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Lunes, 05 Septiembre 2016 11:16

Análisis de los Acuerdos de La Habana: Segundo punto: "Participación política"

 

ANDREA CANO MUÑOZ* | SEP 5 DE 2016

El CEPRI analiza punto por punto los Acuerdos de La Habana. Incluye una síntesis de lo acordado y el análisis, a favor y en contra, de los profesores Rafael Grasa y Rafael Nieto. 

El Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que la construcción y la consolidación de la paz debe ir acompañada de una ampliación democrática que permita el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político, fortaleciendo el pluralismo y la representación de los diferentes intereses de la sociedad con las garantías pertinentes para la participación y la inclusión política. Así, la implementación del acuerdo contribuirá a la ampliación de la democracia puesto que implica la dejación de las armas y el uso de la violencia como método de acción política.

El incremento de la participación democrática será llevado a cabo bajo la implementación de una serie de garantías, a saber: una distribución más equitativa de los recursos públicos que son destinados a partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia en el proceso electoral, un fortalecimiento de las garantías para aquellos ciudadanos que hacen parte de partidos y movimientos políticos, un espacio otorgado a la participación ciudadana en la discusión de planes de desarrollo y políticas públicas, y nuevos espacios de difusión.

Igualmente, se resalta la importancia de que aquellos territorios que hayan tenido mayor afectación por el conflicto y el abandono estatal posean una mayor representación en el Congreso de la República, asegurando así una inclusión política y la encarnación de sus intereses. De esta manera, será necesario el reconocimiento de la oposición que ejercen tanto los partidos como los movimientos políticos, y las garantías del pleno ejercicio de derechos y libertades de las organizaciones y movimientos sociales para que estos hagan voz de sus demandas.

En consonancia con dichas garantías, el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política el cual tiene como centro la persona, y se basa en los principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos. Además, se comprometerá a neutralizar cualquier fuente de violencia contra quienes ejerzan la política y asegurará el no resurgimiento de grupos paramilitares.

Ahora bien, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, y de otras actividades que puedan realizar organizaciones y movimientos sociales, que permitan un seguimiento y apoyo oportuno, y que fomenten la difusión oportuna de los procesos que resulten del presente acuerdo; así, dará paso a nuevas convocatorias para la adjudicación de radios comunitarias, promoverá la capacitación técnica de los trabajadores de los medios comunitarios, abrirá emisoras y canales institucionales con el fin de la divulgación del trabajo de movimientos y organizaciones sociales , y financiará la producción y la divulgación de contenidos que fomenten una cultura de paz.

Por otro lado, con el fin de asesorar y acompañar al gobierno en el desarrollo del diseño y ejecución de un programa de reconciliación, en la promoción por el respeto a la diferencia y las labores realizadas en pro de la construcción de paz, se creará un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia integrado por representantes del Gobierno, el Ministerio Público, designados de los partidos políticos, gremios, campesinos, la iglesia, entre otros, así como Consejos para la Reconciliación a nivel territorial. Igualmente, se realizará una capacitación a funcionarios públicos y líderes para garantizar la no estigmatización, y se crearán programas para la aprobación del acuerdo así como campañas para la divulgación de una cultura de paz.

Con el fin de fomentar el control y la veeduría ciudadana, el Gobierno Nacional establecerá un plan de apoyo para crear y promover veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, garantizará el apoyo al plan nacional de veedores que promocione cada comunidad e implementará mecanismos de información en todos los niveles territoriales que sean de fácil acceso. También, creará un mecanismo para la atención y trámite de denuncias o alertas de los ciudadanos y fortalecer la participación de los ciudadanos en la elaboración y ejecución de los procesos de planeación y presupuestación.

En cuanto al tránsito de organizaciones políticas y movimientos sociales hacia su constitución como partidos o movimientos, se realizarán cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven la personería jurídica. Algunas de estas medidas serán obtener y conservar la personería jurídica de los partidos y movimientos por el número de afiliados. También, se diseñará un sistema de adquisición de derechos para partidos y movimientos según su desempeño electoral y se incorporará un régimen de transición por 8 años, que incluya financiación y divulgación de programas para estimular y promover a los nuevos partidos y movimientos políticos que surjan. Igualmente, se incrementará el porcentaje que se distribuye por partes iguales a los partidos o movimientos políticos, se aumentará el fondo de financiación para los mismos, y se ampliarán los espacios de divulgación del programa político de aquellos con representación en el Congreso.

Asimismo, se creará una misión electoral que entrará en funcionamiento inmediatamente después de la firma del acuerdo final y, en un plazo de hasta 6 meses, presentará sus recomendaciones. Sobre la base de estas, se harán los ajustes normativos e institucionales necesarios.

Con respecto a las zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección del mismo número de representantes a la Cámara, de manera temporal y por dos periodos electorales. Dichas circunscripciones contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos, además, con financiación especial y acceso a medios regionales. El voto en estas zonas por estos candidatos no afecta su derecho a participar en las elecciones ordinarias.

Finalmente, el Gobierno Nacional se compromete a habilitar un canal institucional de televisión cerrada orientado a partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para divulgación de sus plataformas. Este canal también servirá para divulgación del trabajo de organizaciones y movimientos sociales, promoción de una cultura de paz, respeto a las mujeres,  y avances de la implementación de este acuerdo.

Análisis a favor: 

Rafael Grasa – Profesor Universidad Autónoma de Barcelona. Ex Director del ICIP. Doctor en Filosofía. 

El apartado de participación política del Acuerdo Final forma parte del núcleo duro argumental de lo acordado. Se ha puesto fin a la guerra, requisito inicial para construir paz, y se ha puesto en el centro a las víctimas. Y ello se ha hecho cambiando botas por votos: poniendo en el centro, en el presente y en el futuro la política, contexto en el que lograr espacios para eventuales transformaciones, y dejando de lado la violencia directa.  Para ello, era necesario centrarse en las causas originarias de la fase armada del conflicto: la tierra y el desarrollo rural, causa fundante, y un sistema político no incluyente, que no permitía, subjetiva y objetivamente, resolver el problema de la tierra mediante la participación en el sistema.

Objetivamente, el punto sirve para tres cosas. Primera, para introducir e ir anclando a las FARC en el sistema político, convertidas en partido o movimiento que renunció a la insurrección armada. Segundo, para dar garantías de participación y de seguridad a ese nuevo grupo, y de paso, a los movimientos sociales, desarrollando básicamente puntos de la Constitución vigente, como el Estatuto de la oposición y más y mejores formas de participación en la política, desde la ciudadanía y la sociedad. Y tercero, a futuro, como germen de cambio del sistema político y de partidos, algo que claramente impulsará el fin del umbral del 3% pactado en el Acuerdo.

Análisis en contra:

Rafael Nieto Loaiza - Abogado. Especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Ex Viceministro de Justicia.

Aceptar que las FARC participen en política es un costo asumible si estas dejan de matar.  Sin embargo, sobre esta premisa, es  posible hacer algunos comentarios puntuales en relación a los beneficios políticos que se establecen en el acuerdo final para la terminación del conflicto.

El primero hace referencia al hecho de que se permita a quienes cometieron crimines de guerra y lesa humanidad participar en política sin restricciones. Cabe recordar que la Constitución establece que no pueden ser electos en cargos de elección popular las personas que hayan sido condenadas por delitos comunes; así, no solamente se da vuelta a esa restricción constitucional, sino que se elimina del todo, para permitir que los responsables de los delitos más atroces posibles puedan ser elegidos en cargos de elección popular. Se podría permitir que los miembros de la FARC que no fueran responsables de tales faltas internacionales pudiesen hacer política, pero que lo puedan hacer los responsables de los crimines más atroces parece excesivo.

El segundo punto que se estableció es un mecanismo por ocho años, en virtud del cual las FARC tendrán derecho a cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos periodos legislativos consecutivos. Esas curules pueden ser ocupadas por criminales internacionales, y representan más curules que las que tienen hoy la izquierda democrática, el Mira o incluso La Alianza Verde, ¿tiene sentido que en una democracia se le entregue a los criminales internacionales curules a dedo sin necesidad de que sean elegidos?

El tercer elemento establece 16 circunscripciones especiales en las zonas de conflicto donde han hecho presencia las FARC. Esas circunscripciones no se han delimitado, pero se sabe que son aquellas zonas de influencia guerrillera, las cuales serán determinadas conjuntamente. Eso significa que las FARC podrían tener hipotéticamente las curules que se asignan a dedo, y además, 16 adicionales con movimientos de agrupaciones que le sean afines en esas zonas de influencia de las nuevas circunscripciones. Se debe advertir que en esas circunscripciones nuevas no podrán participar los movimientos y partidos políticos que ya existen. Gracias a la influencia de las FARC en dichos territorios, no es por tanto irracional pensar que en esas zonas tendrán capacidad para influir en esos nuevos movimientos y grupos.

El cuarto punto se refiere a que los ciudadanos de esas circunscripciones tendrán doble voto. Podrán votar para elegir los representantes de esas 16 circunscripciones y los representantes del departamento en el cual estén situadas dichas circunscripciones.

Tendrán la posibilidad de elegir los representantes de su departamento y un representante más en la circunscripción especial, es decir, su voto vale más que el resto de los ciudadanos, pero además, como esas circunscripciones pueden ser menores que el departamento, los representantes elegidos lo serán con muchos menos votos de los que se necesitan en cualquier otra parte del país. Esos ciudadanos tienen una capacidad de representación política  mucho mayor que la de un ciudadano común y corriente.

El quinto punto es que, además, se le entregará a las FARC el 15% del presupuesto asignado anualmente por el Estado para todos los partidos políticos. En otras palabras, el movimiento de las FARC recibirá más ingresos sin haber ganado un solo voto (y sin que los tenga que ganar) que el Polo Democrático, el MIRA y la Alianza Verde juntos, por ejemplo. Y, en relación con el presupuesto de este año, solo tendrían más apoyo estatal el Partido Liberal y el Partido de la U, los miembros de la Unidad Nacional. Eso significa una ventaja enorme, que es aún mayor si se sabe que en el acuerdo no se obliga a las FARC a entregar todos los bienes adquiridos ilícitamente.

El quinto punto se refiere al financiamiento que les hará el Estado para el establecimiento de un centro de pensamiento, lo que debe sumarse al 15% ya señalado arriba. Además, tendrán 31 emisoras comunitarias a lo largo y ancho del país, y una participación activa en un canal institucional que se va a crear para el mismo efecto; es decir, a la multimillonaria suma de dinero que van a recibir las FARC, mayor que la de todos los políticos actuales sólo superada por el Partido Liberal y el Partido de la U, habrá que sumarle los recursos del centro de pensamiento y los que tendrán en medios de comunicación. Así las cosas, lo que parece claro es que las ventajas de las FARC para participar en política son excesivas.

El mensaje que se entrega a la población es realmente malo, no solamente porque se premia al asesino, sin ningún tipo de restricción, sino porque además se le da unos beneficios que un ciudadano del común, que nunca ha delinquido, jamás recibirá. El mensaje ético y pedagógico parece claramente equivocado.

* Estudiante Facultad de Ciencias Políticas de la UPB.  

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