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Jueves, 29 Septiembre 2016 16:02

Análisis de los Acuerdos de la Habana. Sexto punto: Implementación, verificación y refrendación

Análisis de los Acuerdos de la Habana. Sexto punto: Implementación, verificación y refrendación Fuente: Acpaz

SARA VÁSQUEZ ALVAREZ* | SEP 26 DE 2016

El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan la creación de la “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR)” al día siguiente de la firma del Acuerdo Final, con el objetivo de resolver las diferencias; seguir los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento; impulsar y velar por la implementación legislativa de los acuerdos; realizar informes de seguimiento y recibir insumos de instancias encargadas de la implementación. Esta será integrada por tres representantes del Gobierno Nacional, escogidos por el Presidente, y tres representantes de las FARC-EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. Se contará además, durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas; con el acompañamiento de un delegado/a de cada uno de los países garantes y acompañantes. Su sede será Bogotá y su duración podrá ser de hasta 10 años.

Dentro de los cuatro meses siguientes a su constitución, dicha comisión  discutirá y aprobará un Plan Marco para la Implementación de los Acuerdos, con un enfoque trasversal étnico, de género, familia y generación; que buscará garantizar el desarrollo de las políticas, normas, planes y programas aprobados, y facilitar su seguimiento y verificación. Para permitir el inicio de la implementación, se tramitará y aprobará en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social un Documento CONPES sobre el Plan Marco de Implementación. Además, por los siguientes dos períodos presidenciales tras la terminación del actual, y con base en este Plan Marco, se deberá incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo correspondiente al Plan Cuatrienal de Implementación de los Acuerdos. Por último, con el fin de garantizar la implementación de las primeras medidas, el Gobierno Nacional elaborará un listado con aquellas que sean de implementación temprana y lo presentará a la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), dentro de los 15 días siguientes a la firma del Acuerdo Final.

Para garantizar la implementación de los acuerdos se articularán los esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, promoviendo medidas para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a su financiación. Adicional a esto, se tramitarán las reformas normativas necesarias con el fin de que los planes de desarrollo departamentales y municipales incorporen medidas que garanticen la implementación de lo acordado. Por otro lado, los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, organismos multilaterales y sector privado, para la implementación, se agregarán a los fondos dispuestos por el gobierno para garantizar así la sostenibilidad de los proyectos contemplados.

El Gobierno Nacional se compromete además a la creación de un Sistema Integrado de Información que velará por la transparencia en la implementación del Acuerdo Final, previniendo cualquier forma de corrupción y dando garantías a la ciudadanía sobre la ejecución de los recursos. Para esto se habilitarán mapas interactivos de seguimiento,  se pondrán en marcha mecanismos para la rendición periódica de cuentas, se crearán y promoverán las veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, se desarrollará un mecanismo especial para la denuncia ciudadana, se fortalecerán los mecanismos de control interno y se solicitará un acompañamiento especial de estos.

Para la implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final se abordará prioritariamente en la comisión de seguimiento (CSVR), temas como la definición  de  las zonas en las cuales se implementarán inicialmente los dieciséis  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y de la Institucionalidad de las zonas no priorizadas, la delimitación de las circunscripciones especiales de paz y criterios para la adopción de las reglas 
especiales acordadas, los cronogramas de ejecución de acciones de implementación para los primeros doce meses, la creación del mecanismo de monitoreo nacional o internacional de las sanciones de la 
Jurisdicción Especial para la Paz y del Sistema autónomo de asesoría y defensa gratuita, la convocatoria de una conferencia internacional sobre la lucha contra las drogas y la elaboración del Protocolo de Seguridad para la Implementación del Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícitos.

El mecanismo de verificación de los acuerdos tendrá un componente internacional que se encargará de comprobar el estado y avance de la implementación de los acuerdos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación, con el fin de constatar el cumplimiento o no de los acuerdos. El mecanismo de verificación estará compuesto por dos notables de representatividad internacional, escogidos, uno por el Gobierno Nacional y otro por las FARC-EP que se encargarán de hacer los pronunciamientos públicos y presentar soluciones en relación con los puntos de discusión y controversia. Por otro lado se encuentra el componente internacional que estará integrado por un representante de cada uno de los países garantes y acompañantes, y el componente técnico correspondiente al instituto Kroc que diseñará la metodología para identificar los avances de los acuerdos y cuyos informes tendrán como destinatarios el componente internacional y la comisión de seguimiento (CSVR). Además, el Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitarán a las Naciones Unidas a través de la Asamblea General, una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva.

El acompañamiento internacional estará basado en el respeto a la soberanía de Colombia, la confianza en la institucionalidad y la oferta de experiencia, capacidad técnica y recursos por parte de otros países,  para asegurar así el éxito en la implementación de los acuerdos. El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron de antemano qué países y entidades internacionales participarán en la implementación de los acuerdos y cuál será el punto en el que tendrán permitido intervenir.

Con el fin de generar confianza y credibilidad frente al Acuerdo Final, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron la creación de un Sistema Conjunto de Comunicaciones y Pedagogía del Acuerdo Final y divulgación sobre los avances de la implementación que se encargará de realizar una campaña pedagógica durante seis meses y de diseñar conjuntamente una estrategia de difusión con nuevas herramientas a través de las redes sociales.

En cuanto a la refrendación, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, aceptan el mecanismo de participación popular que la Corte Constitucional indique y en los términos que este alto tribunal señale.

Análisis: 

Carlos Andrés Pérez:  Doctor en Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Director del CAEP

Las dudas que podrían presentarse cuando el Acuerdo se lleve a la práctica recaen en este punto específicamente. Los compromisos adquiridos por las dos partes podrían quedarse sin llegar a cumplirse si no hay confianza en que el punto 6 -de implementación- se lleve a buen término. Para esto, se acordaron dos mecanismos que ofrecen garantías, tanto a las partes involucradas en la negociación, como la ciudadanía colombiana y a la comunidad internacional. El primero, apela a la voluntad popular y sin requerirse legalmente, se acordó el llamamiento a elecciones para que en un plebiscito el pueblo colombiano tomara la decisión final, avalando o negando lo escrito en el documento de casi 300 páginas.

Una respuesta mayoritaria positiva en esta jornada electoral, dará paso a la implementación y al posterior seguimiento efectivo de los Acuerdos. Sobre esto hay que anotar que además de dejar en manos de la ciudadanía la decisión final, las dos partes se comprometen a la creación y acatamiento, de una comisión internacional conformada por varios países y la Organización de las Naciones Unidas, que vigilará el estricto cumplimento de lo pactado.

Lo anterior abre el Acuerdo en primera medida a la opinión pública a través del derecho que votar por el sí o por el no, y sujeta la continuidad de su camino a una respuesta positiva; y en segunda medida destapa el velo con el que podría haberse cubierto lo negociado, siendo la comunidad internacional garante de lo escrito y de su adecuado cumplimiento.

Max Yuri Gil Ramírez: Sociólogo e investigador adscrito a la Corporación Región

Frente al tema del punto sexto, que se llama implementación, verificación y refrendación, estamos hablando fundamentalmente de tres componentes. En el primero, que tiene que ver con la implementación, se debe destacar la creación de una Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias; esta comisión nace el día después de la firma del Acuerdo y estará conformada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres de las FARC. En principio, tal como está establecido, funcionaría hasta el 2019, pero el mecanismo contempla la posibilidad de prorrogar su mandato al menos durante diez años. También, tiene como objetivo desarrollar cada uno de los elementos que están establecidos en el Acuerdo, buscar la financiación necesaria para fortalecer su implementación y, asimismo, consta de un capítulo alusivo al tema étnico en el cual se busca que este asunto quede estipulado de manera explícita en el cumplimiento e implementación de lo acordado.

En segundo lugar, se crea un mecanismo internacional de verificación, el cual estará conformado por los cuatro países que acompañaron el proceso de las conversaciones de La Habana, que son: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile y, asimismo, de dos personalidades internacionales quienes harán seguimiento al proceso de implementación de los acuerdos;  una de ellas ya ha sido nombrada y es el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Una de las novedades es que se ha decidido solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas que una vez termine la misión que tiene como objetivo la verificación del cese al fuego y la dejación de armas, establezca otra misión política que observe el cumplimiento de los acuerdos y el proceso de reincorporación a la civilidad de las FARC. Es un asunto llamativo, pues la misión actual fue definida por el Consejo de Seguridad y la nueva misión que se solicitará probablemente esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene el objetivo ya no de hacerle un seguimiento a la concentración de las FARC, el cese al fuego y la dejación de las armas, sino de acompañar su reincorporación. Y asimismo, se establece la solicitud de acompañamiento de varias entidades internacionales sobre las diferentes materias de que trata el Acuerdo.

En cuanto al blindaje del proceso, que es una pregunta que se hacen muchas personas, de cómo garantizar que el Gobierno Nacional le cumpla a las FARC y que las FARC, por su parte, también lo hagan; tenemos, por un lado, la verificación política y por otro, tal como se estableció en la ruta de aprobación del Acuerdo, desde la perspectiva jurídica, buscando que el Estado colombiano cumpla con cada una de las cosas que allí se han señalado, se ha creado conjunto de mecanismos: una buena parte de lo que se acuerde ingresará a la Constitución de manera general y al bloque de constitucionalidad, que son aquellos elementos que hacen parte del Derecho Internacional Humanitario y de los tratados de derechos humanos; en segundo lugar, aparece una figura llamada Acuerdo Especial, por medio del cual se busca que el Gobierno se comprometa en el marco de los tratados internacionales a cumplir el acuerdo firmado, de tal manera que se convierta en un documento internacional en el contexto de los tratados de derechos humanos; en tercer lugar, se buscará una reforma constitucional que autorice al presidente para aprobar el Acuerdo Final e incorporarlo al derecho interno. En los primero seis meses del Acuerdo tendremos una maratón legislativa en la cual se presentará un conjunto de proyectos a consideración del Congreso, con la única posibilidad de aprobarlos o desaprobarlos, para luego pasar a un control constitucional. Asimismo, durante ciento ochenta días el presidente tendrá unas facultades especiales para expedir leyes que tengan como objetivo desarrollar el Acuerdo Final.

El último punto de refrendación y blindaje tiene que ver con el acto electoral programado para el próximo 2 de octubre; allí se le consultará a la población si apoya o no el Acuerdo para la construcción de una paz estable y duradera, y en esa medida, de acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional, las alternativas son simplemente dos: para que gane el sí o para que gane el no, tiene que sacar una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral, que en nuestro caso equivale aproximadamente a 4’500’000 de personas; si las dos opciones juntas no alcanzan esa cantidad de votos, se considerará que el plebiscito ha sido rechazado. Aunque no tenemos claridad sobre qué pasaría después de la decisión del plebiscito en caso de que gane el no, indiscutiblemente hay que señalar que el presidente estaría obligado a suspender el Acuerdo y a suspender el Proceso de Paz.  

Pedro Piedrahita Bustamante: Magíster en Seguridad y Defensa por la Escuela Superior de Guerra. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y del Centro de Humanidades de la UPB.

Considero que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, es importante porque hace parte del proceso de construcción del Estado colombiano. Sin embargo, al igual que pasa con los demás puntos del Acuerdo, el punto 6 está plagado de diferentes zonas grises, de pequeños puntos que llaman la atención no por lo que dicen sino por las preguntas que dejan sin responder. Me referiré a tres en particular:

Primero. En la página 171, cuando se habla de la creación de la “Comisión de Implementación Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, afirman las partes que ésta podrá duras hasta diez años luego de la firma del Acuerdo, pero que sus integrantes decidirán sobre su prórroga. ¿la comisión entonces tendrá su propio reglamento? ¿de forma autónoma se podrá perpetuar en el tiempo? ¿cuáles serán sus límites?

Segundo. En las páginas 172 y 173 se plantean una serie de reformas normativas necesarias para incorporar la implementación de los Acuerdos con los recursos territoriales. Al respecto, se afirma que se tramitarán reformas normativas para que los Planes de Desarrollo departamentales y municipales incorporen las medidas necesarias para implementar los Acuerdos. Además, señalan las partes que dichos planes se deben ajustar para asegurar los recursos económicos. ¿Cómo se va a realizar esto si los Planes de Desarrollo son la herramienta de gestión pública que surge de un Programa de Gobierno? ¿Los Programas de Gobierno deberán estar condicionados al Acuerdo Final? ¿Los candidatos de partidos y movimientos que se oponen al Acuerdo Final, deberán por norma incorporar disposiciones que garanticen su ejecución?

Tercero. Entre las páginas 176 a 178 se establecen cerca de 24 proyectos normativos (algunos necesitan reformas constitucionales). En general, se plantea que estos proyectos deben surtir el trámite legislativo en los doce meses posteriores a la firma del Acuerdo. Entre todos, llama la atención la reforma que se plantea a la extinción judicial de dominio y, además, surgen las siguientes preguntas: ¿cuál será el rigor de los debates para dar trámite a esta cantidad de normas y reformas? ¿qué pasará si por alguna razón no se aprueba alguna? ¿por qué modificar la extinción judicial de dominio? ¿esta modificación beneficiará a las FARC?

Con todo, quedan grandes temas por resolver. Ojalá en el desarrollo de la implementación el Estado vaya dando claridad al respecto y, también, sepa afrontar los enormes retos que trae consigo el Acuerdo Final, pues la construcción de una paz estable y duradera dependerá en gran medida de esto.

 

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