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Miércoles, 01 Marzo 2017 19:38

Acuerdo de paz Santos-FARC: ¿Proyecto de nación o repartición del poder?

JOSÉ OLIMPO SUÁREZ MOLANO*

En vano  se buscará, en el Preámbulo y en la Introducción del Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción  de una paz estable y duradera, firmado entre el presidente Santos y los jefes máximos de la FARC; en vano se buscará digo, un enfoque moral del futuro, una concepción plural de la vida social y menos una reflexión sobre la idea de justicia para toda la nación colombiana. A lo sumo  nos toparemos  con enunciados de una amplia generalidad que, como las tautologías  no nos dicen mucho sobre el futuro real de la patria: “el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia”. Pretenciosa y nada humilde esta declaración que coloca a un grupo terrorista en el corazón mismo de la historia de una nación. 

Intentaré argumentar, en lo que sigue, apoyado en breves referencias históricas, que mientras estos principios sociológicos, en particular la sacralidad de la vida humana, no hagan parte de un acuerdo de nación, estaremos abocados a repetir nuestro doloroso pasado sumido en la lógica del terror que no ha permitido el florecimiento de la auténtica vida política de la nación colombiana.

Desde mi perspectiva cada vez que hemos tenido oportunidad de superar el conflicto político en Colombia, hemos intentado colocarnos en el horizonte de un modo de ser civilista propio de esos momentos, pero no hemos podido superar el conflicto a pesar de ello. Recordemos que los tres momentos en que se han ofrecido propuestas para escribir “un nuevo capítulo de nuestra historia” reciente han sido: 1) un futuro de paz basado en la repartición del poder político entre el partido liberal y el partido conservador. Este fue el comienzo del Frente Nacional, (1958). Se logró pasar del horror de la violencia partidista a la violencia ideológica de izquierda. Recordemos que justamente aquel periodo de la historia comenzó con un plebiscito que repartió el poder estatal milimétricamente entre los dos partidos tradiciones, pero que al excluir a otras fuerzas políticas generó un nuevo periodo de violencia política en cuyo marco temporal nacieron las FARC.  2) una segunda propuesta de futuro de paz se dio en las consideraciones ofrecidas por la Comisión sobre la violencia creada bajo el gobierno del presidente Virgilio Barco (1987), que postuló una nación basada en la democracia y la solidaridad; inútil  esta propuesta que se diluyó en medio de la violencia de grupos ideológicos sanguinarios y desalmados, incluyendo al M 19 , PLA y  el EPL ; un pecado particularmente grave lo cometió el M-19 cuando a través de un espectáculo grotesco secuestró y asesinó al dirigente sindical José Raquel Mercado en 1976 . Violencia y terror a nombre de la justicia y de un futuro democrático para todos. Y, en último lugar, 3) La propuesta venida de la Comisión sobre la violencia que estudio el fenómeno bajo el gobierno del presidente Uribe (2007). La propuesta de un país decente se basaba en el equilibrio ente justicia y verdad para evaluar a los actores de la violencia; y, en el deber de la memoria como condición de dignificación de las víctimas. Este enfoque de superación de la guerra no desembocó en mayores logros políticos, pero si introdujo las nociones de verdad y memoria en el proceso político. Es decir, nos enfrentamos a la idea de la Justicia Transicional naturalmente; cada de estas propuestas aportó algo a la cultura política del pueblo colombiano, pero no alcanzó a tocar el alma nacional para qué lograra la convivencia civilista definitiva.

Ahora asistimos a una cuarta posibilidad de superación de la guerra, encarnada, supuestamente, en los Acuerdos Santos –FARC. Qué es lo que se propone superar este acuerdo político? El terror. El terror venido de la ideología de las FARC que reprodujo ideológicamente la barbarie nacida de la violencia partidista. Violencia ahora arropada por un absoluto ideológico: nuestra violencia, nuestra degradación moral tiene justificación histórica. A la par con este modelo de absolutismo ideológico se funda la actitud empobrecedora al colocar a todos los colombianos como amigos o enemigos; en una dicotomía simplificadora que obnubila el juicio moral. El terrorismo de las FARC ha logrado crear un ambiente de perversión sistemática de las conciencias en el que convivimos con el sentido degradado de la vida humana puesta al servicio de una ideología autoritaria y desalmada. Que lo digan los secuestrados y los miles de familias sometidas a las más humillantes formas de degradación.   

En el arco temporal que va del horror de la violencia política bipartidista (1948) a los Diálogos de la paz en la Habana (2016), la nación colombiana a vista normalizar el terror político dando una muy baja respuesta moral y política a este fenómeno. Aceptamos como habitual el asesinato, el secuestro, la mutilación, etc; e incluso el desconocimiento por parte de las FARC del Derecho Internacional Humanitario (DIH). ¿Qué resta entonces para salir de esta triste condición? Ofrecer amnistía, “la más amplia y extensa posible”, a los actores del terror. Esto solo lo podemos alcanzar a través de la implementación de una forma de justicia política contemporánea denominada Justicia Transicional. Justicia de guerreros en igualdad de condiciones, que deja abierta, tal como se puede leer en el Acuerdo Santos – FARC, la superación del conflicto armado, pero no las condiciones ideológicas que han originado y nutrido el terror.

En efecto, no encontramos en el texto en cuestión una propuesta seria de la defensa de una fe democrática que supere los absolutos ideológicos y las reductoras dicotomías morales de las FARC. Para ponerlo en términos del cristianismo, no avanzamos, en absoluto, hacia el reconocimiento de la “sacralización    de la vida humana”; o, para decirlo con los filósofos pragmatistas norteamericanas, no hemos podido reconocer la condición humana basada en la contingencia de las creencias y en las falibilidades de nuestro conocimiento político. Para los cristianos la dignidad del ser humano se infiere de su aceptación de la creación divina del hombre: desde esta petición de principio se sigue el reconocimiento del valor sagrado de la vida de todos los seres humanos. Dotados de este principio moral podríamos enfrentar el terror desde dos perspectivas: en primer lugar, levantando la voz para condenar las atrocidades de la violencia indiscriminada; y, en segundo lugar, proponiendo la sacralidad de la vida como un criterio para edificar una sociedad decente. Con enfoque similar al del cristianismo, las Naciones Unidas, en su Declaración sobre el terrorismo, del 18 de diciembre de 1972, señalaba y condenaba la violencia terrorista que era capaz de sacrificar la vida humana en aras de supuestos objetivos justicieros de un grupo cualquiera. Y, a su vez, los filósofos norteamericanos argumentan en el sentido de explicar el mal político como una consecuencia directa de la tergiversación racional de la ideología fundamentalista, de derecha o de izquierda, que busca imponer a la fuerza criterios no aceptados por una comunidad política determinada.

En consecuencia, leídos los Acuerdos Santos – FARC, desde estas perspectivas, la conclusión resulta descorazonadora: no aparece, en absoluto, un proyecto de nación civilista; solo un reparto de funciones, atribuciones y normas para que un grupo se blinde contra cualquier reclamo legal, nacional o internaciona Este déficit de proyecto de nación no impide, a su vez, comprender que superar la guerra y sus desastres sea en sí mismo un logro importante para todos.  Lo que sigue en la política: juegos de interés y de astucias de todos los que se creen con derecho a ejercer el poder. El déficit básico radica en que los acuerdos no hacen otra cosa que recurrir a una razón estratégica que se funda en el cálculo de ganancias próximas o lejanas. No se basan desgraciadamente en criterios morales, en el reconocimiento de la democracia como un valor fuerte, y mucho menos en el proyecto de una nación plural y civilizada. 

* Doctor en Filosofía por la Universidad de Antioquia. Coordinador de la Maestría en Estudios Políticos de la UPB. 

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