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Martes, 22 Diciembre 2020 16:21

La importancia estratégica del Catatumbo para el conflicto y para el posacuerdo

La importancia estratégica del Catatumbo para el conflicto y para el posacuerdo Photo by Desde Colombia con las comunidades campesinas en r on Foter.com / CC BY-NC-ND

Si bien los actores armados en el Catatumbo han cambiado a lo largo de las décadas, la violencia no se ha detenido. Sus recursos y su posición geoestratégica la convierten en un objetivo de alto valor para la criminalidad, pero también un espacio por llenar para la institucionalidad.

Por: Felipe Úsuga Pérez[1]

El Catatumbo lleva décadas siendo una región dominada por los grupos armados ilegales, y alejada de la institucionalidad estatal de Colombia. Diversos actores nacionales y extranjeros han hecho presencia y se han enfrentado por el control de la región, en una serie de conflictos que mutan y evolucionan, pero no se detienen.

Geográficamente, el Catatumbo es una región selvática que va desde la cordillera oriental de Colombia hasta las postrimerías del lago de Maracaibo en Venezuela. Como explica el Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), la subregión está compuesta por los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, albergando también los resguardos Motilón–Barí y Catalaura. Está atravesada por el río Catatumbo, desde su nacimiento en las montañas de Ábrego hasta su desembocadura en el lago de Maracaibo.

A pesar de sus enormes riquezas naturales y de la biodiversidad que alberga, es una región que se ha visto golpeada durante décadas por el azote de la violencia, cambiante según las dinámicas del conflicto armado colombiano. Como recoge Eduardo Pizarro Leongómez (2017), desde el nacimiento de las guerrillas, facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) ocuparon el Catatumbo. Con el nacimiento, expansión y ofensiva paramilitar se sumó un nuevo actor que hizo más complejo el enfrentamiento armado en la región. Luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) permanecieron algunas disidencias, entonces llamadas Bacrim o neoparamilitares, y hoy denominadas Grupos Armados Organizados (GAO), como Los Rastrojos –disidencia del Clan del Golfo– o Los Pelusos –una disidencia del EPL que no se desmovilizó a principios de los noventa–. Luego de las negociaciones de paz en La Habana, quedaron algunas disidencias del frente 33 de las FARC, hoy un GAO residual bajo el mando de Gentil Duarte, que también se disputan la zona.

Como se dijo, el Catatumbo es una región con ciertas particularidades geográficas, políticas y sociales que la han convertido en una de las regiones más delicadas en el actual contexto colombiano de posacuerdo, de reordenamiento del panorama de grupos armados ilegales en el país, y de persistencia de la amenaza del régimen venezolano para la seguridad multidimensional colombiana. No en vano, Fernán González (2014) cita el examen del oriente colombiano que realizó anteriormente Omar Gutiérrez (2012b) y completaron varios investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Este examen evidenció las características diferenciadas del conflicto armado colombiano en las distintas regiones de este lado del país (Casanare, Meta, Catatumbo, Ariari, Magdalena Medio y Cúcuta), en función de la presencia institucional, la configuración social y la articulación política y económica alrededor del petróleo y la coca (p. 12).

Un breve recorrido por el conflicto en el Catatumbo

Dejando atrás, para efectos de brevedad, los orígenes de las guerrillas en Colombia durante los sesenta, un hito importante para el recuento histórico es el año 1973, cuando se dio la famosa derrota de Anorí, en la que el ELN estuvo al borde de su desaparición, entró en una etapa de crisis interna, y tuvo que pasar a una estrategia de repliegue para recuperarse. A finales de los setenta adoptó la estructura de mando colegiada –con la que aún cuenta y que explica, en parte, las dificultades de una negociación con el Estado–, y se expandió hacia territorios por fuera de su origen santandereano –entre ellos, el Catatumbo–, convirtiéndose en “la guerrilla con mayor actividad militar entre finales de los años 80 y comienzos de los años 90” (González, 2014, p. 403).

Igualmente, durante los ochenta, el EPL se proyectó hacia el Catatumbo, donde establecería un nicho de permanencia. Posteriormente, a principios de los noventa, al tiempo que se daba la desmovilización del M-19 y otros grupos guerrilleros y su llegada a la Asamblea Nacional Constituyente, el ala más antigua del EPL se desmarcó de estas negociaciones y conformó una disidencia que permaneció en el Catatumbo. Simultáneamente, como recuerda Pizarro (2017) la expansión del paramilitarismo alcanzaba zonas periféricas del país, entre las que se encontraba el Catatumbo, haciendo frente al aumento de la beligerancia de las FARC y el EPL, desmarcados de las negociaciones de Caracas y Tlaxcala. A mediados de los noventa, el paramilitarismo en el Catatumbo estaba enfrentado con el ELN y, en menor medida, con las FARC, en tanto el conflicto se trasladó desde Arauca y el piedemonte oriental de la Orinoquía hacia el Catatumbo y sus alrededores.

Posteriormente, como narra Eduardo Pizarro (2018) en De la guerra a la paz: las Fuerzas Militares entre 1996 y 2018, durante el proceso de paz del Caguán el Catatumbo pasó a ser el principal espacio de confrontación en el oriente del país, enfrentando al ELN, las FARC, el EPL y los paramilitares por las estructuras sociales, políticas y militares que cada uno tenía en esa zona. A principios de la década del 2000, la ofensiva paramilitar se intensificó en la región limítrofe con Venezuela: Arauca, y el Catatumbo y sus alrededores. Después de la desmovilización de las AUC, se mantuvo e, incluso, se intensificó el enfrentamiento entre las FARC y las estructuras neoparamilitares rearmadas, principalmente alrededor de las zonas con presencia de cultivos ilícitos. En muchas regiones donde las AUC habían desarrollado un fuerte músculo social, económico y político, se recrudecieron los enfrentamientos entre las mismas disidencias paramilitares, y entre estas y las guerrillas.

Como recoge Fernán González, entrada la segunda década del siglo XXI las entonces conocidas como Bacrim o neoparamilitares continuaban ejerciendo su dominio territorial y enfrentándose por los recursos que este propiciaba. En este contexto, las guerrillas habían sido empujadas en la década anterior hacia zonas de repliegue estratégico, por lo que el Catatumbo se mantuvo como una zona donde grupos guerrilleros mantenían su presencia consolidada. En 2011, según Ariel Ávila (2012), en el Catatumbo operaban FARC, ELN, EPL, Los Rastrojos y Los Urabeños –actualmente denominados Clan del Golfo–. Luego de la desmovilización de las FARC, las disidencias hicieron presencia, principalmente las del frente 33, y se mantienen allí en unas dinámicas de alianza y confrontación con el ELN, Los Pelusos –nombre que recibe la disidencia del EPL–, Los Rastrojos y otras facciones del Clan del Golfo.

Una mirada al contexto actual

Llegados al momento actual, es fundamental comprender la situación del Catatumbo en términos de actores armados y sus intereses en la región, para comprender mejor los dilemas de gobernanza territorial que afectan esta subregión. En un reporte de la Deutsche Welle, Cristian Herrera, investigador sobre asuntos de crimen organizado en Norte de Santander, afirma que la región vive un conflicto entre el ELN y bandas criminales como Los Rastrojos, Los Pelusos –anteriormente EPL– y las disidencias del frente 33 de las FARC.

Como explica Jorge Andrés Carvajal (2020) para El Tiempo, su condición de región fronteriza convierte al Catatumbo en un espacio ideal y cómodo para la siembra, producción y tráfico de cultivos ilícitos. Según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno Nacional, en 2019 los cultivos de coca en el Catatumbo aumentaron un 24,1%, siendo el segundo departamento más afectado. En 2018, según el mismo informe, habían aumentado un 19 %. Además, como reporta La Silla Vacía (2020), en la región hay en juego “valiosas rutas de narcotráfico y contrabando hacia Venezuela, además de las usuales extorsiones a la industria petrolera, comerciantes y palmicultores”.

Por otra parte, según reporta el diario La Opinión (2019), el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacen presencia en el Catatumbo y tienen influencia sobre casi el 80 % de la economía de la coca en la región, según el coronel Fabián Ospina. El reporte, citando fuentes de inteligencia nacional, afirma que los carteles mexicanos se aprovecharon de la muerte de alias “Megateo” –cabeza del GAO Los Pelusos– en 2015 (Deutsche Welle, 2020) y de la salida de las FARC del terreno para entrar a la zona. Incluso, a pesar de la guerra abierta que luchan en territorio mexicano el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, en el Catatumbo se han repartido las zonas de influencia; el primero controla Tibú y parte de Sardinata, y el segundo controla El Tarra. El mismo reporte informa que hay mexicanos viviendo en la región, aunque las autoridades militares y policiales lo niegan, asegurando que es cierto que negocian en la zona, pero no que permanecen allí.

A la hora de sacar la coca producida en el Catatumbo hacia el exterior, según la Policía, se usan varias trochas para cruzar la frontera con Venezuela, especialmente dos puntos: el Cruce y Cacigua el Cubo. Desde allí usan varias pistas clandestinas y envían avionetas hacia el exterior, o las envían hacia el lago de Maracaibo y la Isla Margarita, desde donde salen por vía marítima.

Conclusiones

En conclusión, es fundamental revisar de nuevo las principales variables que influyen en el desarrollo actual del conflicto armado en el Catatumbo. La presencia de grupos armados tan variados y complejas dinámicas de economías ilícitas hacen que el panorama social sea cada vez más delicado. Y a pesar de la presencia desde finales de 2018 de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 3 –con 5 mil hombres del Ejército más especializados en combate y estrategia, como reporta La Silla Vacía (2020)–, la situación de soberanía fragmentada[2] que se vive en el Catatumbo es un obstáculo para la consolidación institucional del Estado colombiano.

El ELN se ha fortalecido y ha copado territorios del Catatumbo antes ocupados por las FARC, además de que cuenta con una estructura colegiada que dificulta la cohesión interna, fundamental para las posibilidades de una negociación con el Gobierno Nacional. Las disidencias de las FARC –en este caso disidentes del frente 33, ahora al mando de Gentil Duarte– tienen una probada vocación narcotraficante, y significan una amenaza a la seguridad nacional en tanto su coordinación con otros grupos armados como la Segunda Marquetalia pueda implicar una amenaza más grande a mediano plazo. El GAO Los Pelusos –disidencia del EPL desmovilizado en los noventa– mantiene un enfrentamiento con el ELN y con Los Rastrojos en el Catatumbo, lo que lo hizo replegarse hacia municipios más pequeños como Sardinata y Playa de Belén, pero también adentrarse en Ocaña y Cúcuta. Y el GAO Los Rastrojos, disidencia del Clan del Golfo, se mantienen en la confrontación por las economías ilícitas y el control territorial contra los otros grupos armados que operan en la zona. Adicionalmente, los carteles mexicanos –hasta ahora, al parecer, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación– están haciendo entrada a la región, aprovechando la salida del grueso de las FARC del territorio.

Frente a la situación problemática de una soberanía fragmentada entre el Estado colombiano y distintos grupos armados ilegales, es importante que las acciones de consolidación de la Fuerza Pública vayan de la mano con un mejoramiento de las estrategias de inteligencia. Ante las circunstancias de una gran cantidad de grupos armados concentrados en un pequeño espacio territorial, estos grupos armados están estableciendo una red compleja de alianzas y confrontaciones que cambian en el tiempo, en vez de una ofensiva violenta sostenida. En ese sentido, podría ser conveniente para la Fuerza Pública colombiana enfocar las labores de inteligencia en la posible formación de nuevas alianzas para evitar, por ejemplo, una expansión y nuevas reparticiones territoriales entre los carteles mexicanos, o que avance la estrategia de la llamada Segunda Marquetalia de coordinar las disidencias de las FARC desde Venezuela.

Por otra parte, como explica InSight Crime para Deutsche Welle, la cercanía de los cultivos de coca a la frontera con Venezuela explica en parte la importancia del Catatumbo para los grupos armados ilegales. La facilidad de cruzar los cargamentos de coca y clorhidrato de cocaína por una frontera porosa hace de la frontera occidental de Venezuela el espacio perfecto para que los grupos armados envíen la droga hacia Estados Unidos, Europa u otros destinos. La institucionalidad débil –y cómplice, según los reportes sobre la existencia del Cartel de los Soles– del vecino país permite la salida de la droga, al tiempo que la Fuerza Pública colombiana no es capaz de mantener una presencia sostenida en el territorio, y las instituciones no logran consolidar una presencia estatal integral. Es preocupante que, según el Secretario de Gobierno de Norte de Santander, Juan Felipe Corzo, solamente hay tres mil familias vinculadas al PNIS, “que equivale a un 3 % de las familias que se han comprometido a sustituir voluntariamente los cultivos en todo el país” (Carvajal, 2020). Evidentemente, el compromiso con los proyectos de sustitución voluntaria es fundamental para que se consoliden economías lícitas en la región, y esto derive en el fortalecimiento de las instituciones locales. La porosidad de la frontera colombo-venezolana es natural por sus características geográficas, pero es problemática en la medida en que está rodeada de grupos armados por ambos lados. La dificultad para cooperar en asuntos fronterizos entre Bogotá y Caracas no debe ser motivo para que el Estado colombiano no genere incentivos a las economías lícitas de su lado de la frontera, para generar círculos virtuosos de fomento al desarrollo y consolidación institucional.

En ese sentido, el Catatumbo se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, y el éxito de iniciativas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) o la estrategia Catatumbo Sostenible del actual Gobierno nacional, es clave para la estabilidad interna del país y para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la subregión. A pesar de que se ha dicho mucho, es importante repetir que la estrategia de seguridad y lucha frontal contra las estructuras armadas que se disputan por las economías ilícitas debe ir de la mano con políticas que acerquen la presencia institucional diferenciada, integral y sostenible, materializada en hechos tan diversos como la presencia de la Fuerza Pública, el mejoramiento de vías terciarias, la cobertura en servicios públicos, los proyectos de electrificación rural, la actualización del catastro multipropósito, y muchos otros. Toda esta estrategia, en últimas, encaminada a que se garanticen resultados en el corto, mediano y largo plazo, que impacten no solo la situación de seguridad objetiva y subjetiva, sino también las condiciones socioeconómicas de los habitantes del Catatumbo.

Referencias

Carvajal, J. (19 de junio de 2020). Cultivos de coca en el Catatumbo: entre la tensión y pocas soluciones. Obtenido de Colombia: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/alerta-en-el-catatumbo-por-aumento-de-cultivos-de-coca-en-2019-508524

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). Catatumbo: memorias de vida y dignidad. Obtenido de Centro Nacional de Memoria Histórica: https://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/catatumbo/descargas.html

Deutsche Welle. (20 de julio de 2020). El Catatumbo colombiano: la selva al mando de los narcotraficantes. Obtenido de América Latina: https://www.dw.com/es/el-catatumbo-colombiano-la-selva-al-mando-de-los-narcotraficantes/a-54247878

González, F. (2014). Poder y violencia en Colombia. Bogotá: Odecofi-Cinep.

Kalyvas, S. (2010). La lógica de la violencia en la Guerra Civil. Ediciones AKAL.

La Opinión. (18 de noviembre de 2019). Mexicanos controlan el 80% de la coca del Catatumbo. Obtenido de Región: https://www.laopinion.com.co/region/mexicanos-controlan-el-80-de-la-coca-del-catatumbo-187270

La Silla Vacía. (24 de agosto de 2020). En Colombia no hay una sino varias guerras locales, todas creciendo. Obtenido de Silla Nacional: https://lasillavacia.com/colombia-no-hay-sino-varias-guerras-locales-todas-creciendo-78086

Pizarro, E. (2017). Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016). Bogotá: Debate.

Pizarro, E. (2018). De la guerra a la paz: las Fuerzas Militares entre 1996 y 2018. Bogotá: Planeta.

 

[1] Estudiante de séptimo semestre de Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana.

[2] La soberanía será segmentada cuando dos actores políticos (o más) ejerzan una soberanía completa sobre partes distintas del territorio del Estado. Será fragmentada cuando dos actores políticos (o más) ejerzan una soberanía limitada sobre la misma parte del territorio del Estado. (Kalyvas, 2010, p. 133)

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