Esta línea apunta a una tríada entre i) el asunto jurídico de las normas proferidas por una autoridad con poder normativo que rigen las actividades mercantiles para evitar el desorden de los mercados, ii) la cuestión económica del mercado en sí mismo, como objeto de la regulación debido a su dificultad de funcionar con autonomía, y iii) el componente político de los planes de acción estatal enfocadas a un mejor funcionamiento de las relaciones económicas.