logo cepri
logo upb
Jueves, 29 Septiembre 2016 15:52

Análisis de los Acuerdos de La Habana. Quinto punto: Acuerdos sobre víctimas y justicia

MARIA CAMILA ZULUAGA* | SEP 20 DE 2016

El punto quinto de los Acuerdos de La Habana establece dos ejes constitutivos básicos: primero, la creación de un Sistema Integral enfocado a la reparación de las víctimas, y, segundo, la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz encargada del enjuiciamiento de los crímenes y la materialización de la justicia. Dados los efectos pedagógicos de este ejercicio, se ha optado por dividir en dos el punto quinto del acuerdo, con el ánimo de facilitar a nuestros lectores una mejor comprensión de su contenido. Aquí el análisis sobre justicia

En el marco de los acuerdos de la Habana como parte esencial del componente de justicia, se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz. Para poder entender lo pactado en este punto, es fundamental tener en principio una noción básica de justicia transicional. Hay que aclarar que justicia transicional no hace referencia a una forma de justicia diferente, sino más bien a la manera como en contextos de transición se hace justicia. Para cumplir dicho objetivo se pone en funcionamiento una serie de mecanismos especiales para afrontar graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, además de contribuir a la reparación de las víctimas y fortalecer la confianza ciudadana.

Ahora bien, la Jurisdicción Especial para la Paz será un componente del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el cual estará conformado por una serie de salas de justicia, tales como la sala de amnistía e indulto y el tribunal para la paz. Una característica esencial de esta es su temporalidad: estará vigente por el lapso de tiempo necesario para conocer sobre todos los casos relacionados con el conflicto armado, entre las FARC y el Gobierno. Su objetivo principal será administrar justicia, investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el contexto del conflicto armado.

La competencia de la jurisdicción será para aquellos que directa o indirectamente hayan participado en el conflicto. Los actores directos son en este caso los agentes del Estado y los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, los agentes indirectos son todas aquellas personas que sin formar parte de un grupo armado hayan colaborado con estos o financiado voluntariamente. Para los integrantes de los grupos armados (que se suscriban al acuerdo) la jurisdicción especial solo se aplicara una vez hayan entregado las armas.

El Tribunal para la Paz, estará conformado por 24 magistrados, de los cuales 4 podrán ser extranjeros. Para ser candidato a magistrado de este tribunal es necesario cumplir con los requisitos que se les exigen a los magistrados de las altas cortes colombianas. El comité de escogencia estará conformado por el Secretario de las Nacionales Unidas, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema de Universidades del Estado.

Este tribunal será el órgano de cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz y el encargado de la administración de justicia. Uno de los criterios esenciales para este proceso es el reconocimiento de la culpa y la verdad exhaustiva. El establecimiento de las penas para aquellos que no hayan sido sujeto de amnistía se basará en estos criterios.

Quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o delitos muy graves que no sean sujeto de amnistía, tendrán que reconocer toda la verdad ante el tribunal; lo deberán hacer de manera exhaustiva. Para aquellos que se ajusten al procedimiento anterior la sanción será de 5 a 8 años de restricción de la libertad. Todo lo que digan los individuos que se sometan a esta jurisdicción deberá ser comprobado.

Por otra parte, aquellos que decidan no reconocer los crímenes ni contribuir con la construcción de la verdad, serán sometidos a una investigación donde pueden quedar exonerados en caso de no serles comprobada ninguna acusación o tener una pena privativa de la libertad en caso de encontrarse culpables de 15 a 20 años. Además, quienes reconozcan tardíamente la verdad tendrán hasta 8 años de pena privativa de la libertad o de restricción de esta.

Adicionalmente todos los que se hayan acogido a estas medidas deberá contribuir a la reparación por medio de diferentes mecanismos, entre estos el desminado, la reconstrucción de pueblos hostigados por la guerra, sustitución de cultivos ilícitos, entre otros. Es importante precisar que ninguna de las medidas tomadas por el tribunal conllevará a una restricción de los derechos políticos.

El tribunal recibirá los procesos que se adelanten en la Fiscalía o demás órganos de control y justicia. De la misma manera el tribunal podrá apoyarse en la Fiscalía para la realización de las investigaciones necesarias en los procesos que este adelanta. El componente de justicia del acuerdo absorberá la competencia exclusiva sobre las conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa con el conflicto armado.

Por último, la Sala de Amnistía e Indulto será la encargada de determinar quiénes pueden o no ser sujeto de estas. El acuerdo explícitamente establece que delitos los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes, privaciones graves de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento, otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores no pueden ser amnistiables.

Los delitos que podrán ser sujeto de amnistía serán aquellos relacionados con la rebelión y conexos con los delitos políticos. Este criterio de conexidad se manejará desde tres perspectivas. En primer lugar, se podrán entender como delitos conexos todos aquellos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado. En segundo lugar, pueden ser aquellos delitos en los que el Estado y su régimen constitucional es el sujeto contra el que se pretende llevar a cabo el delito. En tercer lugar, pueden ser delitos conexos las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. En este último caso puede contarse el narcotráfico como delito conexo. Para por ejecutar todo lo anterior, el gobierno deberá tramitar una ley de amnistía que establezca una lista taxativa de delitos sujetos de amnistía e indulto.

Análisis:

José Olimpo Suárez Molano: Filósofo, Magíster en Filosofía de la Universidad de Lovaina, Doctor en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB.

Existen dos criterios importantes para analizar el punto quinto se los acuerdos de La Habana. El primero es sobre la noción misma de justicia transicional. En Colombia, hoy estamos todos felices con la justicia transicional, algunos defensores de esta propuesta la han llamado “la nueva justicia universal” y afirman que es un modelo inédito, que nunca se había visto algo así, y que Colombia va a pasar a la historia como el gran ejemplo de justicia transicional. Sin embargo, la justicia transicional es una justicia política y es transicional; política significa que la justicia transicional no existe como una doctrina actualmente, pues, no son sino una serie de consideraciones que poderosas ONG europeas y norteamericanas han venido desarrollando para tratar de enfrentar graves conflictos. Graves, significa que se aplican en Estados que no han podido resolver su condición de Estado.

En otras palabras, la justicia transicional se aplica donde ha habido una guerra civil de tremendas condiciones o una violación sistemática y masiva de los DDHH. En esos Estados lo que se ha propuesto es una justicia transicional para reparar los daños y volver al estado inicial, eso es justicia transicional.

En segundo lugar, que sea una justicia política significa que no es una justicia para buscar la justicia. Por eso la gran tensión que existe entre la justicia y la paz. En Colombia introdujimos alegremente la idea de justicia transicional, y sobre ella hemos montado los tribunales de justicia y todo el aparataje que se va a construir alrededor de ella. Leyendo con alguna atención el punto quinto de los acuerdos he considerado algo importante, y es que el principio democrático es fundamental para hablar de democracia, y que, si este se viola, se viola la democracia.

El principio democrático se puede establecer así: la única fuente legítima del constitucionalismo moderno es el constituyente primario. Si la Constitución se modifica, solamente se puede modificar bajo procesos en los cuales el constituyente primario intervenga directamente. Hasta donde yo veo, el Acuerdo que lograron las Farc y el Gobierno del presidente Santos, y que hoy se va a establecer como un acuerdo entre partes iguales, y que va a implementar la Jurisdicción Especial para la Paz por encima de la Constitución, violará el principio democrático. Porque es coger la Constitución, y colocarle muy hábilmente en un parágrafo especial una jurisdicción que estará por encima de todas las jurisdicciones posibles que ha creado la Constitución colombiana. Eso es violar la Constitución, o superarla, o transformarla, porque basta con mirar los acuerdos y preguntarse, ¿los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz a quién le rinden cuentas? ¿A quién están sometidos? A nadie, ni siquiera a la Corte Constitucional, o sea, la corte suprema del ordenamiento jurídico de la Constitución de 1991.

Esta situación es preocupante y deja muchas dudas. El doctor De La Calle y el doctor Jaramillo han dicho, por su parte, que eso no es verdad, que la refrendación política para el próximo dos de octubre va a decir que el pueblo sí aceptó la Jurisdicción Especial para la Paz, y que por ello el acuerdo hace parte de la Constitución. Aquello son meras interpretaciones, hermenéutica política o hermenéutica del derecho. Se debe descreer de esas estrategias tan sutiles y tan acomodaticias en el mundo del derecho y de la política.

David Baquero: Abogado. Candidato a Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Salamanca. Docente de EAFIT

Gran parte de los debates sobre el proceso de paz tienen un origen común: pasar por alto (con mala intención o sin ella) el hecho de que estamos ante una negociación.

Parece simple, evidente, pero por algún motivo que escapa a mi entendimiento, basta con empezar a leer o discutir los acuerdos, para que se difumine la idea de que surgieron de una negociación y, con esta, se esfume todo el contexto de lo acordado.

Este problema es, si se puede, especialmente álgido con el tema de la justicia, porque esta entraña un elemento ideal de convivencia que riñe con cualquier tipo de componendas y acuerdos; es decir, justicia negociada no es justicia. Esta posición maximalista, instalada en el mundo de las ideas, cierra todas las puertas, niega toda posibilidad de cambio y proceso de perfeccionamiento.

Los colombianos tenemos dos opciones: una es quedarnos inmóviles ante la evidencia de nuestra imposibilidad de tener una legalidad platónica; la otra es que, bajo la rectitud de nuestras intenciones, busquemos mejorar el estado de las cosas de manera utilitaria. Y en esas estamos.

Lo que se plasma en el punto cinco del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc, es una propuesta para una justicia imperfecta, pero que de ninguna manera conduzca a la impunidad.  El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), responde a retos increíbles. Propone cosas interesantes, empezando por el hecho de que, al crearla, el Estado intrínsecamente reconoce su participación en el conflicto, lo cual implica una gran dosis de refrescante realismo y propósito de enmienda.

Se crea un tribunal al que todos los actores del conflicto están llamados y que dará beneficios a quienes ofrezcan verdad, reparación y garantías de no repetición; de lo contrario, se activará el sistema ordinario de justicia y sus penas.

Y es que los retos para lograr este punto de la negociación, no eran menores: poner a las víctimas en primer plano; crear un sistema de justicia transicional negociado, que satisficiera los requerimientos del Estatuto de Roma en lo que se refiere a delitos de lesa humanidad, y contribuir a la reconciliación a largo plazo, evitando asimetrías en el trato a los terceros, a los guerrilleros y a las fuerzas del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado.

El resultado del punto cinco del acuerdo respeta un fino equilibrio entre justicia, verdad, futuro, pasado, víctimas y verdugos, en el orden nacional e internacional. Es evidente que un sistema que cumpla con estas premisas tendrá detractores, pero alienta el hecho de que sean los maximalistas de distintas vertientes los que alzan sus voces y no el grueso de las víctimas. Llegará el momento en el que valoremos el trabajo de la Comisión Negociadora por su aporte al servicio de una nueva Colombia.

 

certram

Entrevistas

analecta

Contacto

Campus de Laureles
Circular 1 No. 70-01 - Bloque 12
Medellin - COLOMBIA
Teléfono: (57 4) 354 45 34 - 354 45 36
E-mail: cepri@upb.edu.co