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Martes, 12 Mayo 2020 18:42

Violencia e impunidad: Resultados de la “mano dura” en Medellín

Violencia e impunidad: Resultados de la “mano dura” en Medellín Foto tomada de: https://caracol.com.co/emisora/2017/12/20/medellin/1513805893_313145.html

"Es indispensable una presencia estatal de orden social, es decir, que se enfoque en la formación democrática e institucional en las comunas articuladas con otros programas y secretarias de cultura, educación, deporte y empleo."

Por: Andrés Felipe Gómez Jiménez[1]

Cualquier ciudadano de Medellín que haya habitado en la ciudad los últimos diez años recordará la tarde del primero de abril del 2016 cuando el GDO de los Urabeños realizó un paro armado que involucró gran parte de la ciudad y dejó con ella un autobús incinerado[2]. Así, el desafío de la seguridad en la capital antioqueña se ha vuelto un tema primordial en la agenda política de cada administración. Por lo general, ante estas problemáticas el gobierno suele responder con “mano dura” para recuperar el control del Estado. Sin embargo, existe un problema central y residual de estás políticas; principalmente han generado un aumento del índice de homicidios en un 25 por cada cien mil habitantes del 2016 al 2018 (Medellín cómo vamos, 2018). Además, es evidente que hay una sobrecarga policial dado a que la mayoría de las incautaciones son pequeñas dosis de marihuana que no tienen relevancia ni relación con otro tipo de delitos, como puede ser la venta del bazuco[3]. También, se notan una permanencia en la cantidad de consumidores y una crisis en el sistema judicial pues aproximadamente el 78% de los casos de narcotráfico no se resuelven dando paso a la impunidad[4]. Debido a esto, los problemas principales son una sobrecarga del sistema punitivo que genera esta política, las fallas en las incautaciones y el aumento en homicidios. En adhesión, cómo un problema derivado aparece la baja percepción de seguridad en la ciudad y la falta de apoyo de las políticas estatales por parte de la ciudadanía.

Para hacer frente a este conjunto de problemas se sugiere un nuevo enfoque y estrategia de la política criminal y de seguridad para la ciudad de Medellín con un nuevo núcleo centrado en la oferta intermedia y transnacional para la incautaciones y apoyo sanitario para el consumo local. Esta nueva política tiene como componentes: un enfoque prioritario de capturas por crímenes relacionados con el narcotráfico, una clara presencia estatal para la prevención del crimen y una negociación indirecta con los grupos criminales. Así, la política de seguridad en Medellín se tiene que centrar en mejorar la percepción de seguridad a favor del Estado, es decir, la búsqueda de legitimidad institucional. En los siguientes párrafos se desarrollará estos puntos con más detalle.

Según los datos de los resultados operativos de la Policía Nacional en promedio un 49% de las capturas realizadas en Medellín durante los años 2016 y 2019 fueron relacionadas al narcotráfico[5]. Cabe destacar que entre estos periodos se dieron golpes efectivos a las estructuras del narcotráfico, derivado a esto, el informe de gestión en el 2018 de la alcaldía de Medellín resalta que: “Como resultado de la estrategia planteada en materia de política criminal para el periodo 2016 a 2018, se resaltan la captura de cabecillas de alto valor (122 cabecillas), y de delincuentes relacionados con el crimen organizado (2.700 personas)” (Alcaldía de Medellín, 2019, p. 92).

Pero, como indica Brombacher (2012), a mayor presión estatal aumenta el índice de homicidios, tesis que ha sido comprobada en países latinoamericanos. Entonces, a pesar de las capturas de cabecillas y otros lideres criminales relacionados, los homicidios han seguido aumentando, y el crimen organizado sigue encontrando nuevas formas de evadir la ley y el control del Estado. En consecuencia, aunque atacando a los mandos se logren avances en la desestabilización de los “combos” locales, la mayoría de estos siguen operando a nivel local, regional e incluso internacional. En definitiva, la meta de desarticular la estructura atacando a sus cabecillas termina siendo ineficiente, generando violencia al interior de las pandillas por el control del negocio e impunidad al iniciar procesos judiciales que nunca concluyen.

Debido a esto se hace pertinente argumentar el mal enfoque de las políticas de “mano dura” llevadas a cabo la ciudad dado que el Estado parece estar luchando una guerra contra el narcotráfico que genera resultados ¿pero a qué costo? ¿A costo de la pérdida de percepción de la seguridad? (Bailey & Taylor, 2009). Cada año el municipio destina una gran parte de sus recursos a la seguridad[6], en consecuencia, es indispensable crear un nuevo plan de seguridad para la administración 2020-2023 y así concebir distintos resultados políticos, económicos y jurídicos.

El gobierno del periodo 2016-2019 tiene una mención particular en este reporte, debido a que la mayoría de sus consignas estaban justificadas en políticas de “mano dura”, basadas en operaciones de incautación y captura de cabecillas y delincuentes relacionados. De este modo, es menester entender la importancia de aplicar una política de seguridad enfocada en mitigar la demanda de estupefacientes antes que enfocarse en los oferentes porque los costos institucionales hacen de la anterior política insuficiente, aunque se hayan logrado avances en la desestabilización de los grupos delincuenciales.

Una de las consecuencias es la incapacidad del sistema judicial para responder ante la gran demanda de procesos judiciales, debido a la búsqueda de desarticular el crimen organizado capturando cualquiera relacionado con el narcotráfico[7]. Según los datos de delitos en la Fiscalía General de la Nación los procesos que versan sobre el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes presentan las siguientes características:

grafica 1 felipe

Gráfico 1 “Estado de procesos judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”. Elaboración: propia. Fuente: Fiscalía General de la nación – Estadísticas de delitos[8].

Según los datos del gráfico 1 se puede evidenciar una disminución significativa en la ejecución de las penas y un aumento permanente en el proceso de indagación. Es decir, en promedio un 78% de los casos se queda en etapa de indagatoria mientras el otro 22% consigue proseguir al proceso de ejecución de penas. De esta manera se observa una ineficiencia del sistema judicial para resolver la gran cifra de procesos relacionados al tema del narcotráfico, muchos de estos procesos terminan siendo archivados o permanecen años dentro del proceso de indagación dejando impunes varios delitos relacionados con el narcotráfico.

Esta es una de las consecuencias más graves, debido a que deslegitima las instituciones creando una democracia débil. El Estado genera una percepción de inseguridad e impunidad jurídica; como resultado, la sociedad formaliza conductas corruptas tales cómo la evasión de impuestos, el irrespeto por las normas o instituciones, la resolución de conflictos por vías violentas, entre otros (Thoumi, 1999).

Por otro lado, la estrategia de seguridad también se centra en la incautación de estupefacientes llevada a cabo por la policía del municipio para atacar las bases financieras del crimen, centrándose en productos como la base de coca, el bazuco, la heroína y la marihuana reflejadas en la gráfica 2:

grafica 2 FELIPE

Gráfica 2: “Incautación de estupefacientes en Kg”. Elaboración: propia. Fuente: Resultados operativos de la Policía Nacional desde el año 2014 hasta el 2019 – Incautación de estupefacientes[9].

 

No obstante, a pesar de observase un gran avance en la eficiencia del control del Estado, la mayoría de estas incautaciones fueron de marihuana en pequeñas cantidades donde el promedio no alcanzaba el kilo[10]. Esto se puede entender como una sobrecarga policial al utilizar gran parte de la fuerza publica en la labor de incautación de pequeños cargamentos, lo cual se conecta con una mayor ineficiencia en otros campos de control. Además, según el SIDCO[11] del observatorio de drogas de Colombia, Medellín y el área metropolitana ostenta la cifra de 227.193 consumidores de sustancias ilícitas[12], cifra que es alarmante, puesto que la mayoría de las políticas que se enfocan sólo en la captura, incautación y procesamiento de los delincuentes han pasado por alto una gran cantidad de consumidores quienes demandan con frecuencia el producto en las calles.

Ahora bien, gracias a la anterior estadística de la gráfica 2 es importante argumentar ¿Por qué no es bueno legalizar la marihuana o poner menos restricciones en su comercialización en Medellín siendo la sustancia que más se consume?

Primero, se debe decir que esta sustancia psicoactiva (SPA) ilegal no es el único producto que se comercia por los grupos delincuenciales, por lo cual no se estaría eliminando el problema de las drogas y la inseguridad en la ciudad[13]. Por otro lado, legalizarlo puede introducir a más consumidores en la sustancia sin tener en cuenta los perjuicios de su uso, incluso incrementa el riesgo de que más personas se inicien en otras SPA. Por último, aunque legalizarla podría disminuir el margen de ganancia para el crimen organizado (al despenalizarlo, se puede regular el precio del mercado), los costos políticos que generarían una medida como está no justificarían su implementación.

Continuando con el problema de la política de “mano dura” se recalca su ineficiencia por el alza de homicidios que registró en el periodo en que fue elaborada. En un informe de “Medellín cómo vamos” del 2018, se observa un aumento de homicidios, llegando a 25 por cada cien mil habitantes (Medellín tasa de homicidios anual, 2013-2018 p.121). Muchas de estas muertes son el producto de movimientos internos dentro de los combos residuales causados por la ausencia de un mando al ser capturado.

grafica felipe 3

Medellín cómo vamos, 2018 p. 121 Gráfica 97.

Medellín tasa de homicidios anual, 2013-2018

 

Las políticas anacrónicas de “mano dura” parecen desconocer la naturaleza básica de estas empresas del crimen (Brombacher 2012; Garzón2008 y Sain 2010). Es mucho más favorable para el Estado que haya menos homicidios, al mismo tiempo para el crimen organizado ya que el orden en la estructura le ayuda a mantener al margen sus ganancias. En contundencia, como antes se ha mencionado, la política de seguridad en Medellín se tiene que centrar en mejorar la percepción de seguridad a favor del Estado, es decir, la búsqueda de legitimidad institucional.

Al comprender los resultados de la política de “mano dura”, la crisis institucional, la sobrecarga judicial que provoca superpoblación carcelaria, la sobrecarga policial en delitos e incautaciones menores, y la pérdida de legitimidad por el aumento de homicidios es necesario formular una nueva política. Por esto, se presentan las siguientes recomendaciones en el esquema 1 para la elaboración de una política de seguridad:

grafica felipe 4

Esquemas comparados 1: “la política de `mano dura´ y una nueva política”. Elaboración propia.

 

Lo primero que se debe plantear en este cambio de enfoque es que el núcleo fuerte de la nueva política está centrado en la oferta intermedia y transnacional de la droga, haciendo necesario un convenio internacional para la cooperación en las incautaciones y el lavado de activos ilícitos. Debido a que el mayor margen de ganancias de estas empresas está en el extranjero, resulta ineficiente atacar su estructura económica desde lo local (Brombacher, 2010). Por otro lado, el consumo local se hace necesario para regular el ingreso de dinero de las pequeñas bandas y regular los problemas de salubridad de la ciudad, es decir, del aumento progresivo de adictos de SPA ilegales. Este trabajo puede ser llevado a cabo por las ONG y diferentes instituciones gubernamentales. Una muestra serían los Ministerios y Secretarias de Salud, Educación, Comunicaciones y justicia[14]. Este tipo de programas de superación de drogas ya existen y implementan, pero con mucha precariedad, por esto se plantea una mayor inversión en ellas.

En cuanto al enfoque prioritario, que busca reemplazar la impunidad procesal, se necesita aceptar que no se puede capturar cualquier ciudadano que se encuentre vinculado con el narcotráfico. Está política se enfoca en priorizar los grupos y territorios donde se presentan mayores conflictos en la ciudad. Así, para llevar a cabo este punto se debe desarrollar una “negociación indirecta”, es decir, que el Estado realice un comunicado publico donde se expresará y priorizará la lucha contra los combos más problemáticos. Por ejemplo, se priorizará las zonas con mayor índice de homicidios, reclutamiento de menores y venta de estupefacientes en instituciones educativas.

Dicha negociación indirecta significa que la administración buscará la eliminación de cualquier grupo que altere el orden social, o los grupos más violentos, por medio de comunicados públicos. En vista de que los grupos criminales buscan tener el más mínimo contacto con las agencias del Estado, lucharan por mantener su orden relativo para mantener sus ganancias. Teniendo la posibilidad de disminuir los homicidios y, en consecuencia, se mejoraría la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos a favor del Estado

Por último, pero no menos importante, es indispensable una presencia estatal de orden social, es decir, que se enfoque en la formación democrática e institucional en las comunas articuladas con otros programas y secretarias de cultura, educación, deporte y empleo. En lugar de ocupar recursos en incautaciones que no generan un daño sustancial a las estructuras financieras del crimen, el Estado debe recuperar la confianza y legitimidad de las comunidades.

Lo anterior, se hace con programas de prevención del crimen y resocialización para la prevención del consumo que sirve de ayuda a las comunidades haciéndolas participes del proceso de lucha contra el narcotráfico. La policía debe cambiar la percepción de enemistad y corrupción para los ciudadanos. Para esto sirven los programas sociales. No obstante, la policía no debe perder su enfoque de protección del ciudadano, por eso también debe ser utilizada como fuerza para reprimir los delitos graves, hurtos, homicidios y todo aquello que altere el orden social.

Una de las consecuencias de esta política sería la disminución de capturas y procesos judiciales. Al concentrarse y priorizar los grupos criminales más problemáticos en la ciudad, existe la posibilidad de disminuir la cantidad de capturas menores (miembros menos importantes) a capturas estratégicas de los criminales más problemáticos que desestabilicen el orden social. Este tipo de operaciones generan disuasión en los grupos criminales, creando la necesidad en otros grupos (en la ciudad) de mantener el orden publico e interno presionando a sus miembros a disminuir las conductas que puedan llamar la atención del Estado. Así, los procesos judiciales pueden disminuir y tener un respiro debido a que las agencias de seguridad pueden tener el potencial de enfocarse en reunir las pruebas más contundentes en los casos más específicos de los grupos más violentos en la ciudad y concluir los casos disminuyendo la impunidad.

En conclusión, para poder implementar esta política se tendría que diversificar los presupuestos. Las operaciones que se venían realizando, generaban un gran costo humano (cantidad de fuerza publica utilizada en incautaciones menores y gran cantidad capturas) y presupuestal. Por esto, al focalizar y centralizar una parte de los recursos en intervenir y contener los grupos más violentos en un territorio especifico podría disminuir costes en operaciones. En consecuencia, se tendría el potencial de utilizar los recursos en operaciones conjuntas con otras agencias de seguridad en el exterior (interceptando cargamentos en zonas de paso o de destino). Además, el presupuesto debe destinar una parte de su porcentaje a los procesos de institucionalización, que no se estarían utilizando en la gran cantidad de operaciones de incautación y capturas menores.

 

REFERENCIAS

 

Alcaldía de Medellín (2019). Informe de gestión 2018. “Medellín vamos por buen camino”. Recuperado de: https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/rendicion/Shared%20Content/Rendicion2016-2019/Documentos/20190313_Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%202018.pdf

Bailey, J., & Taylor, M. M. (2009). Evade, corrupt, or confront? Organized crime and the state in Brazil and Mexico. Journal of Politics in Latin America, 1(2), 3-29.

Brombacher, D. (2010). El control de la oferta en la lucha antidrogas, a quién le sirve?. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Brombacher, D. (2012). This is what you get: mercados ilegales y violencia en América Latina. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Garzón, G. V. (2008). Mafia & Co: the criminal networks in Mexico, Brazil, and Colombia. Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Medellín cómo vamos (2018). Informe de indicadores objetivos sobre cómo vamos en seguridad, 2018. 118-142. Recuperado de: https://www.medellincomovamos.org/download/informe-de-indicadores-objetivos-sobre-como-vamos-en-seguridad-2018/

Mojica, F. J. S. (2009). ¿ Puede gestionarse la complejidad de los problemas sociales?. Aportaciones de la teoría de la complejidad a la formulación de políticas públicas. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 23(3).

Sain, M. (2010). Tendencias del crimen organizado en América Latina y el Caribe. EN Seguridad regional en América Latina y el Caribe. Anuario2010. EN MATHIEU Hans y NIÑO, Catalina. Seguridad regional en América Latina y el Caribe. Anuario2010, Bogotá: Friedrich Ebert, 313-327.

Thoumi, F. (1999). La relación entre corrupción y narcotráfico: un análisis general y algunas referencias a Colombia. Revista de Economía del Rosario, 2(1), 11-33.

 

[1] Estudiante de sexto semestre del pregrado de Ciencias Políticas en la UPB

[2] Para más información ingresar a la página de prensa en referencia: https://pacifista.tv/notas/paro-armado-los-urabenos-tambien-quieren-arrinconar-a-medellin/

[3] Recuperado del atlas de Medellín sobre el micrográfico en la página 42: http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/criminalidad/microtrafico/CR122015-microtrafico-sustancia-psicoactivas-pequenas-cantidades-medellin.pdf

[4] Las fuentes de esta estadística se mencionarán en el gráfico 1.

[5] Las bases de datos se encuentran en la página a mencionar, la elaboración de la estadística es propia: https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva

[6] Según cifras de la Alcaldía de Medellín en el 2018 se registro la cifra de inversión en seguridad y justicia de 280.000 millones de pesos. Una de las más altas en los últimos años.

[7] Se debe mencionar que dicha conducta esta prohibida en el código penal en el artículo 376 sobre trafico, fabricación o porte de estupefacientes. Lea más: https://leyes.co/codigo_penal/376.htm

[8] Para acceder a la base de datos ingresar a la siguiente pagina web: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/delitos/

[9] Estas estadísticas están basadas en la central de datos recogida en: https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva

[10] En la base de datos sobre las incautaciones en la policía nacional se puede hacer la operación de sacar la media de las incautaciones de marihuana y se encontrará que es de 0.584 kilogramos.

[11] Sistema de Información de Drogas de Colombia.

[12] Para más información ingresar variables en el observatorio: http://www.odc.gov.co/SIDCO/consumo/situacion-consumo

[13] Legalizarlo no eliminaría el margen de comercios ilegales.

[14] Para más información sobre el problema de las drogas en Colombia y las instituciones que promueven una ayuda de rehabilitación de SPA visitar la siguiente página Web: https://www.dinero.com/archivo/articulo/negociando-adiccion/19723

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