismos de inteligencia nacional e internacional estipularon todo lo necesario para emprender una guerra total contra los “narcos”. Incluso, para lograr dar más rápido con el capo, algunos miembros de las instituciones públicas colaboraron con un grupo conformado por las estructuras criminales enemigas de este, que también querían darle caza: los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Así, debilitado con golpe tras golpe, ya entre la espada y la pared, Escobar fue finalmente abatido en 1993.  

El regreso de los ataques de los “narcos” hizo pensar a muchos que situaciones extremas como estas requerían medidas contundentes. Sabiendo que Escobar podía mantener una guerra sin cuartel contra el Estado, una quizás mucho más cruenta que la anterior a su entrega, miembros del gobierno y de las FFMM accedieron a trabajar junto a los Pepes, a pesar de que estos utilizaran la misma violencia desmedida que el capo. Por querer frenar el “narcoterrorismo”, se permitió e ignoró las operaciones de los Pepes, que eran básicamente asesinar a todo aquel relacionado con Escobar. Todos estos ataques definitivamente debilitaron al Cartel de Medellín, pero dejó a tela de juicio la legitimidad de las instituciones que, por buscar la paz, aceptaron ser cómplices de un escuadrón de la muerte que dejó tras de sí víctimas inocentes, cuyos crímenes siguen impunes hoy en día (ibíd.).

Con el desmantelamiento de las grandes mafias de la droga a finales de los 90, una de las facciones de los Pepes, los grupos paramilitares, empezaron a apoderarse del narcotráfico en las regiones bajo su control. La cocaína hizo que estos crecieran y se fortalecieran velozmente, permitiéndoles agruparse en una única estructura organizada: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de miles de crímenes de lesa humanidad. Las AUC harían parte de un tambaleante proceso que buscaba la paz y la sanación del país, pero que se vio envuelto en controversias y desaciertos judiciales.

A comienzos de los 2000, debido al apoyo estratégico de Estados Unidos al país mediante el llamado Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe, se consiguieron dar contundentes ofensivas contra las guerrillas, manteniéndolas fuera de los centros de poder, producción y de comercialización del país (Ávila, 2019). El aparente control que el Estado logró llevar al país hizo pensar a varios jefes de las AUC que la lucha de las Autodefensas ya no era necesaria, por lo que era tiempo de desmontarlas (Pares, 2019).

En 2003, las AUC y el gobierno firmaron el acuerdo de Santa Fe de Ralito para dar inicio a negociaciones. Este proceso no se orientaba a dar una participación política a las AUC ni a cambiar políticas estatales, como sucedió en procesos anteriores con las guerrillas, sino que estaba dirigido a la desmovilización y sometimiento a la justicia de los paramilitares para evitar que sus crímenes quedaran en la impunidad (Pares, 2018). Este acuerdo fue respaldado con la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), que fue promulgada para generar procesos de reparación, reconciliación, verdad y garantías de no repetición que favorecieran a las víctimas.

Sin embargo, en el proceso de desmonte de las AUC ocurrieron fallas que no lograron un total cese de la violencia ni una sanación de las víctimas; generando que sobre este acuerdo cayeran críticas que cuestionaron su efectividad. Primero, la parapolítica. Los comandantes “paras” para garantizar un proceso blando a su favor y zafarse de la extradición por narcotráfico pactaron con políticos para que intercedieran por sus intereses y propiedades desde el Congreso de la República, a cambio los “paras” les garantizarían el triunfo electoral en los territorios bajo su control durante las elecciones legislativas de 2002 y 2006 (Gutiérrez, 2019).

Segundo, reincidencia. Varios paramilitares no se sometieron a la justicia y se rearmaron para retomar el control de los territorios de tráfico abandonados por sus compañeros al entregarse. Estos grupos, que siguen operado hoy en día, son conocidos como Grupos Armados Organizados (GAO) y son responsables de la violencia y ataques a la población que se han venido dando en los últimos años.

Tercero, laxitud y poca verdad. Como medida punitiva por sus crímenes los excombatientes recibieron penas de entre 5 y 8 años con la obligación de revelar la verdad de lo ocurrido en el conflicto ante un tribunal de Justicia y Paz, y de entregar sus bienes para la reparación de las víctimas. Lo delicado es que la ley permitió que los implicados accedieran a los beneficios jurídicos con simples declaraciones de versiones libres. Aún más grave, no contó con mecanismos que contrastaran las versiones de los procesados para asegurar que estuvieran confesando la verdad (Pares, 2018). Además, ha habido tardanza en los procesos judiciales, pues muchos siguen esperando todavía una sentencia. A esto hay que agregar que no se ha dado plenamente la reparación a víctimas, pues la ley tampoco contaba con mecanismos que consolidara la entrega total de los activos de las AUC (ibíd.).

No hay que olvidar que los exjefes paramilitares, los mayores conocedores de los hechos y de quienes fueron los auspiciadores de las AUC, terminaron por ser extraditados a Estados Unidos en 2008 por el gobierno Uribe tras salir a la luz la parapolítica (Gutiérrez, 2019). Esta movida se realizó para calmar la indignación causada por este y otros escándalos que se destaparon, y para demostrar que el proceso tenía una constitución legítima. Desgraciadamente, entregar los exjefes “paras” a la justicia norteamericana condenó a las víctimas a aguardar casi 12 años, tiempo al que fueron condenados en Estados Unidos, para poder terminar de averiguar la verdad que se llevaron consigo.

Hay que aceptar que este proceso fue algo histórico en Colombia, pues fue el primer acuerdo en adoptar las obligaciones exigidas por la Corte Penal Internacional para los procesos de justicia transicional (Pares, 2018). No obstante, al ser la primera vez que Colombia ejecutaba tal procedimiento, no se poseía la experiencia ni las herramientas necesarias para establecer mecanismos de justicia transicional efectivos; impidiendo un esclarecimiento de los hechos, la total reparación de las víctimas, evitar la reinserción, la no repetición de los crímenes, y por ende una paz una paz perdurable.

Finalmente, el último acuerdo de paz en Colombia hasta ahora, ha sido el acuerdo de la Habana con las FARC-EP en 2016. Tras más de 60 años de lucha armada, las FARC-EP se sentaron seriamente a dialogar con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en 2012. Luego de cuatro años de negociación, y una modificación de los acuerdos después del rechazo popular de estos mediante un plebiscito, las FARC-EP dejaron de existir como guerrilla.

Con una mayor perspectiva, el apoyo y observación de la comunidad internacional, y aprendiendo de los aciertos y desaciertos de Justicia y Paz, este segundo proceso de justicia transicional en el país, se ha planificado para conseguir una aceptable satisfacción de los derechos de las víctimas (ibíd.). Esto lo ha logrado gracias a la creación de mecanismos, independientes del gobierno y de la justicia ordinaria, encargados de investigar, juzgar, condenar, indemnizar y hacer seguimiento a los deberes de los firmantes; estos son la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

En cuanto a los excombatientes, ellos aceptaron someterse a la justicia transicional para confesar y aclarar lo sucedido en el conflicto, entregar su patrimonio ilícito, responder a procesos penales de acuerdo al crimen cometido, pedir perdón a las víctimas y hacer parte de proyectos y trabajos sociales que busquen sanar y ayudar a las regiones e individuos golpeados por la guerra. Aparte de penas alternativas, el acuerdo propuso incentivos y beneficios para su colaboración en el proceso; como la participación política en 10 curules del Congreso mediante el partido creado por los excombatientes: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Si bien el proceso de paz se consolidó, entró en tropiezos con la salida del gobierno Santos y la posesión del presidente Iván Duque en 2018. La llegada del partido opositor a los acuerdos con las FARC-EP ha demorado el pleno desenvolvimiento de estos, principalmente debido disminuciones de inversión y presupuesto para los proyectos de paz (Soto, 2020), o incluso iniciativas para desmoronar instancias como la JEP (El Espectador, 2020). En temas de seguridad, FARC resalta que las medidas de protección de los desmovilizados tampoco han sido suficientes, pues hasta la fecha van más de 249 excombatientes asesinados (El Tiempo, 2020).

No obstante, a FARC también se le señala de no cumplir su parte de los acuerdos, específicamente, lo estipulado en reconocimiento de crímenes y entrega total de activos ilegales y armas (Semana, 2020). Además, preocupa que hayan surgido disidencias desde la desmovilización de la ex guerrilla que han ocupado las zonas abandonadas por esta. Incluso, han surgido disputas dentro del propio partido FARC, que escalaron hasta el punto de que dos de los desmovilizados que poseían una curul en el Congreso se unieran a los desertores del proceso.

Este panorama inquieta, pero con los mecanismos creados, capacitados para responder a crisis, lo más seguro es que estas dificultades hallen solución. El verdadero reto del acuerdo con FARC, que es el mayor reto en cualquier proceso, es el tema de la reintegración. Ambas partes podrán cumplir todo lo estipulado en el acuerdo, pero no podrán obligar a la ciudadanía a perdonar y convivir con quienes fueron sus victimarios.

Por un lado, están quienes aceptaron dejar a un lado el dolor y hacer a los excombatientes parte de su cotidianidad, mientras que otros optan por permanecer al margen de esto; por supuesto, no hay que culparlos, las heridas del conflicto fueron tan profundas, que dejaron cicatrices permanentes en ellos. Por eso, FARC tendrá que aceptar durante mucho tiempo a estar condenada a la marginación social y política por una considerable parte de los colombianos.

Los procesos de paz en Colombia aprendieron unos de otros. En esos intentos por alcanzar una paz perdurable hicieron visibles las fallas que imposibilitaron tal fin: ideologías, ambiciones, alianzas entre legalidad e ilegalidad, e incluso la capacidad de actores para poner en jaque o infiltrarse en las instituciones. Sin duda, quizás la razón más importante por la que estos procesos no hayan logrado, incluso hoy en día, consolidar una paz perdurable ha sido porque no tenían planes o no han concluido los procesos de sanación de víctimas, causándoles decepción, angustia e incluso rencor al sentir que lo que se estipuló en un documento no les beneficia porque no han sentido el fin de la violencia ni mejoras en sus condiciones. Con la estipulación de las condiciones de justicia transicional, la relevancia de las víctimas pasó a ser el centro de los procesos de paz y una de las condiciones primordiales para garantizar una paz justa, eficiente y perdurable.


Referencias

Ávila, A. [Ariel Ávila Analiza] (26 de abril de 2019). #ArielExplica - Las Fuerzas Militares de Colombia [Video]. Youtube. https://bit.ly/39oZJAx

El Espectador. (15 de octubre de 2020). Uribismo radica proyecto para derogar la JEP. http://bit.ly/3oGAIar

El Tiempo. (28 de diciembre de 2020). El 2020 cierra con 249 excombatientes asesinados, según Farc. http://bit.ly/39v57lo

Gutiérrez, E. [El Espectador] (5 de agosto de 2019). Alianzas peligrosas de los candidatos en Colombia: el pacto de Ralito Hagamos memoria El Espectador [Video]. Youtube. https://bit.ly/39rFkuz

Medellín abraza su historia. (2019). Historia. https://bit.ly/35yFKxW

Pares. (23 de noviembre de 2018). JEP vs. Justicia y Paz. http://bit.ly/3icxpFl

Pares. (4 de enero de 2019). Procesos de paz en Colombia. http://bit.ly/2XxwNkl

Semana. (18 de mayo de 2020). El inventario de incumplimientos de las FARC al acuerdo de paz. http://bit.ly/3sl7D6x

Soto, L. (7 de septiembre de 2020). La implementación de la paz, cada vez más desfinanciada. La Silla Vacía. http://bit.ly/2XCM03E

 

[1] Estudiante de segundo semestre de Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana.

Construcción de paz local y territorial
analecta

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