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Viernes, 21 Agosto 2020 12:53

"Policy brief": Crimen organizado y reclutamiento de menores

"Policy brief": Crimen organizado y reclutamiento de menores Photo by Medellín Ciudad Inteligente on Foter.com / CC BY-NC-SA

"El reclutamiento de menores por parte del crimen organizado es un flagelo que debe ser atacado en tanto que arroja dos principales problemas: por una parte evidencia el incumplimiento de valores superiores como el bien mayor del menor, y por la otra no permite que la fuerza pública y el sistema judicial llegue hasta las últimas consecuencias y reconozca los orígenes de la comisión de diferentes delitos relativos al crimen organizado."

Por: Ferney Antonio Guzmán Holguín [1]

A finales de marzo del año pasado la sociedad colombiana se estremeció con un hecho violento. Un hombre fue asesinado a tiros a tan solo una cuadra de una de las concurridas estaciones del metro de Medellín. A pesar de no ser un hecho extraordinario en la ciudad, lo que más llamó la atención de la noticia en el diario El Tiempo (2019) fue que quien cometiera el homicidio sicarial era un adolescente de tan solo 14 años, el cuál según las autoridades ya contaba con alrededor de diez homicidios más.

La anterior es solo una muestra de cómo el crimen organizado en la ciudad ha instrumentalizado y corrompido los menores para que hagan parte y cumplan funciones específicas dentro de las organizaciones. Podemos leer claramente cómo el Periódico Digital de la Universidad Nacional de Colombia (2019) estableció que durante el 2018 el reclutamiento de menores reportaba más de 4000 casos en Medellín. Más aún, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes arrojó que en el mismo año alrededor de 1.100 menores fueron individualizados por tráfico de estupefacientes –principal fuente de recursos económicos del crimen organizado-, mientras que aproximadamente 300 lo fueron por hurto; lastimosamente las fatales cifras establecieron que más de 36 menores perdieron la vida de forma violenta.

Influenciabilidad e inimputabilidad de los menores

Los menores son atractivos para el crimen organizado, además de su alta influenciabilidad, en la medida que entre menos edad poseen, menos imputables son por los delitos que puedan cometer; las tareas de los menores en el crimen organizado se desenvuelven en el sicariato, el robo, el expendio de drogas, el porte ilegal de armas, la vigilancia de las plazas de vicio, entre otros delitos. Todo ello constituye un gran desafío en la medida que afecta a población sensible y especialmente protegida, a la vez que se constituye como una formación en el crimen que corrompe la base de la sociedad, sumado a que no permite que en muchos de dichos delitos cometidos haya castigos que lleguen hasta los actores intelectuales, hasta los líderes de las bandas criminales.

El reclutamiento de menores por parte del crimen organizado es un flagelo que debe ser atacado en tanto que arroja dos principales problemas: por una parte evidencia el incumplimiento de valores superiores como el bien mayor del menor, y por la otra no permite que la fuerza pública y el sistema judicial llegue hasta las últimas consecuencias y reconozca los orígenes de la comisión de diferentes delitos relativos al crimen organizado. Es un desafío que debe atacarse con el propósito de desincentivar la cultura de la ilegalidad aprendida a temprana edad y de paso disminuir la impunidad en torno a los corruptores de menores.

¿Qué se ha hecho contra la corrupción de menores?

Ante tal amenaza a la seguridad de los menores Colombia ha respondido con prescripciones legales orientadas a la solución de conflictos respetando los Derechos Humanos en aras de la Paz –en contraposición a la violencia-, del bienestar y de la salud de los menores en riesgo de reclutamiento. De hecho, Colombia cuenta con un marco legal para la sana convivencia, en el artículo 22 de la Constitución de 1991 y su búsqueda de la paz, los Fines de la Educación (1994) con su apuesta por el respeto de la vida, la diversidad y los derechos humanos, refuerzan un conjunto de disposiciones legales, evidenciables por su parte en la Ley General de Educación (Ley 715 de 1994) y su fomento de la solución de conflictos y problemas dentro de la comunidad educativa.

A su vez, el código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece que lo anterior debe garantizarse a los infantes y adolescentes protegiéndolos con una corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado. Dicha protección es palpable en la Ley de Inclusión (1618 de 2013) y en la Ley de Salud Mental (1616 de 2013); en ambas el bienestar y la salud mental son preponderantes para los diferentes contextos en los cuales se desenvuelven los menores.

Hasta estos días, entidades como el ICBF, la fiscalía, la policía y la Defensoría del Pueblo han centrado sus programas en la resocialización de los menores que han caído en las garras de dichas organizaciones criminales. Gracias al Código de Infancia y Adolescencia las faltas cometidas por menores tienen un tratamiento especial toda vez que su “castigo” pedagógico debe ser restaurativo de los derechos del menor. Como puede apreciarse, el enfoque de los programas que luchan contra el reclutamiento de menores solo empieza a ser operante cuándo el menor ya ha cometido delitos y es evidente que cuenta con un adiestramiento por parte de las organizaciones criminales, es decir, realmente no existe una prevención de este flagelo, sino que se le ataca cuándo ya está manifiesto.

Recomendaciones para prevenir el reclutamiento

Pero ¿cómo podrían los organismos estatales y todo el sistema político prevenir realmente la corrupción de menores? Para responder a dicha cuestión deben analizarse dos variables. Por una parte deben tenerse en cuenta cómo, de qué forma, cuáles son los mecanismos del crimen organizado para reclutar menores, sumado a que por otra parte deben identificarse los factores de riesgo que vuelven a los menores altamente vulnerables y proclives a la instrumentalización de menores con fines delictivos por parte de dichos grupos.

Según la Defensoría del Pueblo (2014), el crimen organizado se vale de la violencia, la amenaza a los núcleos familiares del menor, la seducción con promesas de altos ingresos e inclusive la pertenencia a falsos grupos juveniles sumado al obsequio de regalos costosos, seducción llevada a cabo por otros menores que, ya para el momento de atraer nuevos integrantes, han sufrido la vulneración de múltiples derechos y que se han hecho consumidores que incitan a otros a consumir y ser parte de la organización. Al respecto, la misma entidad aduce que en muchas ocasiones las familias no se enteran que los menores son correos humanos de estupefacientes o vigías de las plazas de vicio que se encuentran en su mismo barrio.

En cuanto a los factores de riesgo, la misma Defensoría del Pueblo identifica riesgos de tipo personal, familiar, social, estatal y conexos al conflicto armado. De ellos podemos colegir que el abandono familiar y la cultura de la ilegalidad refuerzan ideas y propósitos de vida para los menores que giran en torno a la riqueza a toda costa y de formas prontas y expeditas que otorguen poder y reconocimiento. Precisamente la familia posee un papel determinante toda vez que la violencia sexual e intrafamiliar normalizan prácticas que en unos casos puede estar siendo ocasionada por un miembro familiar que ya pertenece a algún grupo de crimen organizado.

Menores sin combos, menores con hogar

Río de Janeiro es otra ciudad con problemáticas similares a causa del crimen organizado. Lessing (2011) señala que lo llamativo allí fue que desde el año 2007 las autoridades priorizaron la disminución de la violencia sobre la eliminación del narcotráfico como tal. Es decir, el gobierno de la ciudad de Rio concentró el uso de la fuerza pública para pacificar las zonas más violentas de la ciudad. Esta política incentivó a las bandas criminales a disminuir la violencia, sin que el gobierno tuviese que negociar directamente con ellos.

A propósito de Medellín hemos podido contrastar cómo se dio la disminución notable de la violencia a causa de la paz del fusil entre 2013 y 2015, con el recrudecimiento posterior de la violencia cuándo la anterior administración municipal de Medellín implementó un política de mano dura contra el crimen organizado (Gómez Jiménez, 2020). Aquí yace la solidez de la propuesta, si se pudieron negociar enfrentamientos, muertes y de paso evitar desapariciones, vendetas y torturas, entonces también se puede negociar que en el crimen organizado de Medellín y sus llamados combos no haya menores de edad.

En concordancia con lo anterior, desde una política anti-narcotráfico más inteligente, según Lessing (2011), pueden darse cambios de prioridades en las políticas públicas que ayuden a desvincular problemáticas conexas pero no inherentes al narcotráfico. De este modo, para que no haya combos disponibles para los menores deben crearse incentivos a estas agrupaciones para que por sí mismos no permitan el ingreso de menores a sus filas, y/o para que permitan la desvinculación de los mismos. Promover reduccciones de penas para aquellos cabecillas que al ser capturados provean información sensible que permita rescatar menores o identificar a las familias a las cuales pertenecen para activar rutas de búsqueda dado que muchas veces ni las mismas familias están enteradas de las actividades delictivas de los menores. Otro mecanismo puede ser priorizar la represión sobre aquellas agrupaciones que tienen una reputación de utilizar más a menores que otros grupos.

De todos modos, cabe destacar que no es suficiente con que el crimen organizado no permita menores en sus filas. Es necesaria la construcción de organismos comunitarios en articulación con parte de entidades estatales como el ICBF, la Defensoría del Pueblo y las Instituciones Educativas en un trabajo mancomunado con las Juntas de Acción Comunal para que estas últimas operen como puentes de comunicación entre los combos y la Defensoría del Pueblo. Luego de identificar y recibir los menores entregados por los combos a las entidades y programas públicos, será la escuela con su programa Entorno Protector quien cuente con una línea especial para el cuidado de aquellos menores que pertenecen a familias de probadas relaciones con el crimen organizado. Si la familia no es el primer entorno protector contra el reclutamiento, por defecto debe hacerlo la escuela.

Con un trabajo entre la escuela y la familia es imperativo y funcional desnormalizar las prácticas en las cuáles los menores son usados para responder económicamente por sus familias. En este caso, la Defensoría del Pueblo de la mano de la escuela deben fortalecer los procesos formativos en torno a la construcción de proyectos de vida que ayuden a las familias y al menor a trazar nuevos campos de acción y horizontes que no pierdan de vista al menor como sujeto de tutela y no como agente micro-económico.

Es claro que para que el menor no trabaje y que por supuesto no haga parte de la empresa criminal, es necesario que tenga las necesidades básicas satisfechas. Por ello las familias de aquellos menores deben contar con programas de empleo para los adultos que se comprometan con satisfacer de forma integral el desarrollo del menor, y si dado el caso el adulto o familiar que ha inducido al crimen al menor, se compromete a someterse a un proceso de resocialización familiar en la legalidad, entonces para aquellos menores y su adultos responsables deben brindarse opciones formativas y de empleo.

Por consiguiente, se hace necesario que aquellas familias de menores en alto riesgo identificados por los líderes comunales y de los menores entregados por los combos deben contar con beneficios y exenciones en cuanto al pago de servicios públicos domiciliarios. De hecho en casos con previo estudio justificatorio, el menor y su familia deben ser reubicados en otro sitio de vivienda que permita un acompañamiento más constante por parte de las entidades estatales y al mismo tiempo dificulte la recaída del menor en manos de otros grupos criminales a causa de una previa desintegración familiar y por lo tanto de su abandono, tomar esta medida brindaría mayor solidez al núcleo familiar y mayor estabilidad socio-afectiva al menor en su proceso de resocialización      

Referencias

Constitución Política de Colombia de 1991.

Gómez Jiménez, A. F. (2020). “Violencia e impunidad: resultados de la ‘mano dura’ en Medellín”. Centro de Estudios de Política y Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Pontificia. https://cepri.upb.edu.co/index.php/lineas-de-investigacion/gobierno-territorio-y-seguridad/violencia-e-impunidad-resultados-de-la-mano-dura-en-medellin

L. 715. Febrero 8, 1994. D.O.

L. 1,098. Noviembre 8, 2006. D.O.

L 1,616. Enero 21, 2013. D.O.

L. 1,618. Febero 27, 2013. D.O.

L. 1,732. Septiembre 1, 2014. D.O.

Defensoría del Pueblo Colombia. (2014). Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Informe defensorial. https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/informedefensorialreclutamiento.pdf

Lessing, B. (2011). “Tres mitos sobre la guerra contra el narcotráfico”. Perspectivas Sobre Desarrollo. 9(1), 74-104.

El Tiempo. (1 de abril de 2019). El niño sicario capturado en Medellín, sindicado de 12 homicidios. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/nino-sicario-en-medellin-es-sindicado-de-12-homicidios-343922

UN Periódico Digital. (13 de septiembre de 2019). Reclutamiento de menores, un delito que aumenta en Medellín. https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/reclutamiento-de-menores-un-delito-que-aumenta-en-medellin/

 

[1] Licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Candidato a Máster en Estudios Políticos, UPB, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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