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Sábado, 20 Marzo 2021 17:29

El proceso de negociación del estado colombiano con las AUC: ¿una verdadera transición política?

El proceso de negociación del estado colombiano con las AUC: ¿una verdadera transición política? Photo by Silvia Andrea Moreno (© AP/Ricardo Mazalan) on Flickr.com / CC BY-ND 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/)

Dicho grupo no tenía una finalidad política, sus miembros que han sido desmovilizados y reincorporados no pretenden hacer política por vía democrática, su naturaleza era netamente delictiva, ¿estamos en presencia entonces de una verdadera transición?

Por: Alejandro Gómez Restrepo[1] y María José Ovalle Román[2].

Una de las muchas consecuencias del conflicto interno armado colombiano con las guerrillas de izquierda fue el surgimiento de distintos movimientos ilegales de extrema derecha; estos, buscaban la defensa del statu quo del Estado colombiano. Para ello, se debía eliminar a como diera lugar cualquier amenaza de izquierda en el país. Uno de estos grupos se denominó Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual, fue un grupo de naturaleza paramilitar cuya actividad ilícita impactó y sigue impactando a la sociedad colombiana, especialmente con la acuñación del término parapolítica dentro de las ramas del poder público, el cual, enuncia vínculos cercanos entre políticos y miembros del grupo paramilitar.  

Durante el año 2002, bajo el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se comenzó el proceso de negociación entre este grupo ilegal paramilitar y el gobierno colombiano. Este concluyó con la Ley 975 de 2005 con el título de Ley de Justicia y Paz, la cual dio paso al proceso de reintegración a la vida civil de sus miembros. Aunque no se puede decir que las AUC tenían una finalidad política, ya que su razón de ser no era modificar el orden constitucional, el gobierno optó por un proceso de negociación cuyo eje central fue la adopción de una justicia transicional y la concesión de amnistías. De aquí que se hayan presentado fuertes cuestionamientos sobre la naturaleza de la negociación, pues, por sus motivaciones de guerra, este grupo paramilitar no constituía un verdadero enemigo político para el Estado colombiano, por ende, estrictamente hablando no se debía llevar a cabo una negociación de paz y, aunque se hiciera, no se debería concebir como una transición política del grupo armado, toda vez que no representaban una contradicción ante la institucionalidad estatal.

Los anteriores cuestionamientos se deben a la naturaleza de las amnistías, las cuales, se entienden como aquellos beneficios otorgados en los procesos de negociación a quienes cometen delitos políticos. Este beneficio consiste en la eliminación de la responsabilidad penal, es decir, a quien se le concede una amnistía no se verá enmarcado en un proceso penal en razón a las conductas cometidas en el marco del conflicto. Su importancia en el ámbito del derecho aplicable a conflictos armados se remonta a su aparición el artículo 6 del Protocolo Facultativo II de 1977 a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 donde se señala que: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades del poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto”. La Corte Constitucional ha definido técnicamente la amnistía como “el olvido de la comisión del delito político y técnicamente la extinción de la acción penal respectiva, y tiene carácter general o abstracto” (cita Sentencia C-928-05).

De esta forma, resulta evidente que la amnistía está vinculada a la noción de delito político y este último ha sido también definido por la Corte Constitucional colombiana la cual lo ha caracterizado como aquella conducta punible que se comete “por móviles políticos, sociales o de interés colectivo dirigidos a la conquista y detentación del poder, tendientes a cambiar el orden político, así como aquellos actos en contra de la organización y funcionamiento del Estado” (cita Sentencia C-928-05). Al observarse el origen, naturaleza y ámbito de operaciones de los grupos paramilitares en Colombia, se encuentra que estos no realizaban conductas punibles que puedan enmarcarse dentro de la noción de delito político al no tener como propósito afectar la “organización y funcionamiento del Estado”; de allí que, lógicamente, no sea aplicable jurídicamente la noción de delito político a sus conductas y, en consecuencia, no sea tampoco aplicable la concesión de amnistías. 

A fin de comprender el fenómeno de las AUC, resulta imperativo establecer –de una manera muy breve– su origen, el cual, según lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se remonta a la década de los setenta, poco tiempo después de que el gobierno de Colombia declara estado de sitio al verse reducido por los grupos armados ilegales de izquierda en el país. Ante la cruda realidad de no tener el monopolio de los medios coercitivos dentro de su territorio, el Estado colombiano creó el Decreto Legislativo 3398 “por el cual se organiza la defensa nacional” dándole un fundamento legal a la creación de grupos de autodefensa; esperando de esta manera que los ciudadanos pudieran defender su integridad ante la incapacidad del mismo Estado de hacerlo (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Masacre de Mapiripán vs. Colombia, 2005).

Todo esto brindó un fuerte fundamento legal a la creación de grupos de autodefensa. Es por esta razón que la Corte Interamericana ha declarado como responsable del fenómeno paramilitar al Estado colombiano[3]. Estos grupos de autodefensa con el paso del tiempo se unirían y tomarían el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dándole vida así a uno de los grupos más sangrientos y peligrosos del país, en donde actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión, el narcotráfico y muchas más fueron protagonistas. Para el 15 de julio del año 2003 –luego de múltiples sesiones de negociación– en el municipio de Tierra Alta (departamento de Córdoba), los miembros de la delegación exploratoria del gobierno nacional y los miembros de la delegación del grupo paramilitar suscribieron el acuerdo “Santa Fe de Ralito”, por medio del cual se acordaba iniciar oficialmente la etapa de negociación declarando como propósito principal “el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado” (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, s.f).

La oficina del Alto Comisionado para la Paz afirma que uno de los resultados que dejó la presidencia de Uribe Vélez fue la desmovilización de 31.671 combatientes. Después de treinta y ocho (38) actos de desmovilización, los jefes paramilitares fueron encarcelados en un centro especial en el municipio de La Ceja, Antioquia, posteriormente siendo transferidos a la cárcel de Itagüí (ibid.). Durante los años en los que el proceso de desmovilización masiva de las AUC tomaba lugar, se aprobó la ya anteriormente mencionada Ley de Justicia y Paz cuyo principal objetivo era “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley” (ibid.).

Lastimosamente, de los más de treinta mil desmovilizados, aproximadamente dos mil se postularon para aquella representando un porcentaje mínimo del total de desmovilizados. Para el año 2011, solamente tres paramilitares habían sido sentenciados por esta ley. Por otro lado, se creó la Comisión Nacional para la Reparación y Reconciliación, el Fondo para la Reparación de Víctimas y las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes, como herramientas para la transición hacia la vida civil de los excombatientes, no solo paramilitar sino de cualquier grupo armado al margen de la ley (ibid.).

Debido a que el proceso de desmovilización con las AUC fue el primer proceso de desmovilización masivo en el país, el gobierno vio la necesidad de crear un programa de reintegración sostenible a largo plazo. De allí surge en el 2006 la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (Agencia Colombiana para la Reintegración, s.f). También se anota que al proceso de reintegración pueden acceder solamente las personas acreditadas como desmovilizadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se desmovilizaron solamente después del 24 de enero del 2003.

Es importante resaltar, tal y como ya se señaló previamente y como lo confirma el Centro de Memoria Histórica, que las AUC no configuraron en teoría un levantamiento frente al Estado colombiano; sino que, más bien, hizo parte de agrupaciones armadas de surgimiento dentro del marco de lo legal para más tarde, por sus acciones narcoterroristas, ser ilegalizadas; la desmovilización paramilitar no se le puede definir propiamente como un tratado de paz puesto que en teoría no existían acciones bélicas entre el Estado y este grupo (2015). En este sentido, la pregunta por la transición política resulta pertinente y relevante, toda vez que la esencia de un proceso de negociación, la adopción de una justicia transicional y la adopción de mecanismos para la reincorporación a la vida civil tienen la finalidad precisamente de permitir dicha transición política: que quienes delinquían en contra del Estado para derrocarlo transiten a la vía democrática para alcanzar sus finalidades políticas.

No obstante, este proceso de justicia transicional y la consecuente transición política se probó altamente ineficaz, comprobándolo así los resurgimientos de distintos bloques paramilitares en Colombia como el Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Rastrojos, entre otros, posterior al mal llamado proceso de paz. En el año 2010, Human Rights Watch alertó la aparición de nuevos grupos paramilitares en el país, calificando de una “fallida desmovilización” (Lozano, 2010). Las cifras actuales de presencia paramilitar en el país son alarmantes, un informe del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (INDEPAZ) indicó que, para el primer semestre del año inmediatamente anterior, estos grupos tenían actividad en 274 municipios de 28 departamentos –contando Colombia con 32 departamentos en total– (Colombia Plural, 2018). Este mismo estudio ubica al Clan del Golfo como el grupo con mayor presencia en Colombia estando en 22 departamentos y 211 municipios (Colombia Plural, 2018). Esta alta presencia paramilitar en el territorio configura un gran desafío para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC-EP, poniendo en juego el ya bajo nivel de institucionalización del Estado colombiano. En Colombia también ha estallado el fenómeno de la parapolítica, el cual vinculó a diferentes congresistas y otros altos miembros del gobierno con diferentes grupos paramilitares (Gutierrez, 2007).

Tal y como se ha reiterado, dicho grupo no tenía una finalidad política, sus miembros que han sido desmovilizados y reincorporados no pretenden hacer política por vía democrática, su naturaleza era netamente delictiva, ¿estamos en presencia entonces de una verdadera transición? Ante estos hechos denunciados como criminalidad y parapolítica queda la gran duda sobre la transición a la vida civil de los exmiembros de este grupo armado. Partimos del hecho de que este grupo no constituía un verdadero enemigo político, no se orientaban bajo un fin político, y fue creación misma del Estado; empero, fueron acreedores de amnistías y un proceso de justicia transicional que les permitió adquirir penas más bajas a las del proceso penal ordinario en aras de la construcción de paz y democracia: un sin número de beneficios que buscaban como fin último la paz. A pesar de lo anterior, los antiguos miembros de las AUC han participado en política, pero no a través de la vía democrática como se espera de una negociación, sino a través de la corrupción. Es claro que no se dio una verdadera transición ya que finalmente  los esfuerzos de paz se tradujeron en la concesión de beneficios legales que permitieron a estas personas seguir delinquiendo bajo un manto de legalidad.

La pregunta por la transición política debe suscitar reflexión a nivel social e institucional. La justicia transicional implementada, la ruta de reintegración instalada, y los demás mecanismos jurídicos consagrados producto de este proceso de negociación, han fracasado. Es evidente el resurgimiento y fortalecimiento del fenómeno paramilitar en Colombia y su influencia en la política es innegable. Este conflicto representa un gran desafío para el gobierno colombiano y su institucionalidad en el escenario de post-acuerdo en el que se encuentra, toda vez que la presencia de estos movimientos paramilitares dificulta la edificación de la memoria histórica y constituye un enorme obstáculo para la construcción de paz, especialmente la territorial.

 

Referencias

Agencia Colombiana para la Reintegración. (s.f). ¿Qué es la Reintegración? Recuperado de:  http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/quees.asp.

Agencia Colombiana para la Reintegración. (s.f). Reseña Histórica. Recuperado de: http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx.

Centro de Memoria Histórica. (2015). Desmovilización y Reitegración y Paramilitar, Panorama Posacuerdo Con las AUC. Recuperado de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/desmovilizacionDesarmeReintegracion/desmovilizacion-y-reintegracion-paramilitar.pdf.

Colombia Plural. (2018). Paramilitarismo 2.0: el terror goza de buena salud. Recuperado de: https://colombiaplural.com/paramilitarismo-2-0-el-terror-goza-de-buena-salud/

Corte Constitucional de la República de Colombia (6 de septiembre de 2005). Sentencia C-928/05 [MP Manuel José Cepeda Espinosa]

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (15 de septiembre de 2005). Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. San José, Costa Rica.

Gutiérrez,  Élber. (2007). Guía práctica para entender el escandalo de la para política. Recuperado de: https://www.semana.com/on-line/articulo/guia-practica-para-entender-escandalo-para-politica/84455-3.     

Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (s.f). Proceso de Paz con las Autodefensas Unidas de Colombias- AUC. Recuperado de: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/04/Proceso_de_paz_con_las_Autodefensas.pdf.

Lozano, Pilar. (2007). Human Rights Watch alerta del resurgimiento paramilitar en Colombia. Recuperado de:  https://elpais.com/internacional/2010/02/03/actualidad/1265151610_850215.html.

Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977

 

[1] Abogado y politólogo por la Universidad Pontificia Bolivariana. Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la Universidad de Antioquia. Abogado, docente e investigador del Programa de Protección Internacional de la Universidad de Antioquia.

[2] Politóloga por la Universidad Pontificia Bolivariana. Investigadora del Programa de Protección Internacional de la Universidad de Antioquia.

[3] Ello se observa en múltiples sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas el paradigmático caso Masacre de Mapiripán contra Colombia.

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