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Lunes, 12 Septiembre 2016 12:15

Análisis de los Acuerdos de La Habana: Cuarto punto: "Solución al problema de las drogas ilícitas"

Análisis de los Acuerdos de La Habana: Cuarto punto: "Solución al problema de las drogas ilícitas" Fuente: El País

MARIA ISABEL OLANO GÓMEZ* | SEP 12 DE 2016

El CEPRI analiza punto por punto los Acuerdos de La Habana. Incluye una síntesis de lo acordado y el análisis, a favor y en contra, de los profesores César Augusto Molina, Gustavo Duncan y Carlos Montoya.  

El punto número cuatro de la agenda de los Diálogos de Paz titulado “Solución al problema de  drogas ilícitas”, consideró, especialmente, que las drogas han alimentado y financiado el conflicto armado interno, y que el fenómeno ha afectado más que todo a las comunidades donde la oferta estatal es precaria. Por tanto, el acuerdo busca diseñar un plan que atienda a las causas y a las consecuencias del fenómeno del narcotráfico a partir de estrategias que mejoren la calidad de vida de las comunidades implicadas, prevenir el fortalecimientodelas organizaciones criminales vinculadas al problema de las drogas ilícitas, y la consideración del consumo como un problema de salud pública. 

En los sucesivo, se explicará cómo el acuerdo entre las FARC-EP y  el Gobierno Nacional con base en tres pilares: primero, la sustitución de cultivos ilícitos; segundo, la prevención del consumo de drogas, y, tercero, la solución al problema de la producción y comercialización de narcóticos; esto es, producción, consumo y narcotráfico respectivamente.  

En el primer pilar las partes reconocen que loscultivos ilícitos son generadores de violencia, y que con ella no pueden existir las condiciones necesarias para la construcción de la paz, por lo que se acordó la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo (PNIS), a cargo de la Presidencia. En él, se propone la utilización voluntaria de economías alternativas por parte de la comunidad, con el acuerdo de sustitución y no resiembra celebrado entre el Gobierno Nacional, el municipal y las poblaciones afectadas. Con el que los campesinos se comprometen a la erradicación voluntaria y concertada, a la no resiembra y a la no involucración en cadenas de narcotráfico. Por su parte, el Gobierno Nacional se compromete a implementar el Plan de Atención Inmediata,que consiste en llevar la oferta de desarrollo del Estado a las comunidades afectadas por el fenómeno de las drogas ilícitas, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria del campesino que se somete al acuerdo. 

Este pilar se enmarca en un enfoque de desarrollo rural con inversión estatal ya consagrado en el primer punto de los acuerdos, sobre todo con los PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) integrado al punto tres con el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución), demanera particular en los criterios de priorización de los territorios para la implementación más urgente del programa.

La ejecución del PNIS se hará a través de una planeación participativa de las poblaciones por medio de la instalación de asambleas comunitarias, quienes serán las responsables de priorizar las necesidades, lo cual servirá como insumo para la creación del Plan de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PISDA), herramienta para determinar la oferta institucional que se necesita en el territorio afectado.  El Estado deberá garantizar su cumplimiento, lo cual se verá facilitado a través de la acción de delegados de las comunidades. La idea es entonces firmar el acuerdo de sustitución y no resiembra, para implementarlo de la mano con el Plan de Atención Inmediata, que generará también desarrollo social, y, por último, ejecutar el cronograma que desde las asambleas comunitarias establecieron los campesinos cultivadores. 

Es importante tener en cuenta que se dará un tratamiento penal diferencial a los cultivadores para facilitar el apoyo a las comunidades que están inmersos en la cadena del narcotráfico gracias a la exclusión y la pobreza. Hasta que no llegue la oferta estatal, no pueden comprometerse con la sustitución y no resiembra. También habráun plan de formalización masiva de la propiedad a través de la implementación de un Catastro nacional rural. Se tiene encuentaademás la sostenibilidad y la recuperación ambiental, y demás obras de infraestructura social de rápida ejecución; todo para lacorrecta ejecución del PNIS.

En el segundo pilar, se acordó el Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas Ilícitas, con el fin defortalecer las capacidades del Estado en la atención, prevención y no criminalización de los adictos. El programa contempla que el consumo sea tratado como problema de salud pública, que debe tener como principios un enfoque de derechos humanos, un enfoque diferencial y uno de género, además de la participación comunitaria, la convivencia y el fundamento en la evidencia. Dentro de este punto, se concertó el Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, el cual contieneplanes de acción participativos, con enfoque territorial y poblacional. 

Finalmente, las partes estipularon, en la solución al problema del narcotráfico,el fortalecimiento de la contundencia en la lucha contra el crimen organizado para generar las condiciones de seguridad necesarias para la construcción de la paz. Este pilar establece la judicialización efectiva de las redes de narcotráfico en el territorio, mejorando las capacidades de investigación y aplicación de justicia. Además de la lucha contra el lavado de activos, a partir de la identificación de la cadena de valor del narcotráfico con recomendaciones e informes de expertos. 

Se acordaron también ajustes normativos, de cualificación y fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección, control y reporte de operaciones financieras ilícitas a través de un estatuto de prevención y lucha contra las rentas ilegales. Se propone así una cultura en contra del lavado de activos, a través de una campaña de concientización promovida por el Gobierno en el territorio nacional.

También se determina la identificación y control de insumos y precursores químicos, necesarios para producir narcóticos, diferenciando entre aquellos que son utilizados en actividades legales; asimismo, se prevé la lucha contra la corrupción a través de las recomendaciones hechas por expertos y el fortalecimiento de las instituciones. El acuerdo contempla además una conferencia internacional sobre la política de drogas en Naciones Unidas para contribuir al debate para la revisión a nivel mundial de la política de lucha contra las drogas. LasFARC se comprometen así a desvincularse de cualquier actividad relacionada con el narcotráfico. 

Análisis a favor 

César Augusto Molina-Saldarriaga - Profesor de la Facultad de Derecho de la UPB. Abogado, Especialista en Derecho Administrativo y Magíster en Diseño de Paisaje. 

De la estructura del Acuerdo sobre “Solución alProblema de las Drogas Ilícitas”, punto 4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Consecución de una Paz Estable y Duradera, se identifican cuatro estrategias fundamentales: (i) la sustitución de cultivos ilícitos, (ii) la prevención del consumo de narcóticos y (iii) solución al problema de producción y comercialización de narcóticos. De la lectura del contenido que desarrolla estos aspectos en el Acuerdo, puede concluirse lo siguiente: 

-No se introducen mayores novedades en relación conlas obligaciones constitucionales y legales de las autoridades públicas, en particular el poder ejecutivo, en relación con la atención de los problemas del territorio rural afectado por el cultivo de productos ilícitos, la prevención y atención del consumode narcóticos y el problema de su producción y comercialización.

-La adopción de principios, como el enfoque diferencial, la fórmula Estado Social de Derecho y el principio democrático, no es más que el desarrollo de contenidos constitucionales incorporados en el orden jurídico colombiano en la Constitución Política de 1991.

-La adopción de principios como el enfoque diferencial y de género no es más que la adopción de sub reglas constitucionales creadas por la Corte Constitucional en su jurisprudencia,que resultan de obligatorio cumplimiento. -En relación con la PNIS, que hace parte de la RRI, este no es más que la ratificación de obligaciones constitucionales contenidas, entre otros, en los artículos 58, 64, 65 y 66 de la Constitución Política colombiana, vigente desde hace 25 años.

-Frente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, debe tenerse presente que desde el 2015 existe uno denominado Estrategia Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que se desarrolla en 6 frentes de trabajo: inversión social, sustitución, interdicción, investigación y judicialización, consumo y reformas institucionales. Aunque hay variaciones en algunos de sus referentes conceptuales y fundamentos, el contenido y los propósitos son muy similares. 

-El contenido relacionado con la producción y comercialización de narcóticos encuentra sustento en compromisos internacionales adquiridos, por ejemplo con el Plan Colombia, normativa nacional, por ejemplo de política criminal y de justiciapenal, y relativas a las razón de ser y fines esenciales del Estado Colombiano: “[…] proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. (Artículo 2 de la Constitución Política)

-De lo anterior puede afirmarse que la ingenua esperanza o el rechazo radical con la que han sido recibidos los Acuerdos, por lo menos frente a este punto, resultan del desconocimiento de sucontenido, los antecedentes y las obligaciones constitucionales y legales de las autoridades públicas frente a los aspectos abordados por el Acuerdo Final en su punto 4. 

Análisis en contra: 

Gustavo Duncan - Docente del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de EAFIT. Doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Northwestern. 

El tema del narcotráfico era un tema delicado porque se discutía no sólo la política general en materia de drogas ilícitas, sino también, el papel de las FARC en el narcotráfico. Por ello se hizo énfasis en el tema de sustitución de cultivos, es decir, las FARC querían reivindicar a los campesinos, y al mismo tiempo enfatizar en que deberían perseguirse otros eslabones de la cadena, por ejemplo, lo que tiene que ver con el transporte a los mercados finales y el lavado de activos.  Era la manera de las FARC de decir que el problema va más allá de los cultivadores, donde hasta ahora se ha centrado la persecución en contra de las drogas ilícitas.

En el acuerdo hay unas decisiones importantes, sobre todo con la política de sustitución de cultivos condicionada a dos años y pactados por las comunidades. Dos años en que no se va a perseguir penalmente el narcotráfico, lo que encarna un riesgo enorme, porque es una legalización en la práctica; también encarna una serie de costos, pues, no se sabe bien cuánto puede costar sustituir cultivos, sobre todo ahora que el país tiene más de 150 000 hectáreas de droga que crecieron incluso a raíz de los propios acuerdos.

No se sabe tampoco quién va a vigilar esos cultivos; es decir, si el Estado no los vigila, obviamente serán las BACRIM o el ELN o cualquier otro grupo criminal que va a competir por tener acceso a los insumos del narcotráfico, y, quien controla los cultivos, controla todo el suministros del sistema, es decir, prácticamente puede acaparar la salida de droga en Colombia. Quizás en el asunto del narcotráfico en el posconflicto, lo más importante, es que el Estado sea capaz de controlar durante esos dos años los cultivos de coca, y de ese modo, evitar que se recrudezca la violencia. 

Carlos Montoya - Profesor de la Facultad de Economía de la UPB. Doctor en Filosofía en la UPB.

Este tema del narcotráfico en el marco de los acuerdos constituye, al igual que la gran mayoría de los puntos, un referte de grandes inquietudes sobre lo que podrá ser realmente el posconflicto y el verdadero impacto que el mismo pueda tener para la construcción de una nueva sociedad.

Claro está que dentro de los puntos que deberían de abordarse este era de carácter prioritario. Ninguna negociación podía ser viable sino incorporase el tema del narcotráfico, como quiera que tradicionalmente han sido las FARC quienes habrían tenido una gran incidencia en la producción, distribución, y obtención de ingresos provenientes del narcotráfico. Recuérdese que ellos están ubicados en las zonas donde existe el mayor número de cultivos; este es el caso de Nariño, Putumayo, y el Cauca en el Caquetá.

Ahora bien, no parece importar que en medio del proceso de negociación los cultivos ilícitos en Colombia crezcan. Precisamente, entre el año 2014 y 2015, el número de hectáreas con producción de coca aumentó de 69mil  a 96mil, y en las zonas arriba mencionadas se produce, por lo menos, el 50% de dicha droga. Esto es contradictorio, porque uno esperaría que una etapa de negociación, en la que el tema del narcotráfico ya había sido abordado hace unos meses atrás, se hubieran comenzado a dar resultados concretos en esta materia.

La verdad, es que se escurrió el bulto a la hora de señalar qué tan vinculadas están las FARC con el narcotráfico y cuántos son los ingresos que se obtienen por dicha actividad; el tema quedó en el aire. Sin embargo, ahora ellos asumen un compromiso con la erradicación. No obstante, no se sabe a cambio de qué se van a erradicar los cultivos, y qué representará esto para aquellas zonas, y especialmente las familias y cultivadores, que están vinculados con la producción de droga en Colombia, la cual muchos ven como una opción de vida y de la que dependen sus ingresos. Ese aspecto, sobre la alternativa económica que se les va a dar a los campesinos, tampoco está resulto dentro del acuerdo.

Otro aspecto que deja dudas es la relación de los jefes de las FARC con el narcotráfico, pues muchos de ellos tenían expedientes abiertos y estaban solicitados en extradición. El hecho de que hoy podamos contar con que un grupo tan influyente en la cadena de las drogas ilícitas pueda salir de ella sería algo muy bueno para el país, pero, infortunadamente, aquí tocará decir “amanecerá y veremos” qué tan real va a ser ese impacto. Ojalá el negocio no termine pasando a otras manos. 

*Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB.

 

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