logo cepri
logo upb
Lunes, 12 Septiembre 2016 11:38

Análisis de los Acuerdos de La Habana: Tercer punto: "Fin del conflicto"

Análisis de los Acuerdos de La Habana: Tercer punto: "Fin del conflicto" Fuente: El País

ISAAC CORREA ESCOBAR* | SEP 12 DE 2016

El CEPRI analiza punto por punto los Acuerdos de La Habana. Incluye una síntesis de lo acordado y el análisis de la profesora de la UPB Cristina Echeverri Pineda y de la Senadora del Centro Democrático Paola Holguín Moreno. 

Este acuerdo tiene como objetivo abordar tres temáticas paralelamente: (1) Cese al fuego, (2) dejación de las armas y (3) fin del conflicto. Para esto es ambas parte consideran de vital importancia los temas de participación política y ciudadana con garantías de seguridad, el respeto de la dignidad humana, la protección de los derechos y libertades y una cultura que proscriba la utilización de armas para el acceso de la vía política y en él que primen los valores democráticos. Todo lo anterior con el propósito de garantizar que no haya repetición de los conflictos que dieron origen al enfrentamiento armado en Colombia. Por medio del planteamiento de una ruta de desarme, el acuerdo procura la creación condiciones necesarias para que las FARC-EP puedan reincorporarse  a la vida civil.

La implementación de este punto fija un protocolo que consiste en: El monitoreo y la verificación, los dispositivos que delimiten las zonas verdales y los campamentos  (asegurando la seguridad para el desplazamiento y la estadía en la Zonas Veredales), el transporte, manipulación, almacenamiento y control del armamento y la disposición final de las armas.

Esto se controlará a partir de un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), que consiste en un componente de tipo técnico, eficiente y ágil, que cree condiciones de credibilidad y confianza. Está compuesto por una estructura tripartita, integrada por miembros del Gobierno Nacional, de las FARC-EP y observadores internacionales como la ONU (que serán los encargados de dirimir controversias).

Con el fin de garantizar el cese al fuego y de hostilidades bilaterales y de manera definitiva (CFHBD), la dejación de armas (DA) y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, se crearán 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)  y 8 campamentos. El día D+1 las fuerzas públicas organizarán las Zonas Veredales y el tránsito hacia ellas, y el día D+5 iniciara el desplazamiento de los miembros de la FARC-EP a estas ZVTN y campamentos. Dentro de estas zonas se garantiza la aplicación del Estado Social de Derecho, por lo cual las autoridades civiles procederán sin ningún tipo de restricción, ningún ciudadano civil podrá ingresar a los territorios. Mientras estén funcionando estas zonas, los dirigentes de las FARC-EP se harán responsables de sus combatientes y una vez estén en las zonas, el gobierno nacional suspenderá las órdenes de captura en su contra. Dentro de estas zonas el gobierno podrá realizar capacitación y formación de las personas de tal manera que se creen condiciones para su reincorporación a la vida civil. Estas zonas contarán con la verificación del MM&V, que será garante de la seguridad y logística.

Una vez se firma el acuerdo inicia el proceso de dejación de armas que se realizará de la siguiente manera:

Día D+5.

Desplazamiento de las FARC-EP a las ZVTN.

Del Día D+7 hasta el D+30.

Transporte de armas a las ZVTN.

Hasta el Día D+60.

Las armas serán almacenadas en contenedores.

Del Día D+10 hasta el D+60.

Se destruirá el armamento inestable.

Los Días D+90, D+120 y D+150.

Se recolectará el armamento en porcentajes de 30%, 30% y 40% respectivamente

Hasta el Día D+180

Habrá plazo para entregar todo el armamento, una vez llegue este día se da por terminado el funcionamiento de las ZVNT y el armamento será retirado por la ONU para la realización de tres monumentos. Este día el mecanismo de monitoreo y vigilancia hace un informe del proceso de dejación de armas.

 

Por otro lado, las partes consideran necesario que se haga una reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Para esto se acuerdan unas medidas de participación política, de tal manera que las FARC-EP trasciendan de las botas a los votos. Algunas de estas medidas son el permiso para la formación de un partido político bajando el umbral de votación, la posibilidad de contar de las mismas garantías que los demás partidos, la dotación en los medios para que se cree la infraestructura funcional basada en la transparencia, un apoyo para su primera candidatura a la presidencia y el senado, y finalmente, acceso a los medios de comunicación de la misma manera que lo tienen los otros partidos. Con respecto a la participación política de la cual hace mención este acuerdo, el gobierno se compromete a realizar reformas constitucionales durante dos periodos de tal manera que, el nuevo partido político pueda inscribir listas de candidatos al senado y la cámara de manera individual o en coalición con otros partidos políticos. Igualmente se garantiza un mínimo de cinco curules en el Senado y otras cinco en la Cámara de Representantes incluidas las obtenidas por su participación política. Durante el periodo de incorporación las FARC-EP asignara tres voceros para ser participantes activos en la Cámara y tres en el Senado, sólo podrán participar si la discusión los involucra a ellos o al proceso de paz, pero estos no estarán facultados para votar. Para los menores de edad que se retiren de las filas se hará un enfoque diferencial por medio de un sistema exclusivo de asistencia, garantizándoles el derecho a la salud y la educación, y la reubicación en su respectivos territorios, bien sea con sus familias o en sus comunidades.

Para ayudar a la reincorporación se les dará un suma de ocho millones de pesos para la realización de un proyecto productivo, también se creará un fondo económico  (ECOMÚN) para la ejecución de programas de reincorporación colectiva, el cual tendrá un valor relativo dependiendo del número de personas que lo integren. Sucederá también que una vez finalicen las ZVTN los integrantes de las FARC-EP recibirán, por un periodo de veinticuatro meses, una renta equivalente al 90% del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos, de la misma manera se les dará a su salida un monto de dos millones de pesos, el gobierno les dará también por un periodo de veinticuatro meses los gastos correspondientes a la seguridad social. Se implementarán también, planes o programas sociales.

Seguidamente, el acuerdo da tratamiento al tema de la lucha contra el terrorismo y las bandas criminales que han atentado contra los derechos humanos, además de los grupos paramilitares y cualquier entidad criminal que atente contra la implementación del acuerdo y la construcción de la paz. De esta sección se desprenden unos principios tales como: (1) respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos, (2) asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio, (3) fortalecer la administración de justicia, para garantizar a los ciudadanos la solución de conflictos, (4) enfrentar las formas de economía ilegal y rentas criminales asociadas con el crimen organizado, (5) un enfoque territorial que tenga en cuenta las amenazas de cada uno de los territorios, a la vez que un  (6) enfoque de género, en el cual se le de protección a los niños(a) que han sido afectados por la guerra. También que haya (7) participación ciudadana, (8) rendición de cuentas y (9) unas garantías de no repetición.

Posterior a la firma del acuerdo se creará una Comisión Nacional que garantizará el desmantelamiento de todas las organizaciones criminales, así como una unidad especial para las medidas decretadas por la comisión mencionada.

Para finalizar, se hacen unas especificaciones con relación a la seguridad del nuevo partido político, considerando una mesa técnica y un cuerpo especial de Seguridad y Protección, que parte del juicio a priori que las FARC-EP se encontrarán en situación de riesgo. Se formula en esta sección del acuerdo que debe haber para los integrantes del partido político, unas medidas a implementar, tales como: Atención psicosocial, medidas en materia de autoprotección (así mismo para las comunidades y organizaciones de los territorios).

Análisis a favor: 

Cristina Echeverri Pineda - Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB. Historiadora, Magíster en Ciencias Políticas y Candidata a Doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes.

El punto del fin al conflicto es importante, en general, porque el proceso de desarme permite acabar con las FARC como organización armada a través de una salida negociada, lo cual es un logro histórico si se tiene en cuenta que en los últimos 34 años todos los presidentes de Colombia (incluyendo a Álvaro Uribe) lo han intentado hacer. Además, el cese al fuego y hostilidades, la entrega de armas y la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros permiten ampliar la democracia, vincular nuevos actores políticos dentro de los canales legalmente instituidos y asegurar que los conflictos sociales se tramiten por vías institucionales y sin recurrir a la confrontación armada. 

Sumado a lo anterior, hay que subrayar el nivel de detalle en los mecanismos de verificación durante la entrega de armas y reincorporación de las FARC a la vida civil, esta planeación permite prever o mitigar los riesgos del proceso. También es destacable el rol del componente internacional, el cual da respaldo, credibilidad y neutralidad al fin del conflicto. Igualmente, el mecanismo de verificación incluye la articulación con las comunidades, y organizaciones sociales y políticas de las regiones donde se ubicarán las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y campamentos, este último aspecto es significativo porque le garantiza a las poblaciones asentadas en estos lugares, no sólo aportar información, sino sentirse protegidas de eventuales abusos que pudieran presentarse en el marco de la implementación de los acuerdos por cualquiera de las partes.

Si bien los aspectos técnicos y logísticos de los acuerdos son muy importantes para finalizar el conflicto, creo que también hay que poner de presente que este conflicto de más de cincuenta años ha dejado más de siete millones de víctimas, las cuales son personas reales, que han perdido un hijo, un padre, una pierna, que fueron secuestrados, o niños que por vivir en zonas de enfrentamiento dejaron de asistir a clases. Quienes no hemos vivido de manera directa lo rigores de la guerra, a veces creemos que el cese al fuego y hostilidades y la dejación de armas por parte de las FARC, son asuntos abstractos y que la guerra en Colombia sólo aparece en las telenovelas.

Análisis en contra: 

Paola Holguín Moreno - Senadora del Centro Democrático. Comunicadora Social, Magíster en Estudios Políticos de la UPB. 

El acuerdo final entre el Gobierno Santos y las FARC nos genera muchas preocupaciones, porque creemos que en vez de contribuir a la paz y la reconciliación, podría generar nuevas y peores violencias que las que hasta ahora hemos vivido. Hacemos está afirmación, porque lo acordado en La Habana viola varios artículos de la Constitución y algunos tratados internacionales ratificados por Colombia, debilita la democracia y las instituciones, da mal ejemplo concediendo impunidad y elegibilidad a quienes cometieron delitos atroces y de lesa humanidad, humilla a las víctimas, lava el dinero de las FARC y fortalece el narcotráfico que ha alimentado la violencia en nuestro país y en tantas otras naciones.

Antes de iniciar el análisis, es importante recordar que en la página 4 del acuerdo final queda establecido que “el Acuerdo está compuesto por una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble”. 

Específicamente en el punto tres, sobre Fin del Conflicto, creemos que son problemáticos, entre otros, los siguientes puntos:

1. La falta de claridad sobre las garantías de seguridad para las comunidades que vive en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Campamentos y el que estas zonas estén ubicadas en lugares estratégicos para el negocio del narcotráfico.

2. Llama la atención y genera temor que las FARC sólo dejarán las armas seis meses después de la firma del Acuerdo, es decir este 2 de octubre cuando sea la votación del plebiscito, los colombianos saldremos a las urnas con las FARC armadas, contrario a lo que determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-379 de 2016. 

3. Según declaraciones del Comandante del Ejército, las FARC entregarán un arma por hombre, calcula que serían exactamente 6.300 armas, cifra supremamente inferior a las reportadas por inteligencia militar que habla de unas 45 mil, donde 30 mil serían armas largas y 15 mil de otra clase.

4. En el acuerdo se establece que se dará amnistía a aproximadamente 9.000 presos, de ellos los que quieran pueden ir a las ZVTN ¿y los demás?

5. En el artículo 36 del acuerdo de justicia quedó establecido que a todos los miembros de las FARC sin importar el delito que hayan cometido, no se les limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política. Esto es contrario a la Constitución Política de Colombia (artículo 179) y termina debilitando las instituciones y la democracia. Adicionalmente, se les entregan por dos periodos un mínimo de diez curules (cinco en Cámara y cinco en Senado), sin importar el número de votos que obtengan (punto 3.2.1.2 ). Se establecen 16 circunscripciones especiales, donde no podrán participar partidos que hoy tengan asiento en el Congreso y los ciudadanos tendrán doble votación para Cámara.

5. En el punto 3.2.1.1 se establece que para su partido, las FARC recibirán por diez años el 10% del total de los recursos públicos para financiar a todos los partidos, más 5% para la difusión de su plataforma ideológica, y por otro tanto para la financiación su centro de pensamiento. En conclusión las FARC recibirán aproximadamente el 20% del total de los recursos estatales que reciben los partidos. Las FARC tendrán financiación preponderante para candidatos a la presidencia y al senado en 2018 y 2022, para la campaña al Senado se les otorgará un anticipo equivalente al 10% del tope máximo para financiar una Lista. Todo lo anterior equivale a que las FARC van a recibir para las próximas elecciones aproximadamente 14.000 millones de pesos por parte del Estado para financiar su campaña política. Así, al mal ejemplo que da otorgar elegibilidad a quienes han cometido delitos atroces y de lesa humanidad, se suman unas ventajas para las Farc, que aumentarán la brecha política en Colombia.

6. Preocupa en la situación Fiscal del país la creación de tantas nuevas entidades, por ejemplo: ECOMÚN, la entidad para reincorporación económica de las Farc; elConsejo Nacional de Reincorporación (2 representantes del Gobierno y 2 de las Farc) y los Consejos territoriales; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación paralela a la Fiscalía; la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP sólo para Farc; el Cuerpo de Seguridad y Protección integrada por personal de confianza FARC y la Policía, entre otras.

7. se determinó que los miembros desmovilizados de las Farc recibirán (páginas 66 y 67):

Proyectos productivos o de vivienda  $8.000.0000
Por una vez para normalización  $ 2.000.000
Por 24 meses el 90% del SMLV (%620.000) $14.880.000
TOTAL $24.800.000

 

Los colombianos han sido históricamente generosos en estos procesos, pero reclaman que mientras se otorgan estos y otros beneficios a las FARC como garantía de cobertura en salud y protección y atención para sus hijos, hoy muchos colombianos de bien no tienen acceso a empleo, crédito o cualquiera de estos beneficios.

7. El último de los varios elementos que preocupan de este capítulo del acuerdo, es elevar a las FARC a una especie de paraestado, para combatir a otros organizaciones criminales. Cuestiona  que quienes se dedicaron por más de cincuenta años a asesinar, secuestrar, extorsionar, reclutar menores, traficar drogas y explotar minas de manera ilegal, sean quienes definan la política criminal colombiana.

*Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB

certram

Entrevistas

analecta

Contacto

Campus de Laureles
Circular 1 No. 70-01 - Bloque 12
Medellin - COLOMBIA
Teléfono: (57 4) 354 45 34 - 354 45 36
E-mail: cepri@upb.edu.co