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Jueves, 29 Septiembre 2016 15:24

Análisis de los Acuerdos de la Habana: Quinto punto: Acuerdo sobre Víctimas y Justicia

MARIA ALEJANDRA AGUDELO* | SEP 20 DE 2016

El punto quinto de los Acuerdos de La Habana establece dos ejes constitutivos básicos: primero, la creación de un Sistema Integral enfocado a la reparación de las víctimas, y, segundo, la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz encargada del enjuiciamiento de los crímenes y la materialización de la justicia. Dados los efectos pedagógicos de este ejercicio, se ha optado por dividir en dos el punto quinto del acuerdo con el ánimo de facilitar a nuestros lectores una mejor comprensión de su contenido. Aquí el análisis sobre las Víctimas.

A continuación, se dará cuenta del punto específico sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la parte del Acuerdo Final que trata sobre las Victimas del Conflicto, entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Inicialmente, el Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y sobre la premisa de no intercambiar impunidades.

Para cumplir con este propósito y avanzar en la lucha contra la impunidad, el Sistema Integral combina mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en los términos que establece la Jurisdicción Especial para la Paz, con mecanismos extrajudiciales complementarios.  

El Sistema Integral tiene un enfoque diferencial y de género, que responde a las características particulares de la victimización en cada territorio y cada población, y en especial a las necesidades de las mujeres y de los niños. Además, hace especial énfasis en las medidas restaurativas y reparadoras, y pretende alcanzar justicia no sólo con sanciones retributivas, sino también garantizando la seguridad jurídica de quienes se acojan a las medidas de justicia, como elemento esencial de la transición a la paz. En este mismo sentido, el éxito del Sistema Integral dependerá, en gran medida, de que encuentre una amplia aceptación de la sociedad.

Las medidas y los mecanismos del Sistema deberán responder a los siguientes objetivos: la satisfacción de los derechos de las víctimas; la rendición de cuentas, mediante el establecimiento de responsabilidades que deberán asumir los combatientes y no combatientes por las graves violaciones en razón del conflicto armado; la no repetición, para impedir la revictimización, afianzar la terminación del conflicto e impedir el surgimiento de nuevas formas de violencia; al enfoque territorial, diferencial y de género, mediante el tratamiento diferenciado de espacios y poblaciones;  a la seguridad jurídica, mediante el cumplimiento de las condiciones del Sistema Integral con las garantías del debido proceso; a la convivencia y reconciliación, mediante la construcción de confianza en el otro a partir de trasformaciones positivas; y a la legitimidad, respondiendo a las expectativas de las víctimas y a las obligaciones del Estado colombiano.

Asimismo, el Sistema Integral estará compuesto por los siguientes cinco mecanismos: una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición que será un órgano temporal y de carácter extrajudicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones, promover el reconocimiento de las víctimas y fomentar la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición; una Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la cual será de carácter humanitario y extrajudicial, su objetivo será contribuir y coordinar las acciones de búsqueda e identificación de todas las personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entrega digna de restos, resaltando que estas no podrán sustituir, ni impedir las investigaciones judiciales; una Jurisdicción Especial para la Paz que estará constituida por una serie de salas de justicia, para administrar, investigar, y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario; medidas de reparación integral para la construcción de la paz, las cuales buscan asegurar la reparación integral de las víctimas, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición; y por último, garantías de No repetición que son el resultado de la implementación de todas las anteriores medidas y mecanismos.

En relación con lo anterior, se debe que aclarar que como parte del Sistema Integral encontramos el punto de Verdad compuesto por los dos primeros mecanismos: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

En lo que se refiere a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, deberá cumplir tres objetivos fundamentales, que en su conjunto contribuyen a la no repetición: en primer lugar, contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación de la complejidad del conflicto, para que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad. En segundo lugar, promover y contribuir al reconocimiento. Y por último, promover la convivencia en los territorios, para lo cual serán creados espacios en los que las víctimas se vean dignificadas por medio de reconocimientos individuales y colectivos de la responsabilidad.

Es necesario precisar que en su mandato, la Comisión deberá esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en particular aquellas que reflejan patrones o tengan un carácter masivo; las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo al gobierno, de las FARC-EP, de los paramilitares, o de cualquier otro grupo que haya tenido participación en el conflicto, por las prácticas antes mencionadas; el impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; el impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto; el impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos; del contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto; los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto; el desarrollo del conflicto, en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad; el fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes y formas de manifestarse, así como el impacto de sus actuaciones en el conflicto; y el desplazamiento y despojo de tierras con ocasión del conflicto y sus consecuencias.

Para el cumplimento de este mandato la Comisión tendrá como funciones:

  • Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, como audiencias públicas de temáticas, situaciones o casos emblemáticos, con el fin de escuchar las diferentes voces de las víctimas. Esos espacios podrán incluir escenarios de discusión y reflexión para quienes hayan participado en el conflicto, y que permitan actos de reconocimiento de la responsabilidad.
  • Elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos y refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del mandato. Dicho informe será presentado de manera oficial mediante un acto público a las ramas del poder político y al conjunto de la sociedad colombiana.
  • Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo de los medios de comunicación, para dar cuenta de los avances y desarrollos.
  • Adoptar medidas para el archivo de la información recolectada en el marco de sus funciones, y al término de su mandato tomar las medidas necesarias para su conservación.

La comisión estará conformada por 11 comisionados. Para su selección se pondrá en marcha un procedimiento de postulación que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia a toda la sociedad colombiana y en particular a las víctimas. Su presidente deberá ser colombiano y será elegido de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La comisión tendrá una duración de 3 años incluyendo la elaboración del informe final, y durante este tiempo el Gobierno se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de la Comisión, del tal forma que pueda cumplir plenamente con su mandato.

Por su parte, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas (UBPD) en el contexto y en razón del conflicto, es el resultado de lo acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP con el fin de establecer lo sucedido a las personas dadas por desaparecidas como resultado de acciones de Agentes del Estado, de integrantes de las FARC-EP o de cualquier otra organización; y de poner en marcha una unidad especial de alto nivel, con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas.

La UBPD dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de las acciones humanitarias, encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, la identificación y entrega digna de los restos de las personas. Además, la Unidad entregará a los familiares un reporte oficial de información que haya logrado obtener sobre lo ocurrido a la persona, y cumplirá las siguientes funciones: recolectar toda la información necesaria para establecer el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto; fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de restos en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; coordinar y adelantar los procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de los restos; y elaborar e implementar un registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

Finalmente, dado que el conflicto armado tiene múltiples causas, y ha ocasionado sufrimiento y daño a la población, uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular es que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto. De este modo, en el marco de los Acuerdos de Paz, ningún mecanismo del Sistema Integral primará sobre otro, cada mecanismo deberá cumplir su función principal de la manera más ágil posible y sin duplicar aquellas de otros mecanismos.

Análisis: 

Gina D’Amato: Magíster en Desarrollo Rural. Exdirectora de Desarrollo Turístico de la Gobernación de Antioquia. Trabajó para al Programa Preparémonos para la paz en la gobernación de SegioFajardo. Actualmente se desempeña como directora de la fundación Mariana Orth, que trabaja por la educación.

He estado involucrada en procesos de construcción de paz y desarrollo rural en mi ejercicio profesional. Desde mi experiencia, considero que lo pactado en el Acuerdo en relación con las Victimas, es una victoria en el reconocimiento y dignificación de la población víctima en Colombia. Un país que ha negado el conflicto, que ha homogenizado y minimizado el impacto de este en sus comunidades; hace en el Acuerdo un giro interesante al nombrar, diferenciar y reconocer a las Victimas. El aparte de víctimas abre espacio para que surja "la verdad", primer paso para la reparación y restauración de derechos. Así mismo permite trabajar sobre la memoria con un horizonte de no repetición.

Sofía Gaviria Correa: Senadora. Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado. Codirectora del Partido Liberal

Las víctimas integradas en la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), desde un principio, le hemos apostado a una salida negociada al conflicto.  Por eso, redactamos un listado de nuestros «impajaritables»: 33 peticiones en aras del buen suceso del proceso de paz. Hace ya más de un año y diez meses que lo entregamos en persona al doctor Humberto de la Calle y, sin embargo, todavía no hemos recibido respuesta.  Posteriormente, propusimos un referendo que nos permitiera participar de fondo sobre los acuerdos, pero, otra vez, no fuimos escuchados.

La responsabilidad que me da el representar a las 43.000 víctimas congregadas en esta federación me exige asumir una posición especial de respeto e independencia para garantizar la autonomía absoluta de las víctimas en la decisión sobre el plebiscito. Cuando, al hablar del mismo, he defendido mi derecho constitucional al voto secreto, lo he hecho explicando que este, al mismo tiempo, debe ser un voto informado, libre y sin miedo. Esto último pensando en las muchísimas víctimas, especialmente las que habitan en el campo, que se encuentran expuestas no sólo a una retaliación violenta de los diferentes actores armados, incluidas las Farc, sino también a que su actitud independiente o negativa frente al plebiscito vaya a ser castigada con una negación de su derecho sagrado a una reparación.

Una vez revisado el acuerdo,  me preocupa profundamente, entre otras cosas, que, en el punto específico sobre Víctimas, se reitere permanentemente la palabra «reconciliación».   El perdón, y sobre todo la reconciliación, que tan manidamente se han utilizado en este proceso, dependen de un ejercicio individual y libre de cada persona, pero jamás deben ser una obligación de las víctimas, mucho menos cuando los victimarios no hacen acto de contrición. Me inquieta pensar que las víctimas, especialmente las de las Farc, puedan ser revictimizadas cuando, en el acuerdo, se explica que la reconciliación es casi un medio para la reparación. En un escenario democrático, el derecho y la convivencia ciudadana tienen que ver con la subordinación a la ley, pero nunca con los sentimientos de los ciudadanos, especialmente con los de dolor y de distanciamiento legítimos, producidos por el daño infligido por parte de los victimarios.

Por lo demás, es claro que este acuerdo no llevará a la terminación definitiva del conflicto, ni a una paz estable y duradera, como dice la pregunta del plebiscito, mientras no vinculemos a todos los actores que hacen parte del conflicto.  Y este es el momento de hacerlo, gracias, en buena parte, a que el presidente Santos se la ha jugado por este proceso y ha logrado crear un clima generoso en la sociedad, para abrir todas los espacios a quienes desde la absoluta ilegalidad han mantenido a este país en el dolor.

La sociedad está cansada de la violencia y las víctimas muchísimo más.  Y, si ahora vamos a hacer este esfuerzo de renunciar al derecho a una justicia ordinaria, este debería beneficiar no solo a las Farc, sino a todos los actores violentos, para que, a través de un pacto por la legalidad, léase constituyente o «borrón y cuenta nueva», podamos efectivamente garantizar la apertura de un sendero hacia la paz.

Los colombianos debemos aprovechar el clima de esperanza actual, para fundar un país nuevo. Como dice la Biblia: “Nos hartamos de andar por sendas de iniquidad y perdición, de atravesar desiertos intransitables”.

Beatriz Eugenia Campillo Vélez – Politóloga. Magister en filosofía. Docente de la Universidad Pontificia Bolivariana.

 Sin lugar a dudas el punto sobre víctimas es de gran importancia y creo que debió ocupar un lugar aún más prioritario en los acuerdos, pues antes de hacer exigencias es deber pedir perdón a las víctimas (especialmente civiles), de allí que tanto el resarcimiento de ellas, como la entrega de armas a manera de compromiso de no repetición, eran dos elementos cruciales para empezar a hablar de justicia y negociar rebajas de penas. No tanto entrar a debatir la organización general del Estado, ni mucho menos las tareas que a este por obligación constitucional le corresponde cumplir. En mi concepto considero que hizo falta un mayor trabajo en este punto víctimas, y lo sintetizo en las siguientes 5 razones:

1. No se ha evitado la revictimización: Desde los mismos encuentros en la Habana hemos visto que no todas las víctimas han sido tomadas en cuenta, algunas de ellas eran claramente inconvenientes y sus voces fueron silenciadas en un acto de clara “revictimización”. Aquella víctima que no seguía el discurso que se esperaba aparecía estigmatizada, el caso más conocido fue el del General Mendieta. En este sentido hay que tener claro que cuando se hace un daño lo que se rompe es la confianza, y volverla a construir cuesta y debe ser algo que el victimario se gane. Llama la atención que en estos procesos se le pide mucho más a la víctima que al victimario, a la primera le pedimos no solo que elabore su duelo sino que además le exigimos que por arte de magia perdone a este último (que ni siquiera le ha pedido perdón), so pena de ser considerada como “inhumana” sino lo hace; mientras que al victimario, ni siquiera le exigimos que pida perdón, y casi que le agradecemos el solo hecho de que deje de amenazarnos aunque le tengamos que entregar algo a cambio. Hay sin duda un desbalance que afecta a las víctimas.

Ahora, las víctimas no son cuestión del pasado. En este mismo sentido se ve con preocupación cómo el programa radial “las voces del secuestro” de Caracol radio que por más de 22 años sirvió de canal de comunicación de las víctimas de este conflicto va a desaparecer justo el 2 de octubre día en el que se votará el plebiscito, a pesar de que su conductor Herbin Hoyos ha denunciado que todavía hay 419 secuestrados a manos de las FARC y más de 100 en poder del ELN. De la misma manera el periodista ha denunciado el reclutamiento de menores, pues mientras que se han hecho entregas, estas no dejan de ser simbólicas y con una finalidad mediática, pues los testimonios apuntan a que hay muchos más en los campamentos. Estos dos temas particulares, secuestrados y menores reclutados, son dos grandes ausentes en materia de víctimas. Sin contar otros tantos fenómenos, pero preocupa sobremanera que estos crímenes de lesa humanidad sean silenciados en medios, incluso antes de entrar en vigencia los acuerdos. ¿cómo hablar de “verdad” si las voces que cuestionan y denuncian son silenciadas?, ¿quién hablará de estas nuevas víctimas?, ¿caminamos hacia una dictadura que violenta la libertad de expresión?

2. No hay penas efectivas: A las víctimas lo que cabe exigirles que no hagan justicia por mano propia sino que confíen en que el Estado lo hará porque esa es su función, sin embargo, eso es difícil que se dé cuando expresamente se dice en los acuerdos que no habrá cárcel para “infracciones muy graves” (p.147), y se pretende abrir una puerta amplia a la amnistía calificando la mayoría de actuaciones como delito político o con conexidad a este; como la discusión que existe en torno al narcotráfico, olvidando que las FARC no solo han financiado una “rebelión”, sino también actos terroristas contra población civil. Adicional a ello cabe destacar que en este punto se cumple un deseo que los narcotraficantes tenían desde los carteles de Medellín y Cali, y es que se elimina la extradición (p.150), olvidando también que las víctimas de las FARC no son solo colombianos, ni todo ha ocurrido en nuestro territorio.

Así mismo tampoco es justo que en la página 152 se señale que "Los comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podrán presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. En dicho proyecto se indicarán obligaciones, objetivos, fases temporales, horarios y lugares de la ejecución, así como las personas que los ejecutarán, y el lugar donde residirán. Las sanciones impuestas por el Tribunal pre-establecerán los lugares donde residirán las personas que ejecutarán los proyectos. Los lugares donde residirán tendrán condiciones apropiadas de habitabilidad y dignidad”. Cuando estos proyectos deberían ser una forma de ayudar a las personas a reinsertarse a la vida civil, pero después de pagar sus penas carcelarias, no que ello sean sus penas. La justicia también hay que pensarla en relación a quienes están hoy pagando penas privativas de la libertad, pues en las cárceles colombianas hay muchos presos por delitos "menores" o iguales a los cometidos por las FARC a quienes esta oportunidad no se les da. Eso sin contar las condiciones inhumanas en las que viven los reos actualmente debido a la sobrepoblación carcelaria.

3. Falta responsabilidad: Hace falta que las FARC asuman responsabilidad de sus actos atroces, y eso no solo implica el pedir perdón (un elemento bastante ausente en los acuerdos), sino también asumir compromisos tangibles. Por ejemplo, se habla de resarcir a las víctimas, pero en ninguna parte se habla del compromiso expreso de las FARC para hacerlo, nunca se habla de sus riquezas, de sus propiedades y si los colombianos tenemos que resarcir con los impuestos, estamos finalmente poniendo a muchas víctimas a autoresarcirse. Hay que llamar la atención en que se habla mucho de responsabilidades colectivas, lo cual sigue siendo etéreo, pues caemos en la lógica del traslado de la culpa “Si todos somos culpables, nadie es culpable”.

4. ¿Jueces y parte? Resulta injusto que los acuerdos solo se hayan pactado con un actor armado, pero cuando se pide rendir cuentas si se habla de involucrar a todos los actores que directa o indirectamente hubieran participado en el conflicto. Como tampoco se comprende bien cómo alguien que va a ser juzgado participe en las discusiones sobre “los criterios y mecanismos de selección y nombramiento de los Magistrados de Salas y Secciones, los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación y de la Secretaría Ejecutiva”, (p.149), algo que debería ser privativo de la autoridad, del Estado. En diferentes momentos pareciera que al conflicto se le da tratamiento de “guerra civil”, como si 50% de los colombianos estuvieran representados por el gobierno nacional y el otro 50% por las FARC, escenario que es falso, a las FARC se les está otorgando una legitimidad y una representatividad que nunca en la historia han tenido, en el acuerdo no solo se le trata como “alta parte contratante”, sino que se abre la puerta a equiparar sus actuaciones a las de la fuerza pública. Y hay que recordar que la amnistía no aplica para estos últimos, pues no pueden cometer delitos políticos, de allí que los soldados condenados incluso estarían en desventaja.

5. Ideología de género: Es importante mencionar que de este punto de víctimas se desprendió la propuesta de incluir al Papa Francisco para que fuera elector de Magistrados, algo que el Vaticano sabiamente rechazó. No obstante, es de resaltar que la propuesta en sí misma no tiene sentido en un Estado secular, y es sospechoso que lo hayan propuesto justo los que más han criticado las intervenciones de la Iglesia, sin embargo esto tiene una explicación desde la estrategia de distracción, pues mientras se jugaba con la figura del Papa con el fin de conseguir votos en un país eminentemente católico, al mismo tiempo en este punto de Víctimas se introdujo la Ideología de género como “deber del Estado”, una ideología que ataca temas de vida, familia, y particularmente la libre educación de los hijos (Ver pág.167). Llama la atención cómo un grupo como las FARC que han atropellado tanto a la mujer, ahora asumen el papel de defensores. ¿Será que también se hablará de las víctimas de abusos sexuales y de aborto?, ¿se darán pronunciamientos sobre las víctimas que tienen en sus propias filas?

*Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB

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