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Lunes, 11 Julio 2016 15:08

La desconcertante realidad del Caquetá

ILLIMANI PATIÑO* | JULIO 11 DE 2016

En los rincones más olvidados de nuestro país, se desarrolla una generación de jóvenes que tendrá el verdadero papel transformador para lograr una paz estable y duradera, la añorada ilusión de cambiar la única realidad que conocen: conflicto, ilegalidad, pobreza y subdesarrollo.

 

¿Cuáles son las posibilidades reales de un futuro próspero para estos territorios? ¿Será suficiente lo acordado en La Habana para mejorar las condiciones de vida de estos jóvenes?

Andrés es de los muchos jóvenes que habitan el municipio de Solano, al sureste del departamento de Caquetá. Su familia, originaria de las montañas antioqueñas, se estableció en la región desde hace más de 40 años huyendo de la violencia y seducidos por el auge ganadero en la región. Desde entonces, su familia ha sido obligada a variar en múltiples ocasiones su vocación económica, cruzando infinidad de veces la delgada línea de lo ilegal: quinua, cacao, marihuana, pesca, minería artesanal y finalmente coca, obligados por la necesidad de alimentarse y sobrevivir, en un contexto donde la presencia estatal (y por lo tanto la garantía de derechos) ha sido nula.

A orillas del río Orteguaza empieza su recorrido para asistir a la escuela, debe desplazarse dos horas para llegar a la cabecera municipal donde se ubica el único colegio previsto para un municipio más extenso en territorio que Suiza u Holanda. Asiste a sus clases de grado 11, donde lastimosamente aún faltan algunas plazas de profesores, que posiblemente no se ocupen por la dificultad de acceso y el hecho que desde el decreto 1278 de 2002, se eliminó el aumento salarial por ser docente en zonas apartadas. Ni para Andrés, ni para su familia, es una posibilidad acceder a la educación superior; la precariedad económica y la casi nula oferta estatal (solo 70 beneficiados de ser pilo paga en todo Caquetá[1]) lo dejarán en la misma posición que el 98% de los jóvenes rurales caqueteños que no acceden a la educación superior[2].

En las tardes, acompaña a sus dos hermanos a las labores diarias del campo, el cuidado de los cultivos de coca, del cual han subsistido por más de 25 años. Su padre ya no puede trabajar pues fue diagnosticado con cáncer de pulmón resultado de las constantes aspersiones con glifosato realizadas desde la década de 1990, lo que paradójicamente ha aumentado el precio de la base de coca y por lo tanto su producción en todo el país. Además de esta, la minería de aluvial se acerca cada vez más a las riveras de los ríos Orteguaza y Caquetá, incluso ya se realizan concesiones para la explotación legal de empresas nacionales y transnacionales. Estas dos actividades, han sido en la mayoría de los casos el denominador común en zonas de conflicto en el país, siendo las únicas posibilidades reales de subsistencia para las comunidades.

Pero ojo, el peor lado de esta realidad no son solo los grupos armados ilegales que dominan el sector, sino la complicidad económica y política que han ocasionado las bonanzas cocalera y minera. A menos de 4 horas al sur, en Puerto Leguízamo cuya carretera más cercana se encuentra a 12 horas en lancha rápida, se nota una visible acumulación de capital ilegal: Inmensas casas con piscinas, camionetas y motos lujosas, prostíbulos, bares, casinos… la misma realidad que Miraflores, Puerto Asís, El Tarra, Cartagena del Chairá, Itsmina, Bajo Baudó, Tumaco, entre muchos otros municipios dependientes de esta economía y que contaminan todos los niveles de la burocracia estatal y empresarial del país. Es más, a menos de 4 horas río Putumayo arriba en la frontera con el Ecuador, ya encuentran bancos internacionales (y dolarizados), vaya coincidencia, o tal vez no, recordemos que el presidente de Wall Street visitó San Vicente del Caguán en 1999: “El mensaje que le llevamos al comandante Reyes es que Colombia es un país de grandes oportunidades y que el capital extranjero buscará esa oportunidad si hay estabilidad”[3].  ¿Cuál es la verdadera realidad de la lucha contra las drogas en estas zonas del país? Imaginen la facilidad de poner esos dineros en el exterior ¿Cuántas de nuestras gentes dependen directa o indirectamente de esto? Recordando que no es solo la explotación o comercialización, sino toda la economía que gira en torno a ella.

 El acuerdo de paz promete algunas mejoras en las realidades de estas comunidades (específicamente este sector era dominado por las FARC), el punto 14 de la política agraria integral versa sobre esto[4]. Pero la realidad es que este gobierno, al igual que los anteriores, le han apostado al atraso y abandono a estos sectores del campo. El proceso promete en el mejor de los casos soluciones a corto plazo de asistencialismo para estos sectores, promete seguridad alimentaria pero no las condiciones de producción para nuestra nación ¿Seguiremos importando la comida que antes producíamos, para otorgarle las tierras a especuladores financieros? La respuesta es sí, y ese es el mejor de los escenarios del posconflicto.  Y es que, aunque el proceso de paz sea más bueno que malo, no realizará grandes cambios en la estructura política, económica o social de nuestra nación, y menos en un gobierno que se ha encargado de ahondar en estos problemas.

En conclusión, jóvenes como Andrés no tendrán un mejor futuro mientras no se tomen soluciones serias y reales en ambos sentidos: Una apuesta real al desarrollo del campo colombiano, la búsqueda de la soberanía alimentaria y el mejoramiento de las condiciones vida de nuestros productores agrícolas, no se puede hablar de desarrollo agrario integral mientras se hace la Ley Zidres por parte de Juan Manuel Santos y su bancada. Y por el otro lado, al problema de las drogas, la guerra contra estas ha beneficiado solo a los productores ilegales y a sus testaferros financieros en todo el mundo, mientas ha traído dolor y miseria para nuestras gentes, además de entrega de nuestra soberanía a potencias extranjeras, quienes, con la excusa de combatir al narcotráfico, nos imponen condiciones y violentan nuestro territorio, mientras callan frente a las grandes transacciones del dinero “sucio” en empresas y paraísos fiscales en el exterior.


[1] http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356123_archivo_pdf.pdf

[2] http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_caqueta.pdf

[3] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-917182

[4] http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/politica-de-desarrollo-agrario-integral.html

* Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB. 

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