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Lunes, 05 Septiembre 2016 10:26

Análisis de los Acuerdos de La Habana: Primer punto: "Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma rural Integral"

ILLIMANI PATIÑO GIRALDO* | SEP 5 DE 2016

El CEPRI analiza punto por punto los Acuerdos de La Habana. Incluye una síntesis de lo acordado y el análisis, a favor y en contra, de los profesores Lorena Andrea Corredor, Ramón Arturo Maya y Carlos Patiño Villa. 

 

En el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, resultado de 4 años de diálogo entre el Estado colombiano y las FARC-EP en La Habana (Cuba), se desarrolló el primero de los 6 puntos a discutir en la mesa de conversaciones, dejando como resultado el acuerdo llamado: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, reflejo del reconocimiento de ambas partes de que el campo colombiano, y específicamente el conflicto histórico acerca del uso y la propiedad sobre la tierra, constituyen el pilar fundamental sobre el que se ha justificado el conflicto armado en el país.

El territorio rural, es concebido en el acuerdo como: “un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural, en el que las comunidades -hombres y mujeres- desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural.” En este sentido, el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración entre las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país.

La Reforma Rural Integral (RRI), se define como la compilación de una serie de reformas universales a todo el territorio colombiano, que tienen como objetivo la transformación estructural del campo, para así terminar con las causas históricas del conflicto y reversar los efectos negativos del mismo, además de contribuir a la construcción integral de políticas que faciliten la integración entre las regiones, contribuyan a cerrar la brecha urbano-rural y finalmente brinden a los habitantes del campo condiciones favorables que aseguren el pleno disfrute de los derechos consagrados en la constitución.

El acuerdo se desarrolla alrededor de 3 temas fundamentales: El acceso y uso de la tierra, la inversión en infraestructura, salud y educación, y los mecanismos de apoyo a la producción agropecuaria. La ejecución general de la Reforma Agraria integral, será llevada a cabo desde los Planes Nacionales, los cuales esperan tener como resultado a 10 años la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza rural en un 50%.

El acceso y uso de la tierra 

Con el propósito de lograr la desconcentración de la tierra y promover una distribución equitativa de la misma, el acuerdo propone la creación de un fondo de tierras de distribución gratuita, de carácter permanente, y que dispondrá en un principio de 3 millones de hectáreas, provenientes de diversas fuentes como: extinción judicial, baldíos indebidamente apropiados, tierras inexplotadas o donadas, y tierras expropiadas por motivos de interés social o utilidad pública (con la correspondiente indemnización). Además, se dispondrán subsidios y créditos especiales para la compra de tierras. Todo esto, beneficiará a los trabajadores sin tierra o con tierra insuficiente, sumados a las comunidades que participen en programas de reasentamiento para proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria.

Por otro lado, se realizará una formalización masiva de 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, con el objetivo de regularizar y proteger los derechos de las personas que sean legítimas dueñas de la tierra, como garantía contra el despojo de cualquier tipo. Además, se restituirán a las víctimas de despojo y desplazamiento forzado (que se trabaja en el punto 5 del acuerdo) para lo cual se establecerán mecanismos de resolución pacífica de tenencia y uso de la tierra. Sumado a lo anterior, se creará un sistema de información que contribuya a la actualización del catastro rural, que vincule el registro de todos los inmuebles rurales del país en un plazo máximo de 7 años. Este sistema se formalizará paralelamente con la aplicación de la progresividad en el impuesto predial, y ambos se ejecutarán en el marco de la autonomía municipal.

Este acuerdo brinda especial atención al desarrollo sostenible, por lo cual se realizará un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola, para proteger las áreas de especial interés ambiental, impulsando soluciones a los conflictos entre la vocación de la tierra y su uso real, además de promover la interacción responsable y el desarrollo de las comunidades que habitan dentro de las áreas de protección especial, promoviendo la constitución de nuevas Zonas de Reserva Campesina, planteadas como iniciativas agrarias que contribuyan a la construcción de paz y a la garantía de los derechos de los campesinos y campesinas, así como promover el uso adecuado de la tierra.

El acuerdo propone la creación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con el objetivo de asegurar el bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales. Estos planes de desarrollo serán el mecanismo de ejecución de los diferentes planes nacionales que se deriven del acuerdo y se implementarán considerando las características propias de cada región, con el compromiso de ser construida en conjunto con todos los niveles del ordenamiento territorial, concertando con las autoridades locales y las comunidades.

Inversión en infraestructura, salud y educación

Con el objetivo de superar la pobreza y la desigualdad, además de buscar la integración y cierre de la brecha ente el campo y la ciudad, lo pactado en La Habana promete brindar las condiciones necesarias para un acceso adecuado a servicios y bienes públicos como base de una vida digna.

Para el mejoramiento de la infraestructura vial rural, se plantea la creación de un Plan Nacional de Vías Terciarias, que mejore las capacidades de competitividad de los productores del campo y garantice el derecho a la alimentación de todos los colombianos. De la misma forma, propone un Plan Nacional de Riego y Drenaje y el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y de conectividad, que impulsen la producción agrícola familiar y la economía campesina en general.

Con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades y mejorar la oportunidad y pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural, que incluye el mejoramiento en infraestructura y la adopción de un enfoque diferencial (territorial y de género), que aseguren la calidad y oportunidad de la atención. En educación, se implementará el Plan Especial de Educación Rural, con el objetivo de garantizar cobertura, calidad y pertinencia, erradicar el analfabetismo y promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo. Por último, se implementará el Plan Nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural, con el objetivo de garantizar condiciones de vida diga a las personas que habitan el campo.

Mecanismos de apoyo a la producción agropecuaria

Se pretende garantizar sostenibilidad económica del campo colombiano, a través de la aplicación de diferentes planes nacionales, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los productores del campo a acceder a bienes y servicios, mejorar sus condiciones de vida y comercializar sus productos. Se garantiza el acompañamiento, apoyo técnico y financiero a las comunidades rurales, resaltando la asistencia integral, técnica y tecnológica como un servicio público gratuito para los beneficiarios del fondo de tierra y los pequeños productores. La reforma incluye diferentes subsidios y créditos para le generación de ingresos y la consolidación de la economía campesina, familiar y comunitaria, garantizando seguros de cosecha para las comunidades afectadas y la normalización de cartera. 

Además de lo anterior, se llevarán a cabo programas de formalización laboral, con el objetivo de dignificar las condiciones laborales rurales, mediante la aplicación de la normatividad sobre relaciones contractuales vigentes, referidas a las prácticas ilegales todavía persistentes en el campo, como la aparcería o jornaleo, sumado al fortalecimiento del sistema de protección y seguridad de la población rural.

La promoción y protección de semillas nativas y los bancos de semillas se plantean como un compromiso del Estado, con el objetivo de garantizar el acceso a material de siembra óptimo, así como una estricta regulación socio ambiental y sanitaria de los transgénicos propiciando el bien común, reiterando la obligación de salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación. 

Finalmente, el acuerdo resalta la garantía del derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre en las zonas rurales, mediante del diseño de planes para el incremento progresivo en la producción de alimentos, la generación de ingresos y el uso correcto de las tierras. Para esto, se establecerá un Consejo nacional de alimentación y nutrición, compuesto por autoridades nacionales y regionales, los cuales participarán de la definición de la política alimentaria del país. Lo anterior en el marco de la internacionalización de la economía y la liberalización del comercio.

Análisis a favor:

Lorena Andrea Corredor – Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB. Candidata a Magíster en Estudios Políticos – UPB

El acuerdo de desarrollo agrario integral ha intentado formular una serie de disposiciones que se consideran necesarias para la construcción de la paz y para la superación de las causas que, tradicionalmente, han estado relacionadas con el surgimiento del conflicto armado.

Colombia ha tenido dificultades por la concentración de la tierra en pocas manos, la ambigüedad en la titularidad de los predios rurales, así como por una distribución no igualitaria del territorio. El informe sobre desarrollo humano del PNUD para el 2011, mostraba que, por el hecho de ser campesino, se nacía siendo más pobre y con mayores dificultades para el acceso a la salud, además de bajos niveles de educación.

Teniendo en cuenta este contexto, el acuerdo trabaja bajo tres ejes. El primer eje se refiere al acceso y uso de la tierra. El acuerdo plantea la creación de un fondo de tierras para campesinos sin tierra o que tengan tierra insuficiente, y un plan masivo de formalización de la propiedad para aquellos que tienen la tierra pero no las escrituras, para lo que se debe realizar la actualización y modernización de un catastro rural nacional.

Además, debido a que en Colombia hay una gran cantidad de terreno que se usa para ganadería extensiva, aún cuando la vocación de esos territorios son, por ejemplo, para agricultura u otro tipo de actividades, se plantea el diseño de planes para que el uso de la tierra concuerde con su vocación.

También se propone la creación de una jurisdicción rural que asumirá los conflictos relacionados con la tenencia, que tradicionalmente han sido resueltos por vía armada. Se destaca en este punto la protección de las áreas de interés ambiental, en las cuales hay asentados campesinos que deben ser educados en desarrollo sostenible.

Un segundo eje de este acuerdo es el de los Planes Nacionales Rurales, los cuales están dirigidos hacia la modernización de la infraestructura y la adecuación de las tierras. La idea además, es apostarle a la cobertura y calidad en salud y educación.

Otros elementos importantes de este eje son: proveer asistencia técnica y tecnológica a la actividad agrícola; implementar un sistema especial de alimentación y nutrición para erradicar el hambre en el campo colombiano y el tema de la soberanía alimentaria. Lo anterior, teniendo en cuenta que la apertura económica desplazó la actividad agrícola en el país y que es necesario que el campo pueda competir en la economía global y local.

El tercer y último eje de este acuerdo, es el relacionado con los programas de desarrollo con enfoque territorial, también llamados PDET. Estos programas consisten en implementar prioritariamente planes nacionales de desarrollo en las regiones que hayan sido más afectadas por el conflicto, con mayores niveles de pobreza, debilidad manifiesta de las instituciones estatales o presencia de economías ilegales y apuestan por la importancia de que los campesinos participen activamente en las políticas que se vayan a implementar.

A modo de conclusión, puede señalarse que el acuerdo de reforma rural integral plantea una serie de necesidades que el Estado colombiano debió haber asumido hace varios años y que requiere de grandes esfuerzos para la puesta en marcha de una institucionalización que canalice y controle la materialización de lo acordado. Es así que no se puede considerar como un acuerdo revolucionario, sino que se refiere a las apuestas mínimas que se deben hacer en un Estado social de derecho. Sin embargo, se presenta como una posibilidad interesante para seguir trabajando en saldar de alguna manera la deuda histórica que tenemos con el campo.

Ramon Arturo Maya Gualdrón - Decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UPB. Magíster en Estudios Políticos de la UPB

 

 

 

Vivimos una coyuntura: se hace un intento de acuerdo entre el gobierno y las FARC y el documento en el que se plasma ese acuerdo tiene como primer punto el de la tierra.

Durante los doscientos años de historia independiente, fue el tema de la tierra el que dio origen a la mayoría de nuestros problemas políticos y económicos. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX la desamortización de bienes de manos muertas causó tal cantidad de dificultades para el funcionamiento del Estado colombiano y el desarrollo de los procesos políticos, que fue inevitable la guerra civil y con ella llegó el fin del proyecto radical. 

Hoy en Colombia no hay un catastro que permita definir con cierto grado de justicia quiénes son los dueños de muchas de las tierras en las zonas más golpeadas por la violencia. Tenemos casos como aquellos en los que grupos armados, a la fuerza, instalaron muchas familias en tierras que pertenecían a desplazados y por tanto hoy es muy difícil poder hacer justicias con los dos grupos humanos, los que llegaron y los que fueron expulsados.  O también está el caso de los grandes capitales que compraron tierra para proyectos agroindustriales, tierra que habían sido de campesinos que fueron obligados a marcharse.

Para esclarecer todos estos problemas necesitamos entender qué pasó, necesitamos la historia. Y entenderemos cosas como aquellas de  las que nos habla el investigador Mauricio Romero, quien dice que los intentos de negociación entre el gobierno y grupos guerrilleros desata unas presiones muy fuerte entre grupos humanos por la tierra y se vienen oleadas de violencia.

Podemos concluir que será muy difícil gestionar con éxito el asunto de la tierra, pero que tenemos que hacerlo.  El término es complejo, pero necesitamos una reforma agraria. Personalidades como Juan Camilo Restrepo, a su paso por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Humano, como lo anota Ricardo Sabogal, el Director de la Unidad de Restitución de Tierras, dejó leyes propicias para resolver el problema de la tierra en un país que cuenta con muy buenas tierras.

 

Análisis en contra:

Carlos Patiño – Director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Filosofía. 

Si bien el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno colombiano y las FARC es un acuerdo importante que permite destrabar el debate nacional sobre hacia dónde se debe dirigir el Estado y la sociedad colombiana, es necesario destacar que en el capítulo de tierras este acuerdo parte del hecho de que se deben considerar o construir mecanismos de una reforma rural integral y de esta forma realizar una retribución de la tierra. Sin embargo, hay tres problemas fundamentales en esta perspectiva:  

Primero, no hay un Catastro Nacional de Propiedad Rural e incluso de Propiedad Urbana que sea homogéneo y que permita tener claro la cantidad de propiedades y tierras asignadas. De esta forma, se parte un poco a ciegas sobre qué es lo que se va a distribuir.

El segundo punto importante, es que prevé mecanismos de expropiación de tierras que ya tienen otros dueños o de la reconsideración de propiedades que puedan ser sometidas a juzgamiento de las nuevas exigencias del acuerdo con las FARC.

El tercer punto, que es importantísimo en este nuevo contexto, se refiere a que el acuerdo no pronostica una política de desarrollo conjunta para superar las condiciones de pobreza y crear una estructura agropecuaria que se inserte en la economía global de forma activa.     

El tercer punto, que es importantísimo en este nuevo contexto, se refiere a que el acuerdo no pronostica una política de desarrollo conjunta para superar las condiciones de pobreza y crear una estructura agropecuaria que se inserte en la economía global de forma activa.     

*Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB

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