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Domingo, 10 Junio 2012 17:50

El ciclo de la guerra y paz en Colombia

Angela María Arbeláez Herrera

En 1954 comenzó el ciclo de la guerra y la paz en Colombia. En aquel año, el gobierno de Rojas Pinilla concedió la primera amnistía a todas las milicias de liberales, comunistas y pájaros conservadores, las cuales, azuzadas y armadas por los directorios nacionales de los partidos (incluyendo el PCC de Gilberto Vieira) habían convertido en guerra las pugnas discursivas que protagonizaban las élites de Bogotá.  La amnistía, motivada por el sometimiento de Guadalupe Salcedo y sus guerrillas, se hizo en un marco de reconciliación entre los dirigentes liberales y conservadores. Sin embargo, el resultado fue la privatización de algunas milicias locales, que no se amnistiaron y que siguieron operando independientes de los partidos políticos.

Después, estas milicias fueron reclutadas por algunos comunistas que no se conformaban con la búsqueda del poder por vías pacíficas y que llamaron a “la combinación de todas las formas de lucha”. Esta tesis fue adoptada PPC en 1961, en un momento en el que, pese a haber vuelto a la legalidad, el partido se veía enfrentado al modelo romántico de la revolución cubana que imperaba en América Latina. Dichas milicias terminaron formando la guerrilla de las FARC. Otras, que habían hecho parte de las guerrillas de Rafael Rangel en Santander, alimentaron las filas del ELN y, unas más, que conservaron su forma bandolera, perduraron como pequeñas mafias locales y de paramilitares en el negocio de las esmeraldas y el narcotráfico.

Entre 1960 y 1980, periodo que Daniel Pecaut califica como de “violencia larvada” no hubo muchos más intentos de pacificación por la vía de la amnistía o el indulto. La estrategia fue en cambio, crear planes y programas sociales que permitieran la modernización del campo, que seguía azotado por los rezagos de la violencia. Uno de esos programas fue el de la ley de reforma agraria de 1961, que no pasó a mayores por la oposición de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Siete años más tarde, el presidente Lleras Restrepo creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC porque creía que sólo los campesinos organizados podrían sacar la reforma adelante. Sin embargo la ANUC cayó en manos de comunistas que la dividieron en dos: la línea de Sincelejo y la línea de Armenia. Más adelante, el purismo ideológico característico de la izquierda, hizo aparecieran más divisiones y la asociación atomizada fuera inoperante para los fines que fue creada.

Los intentos de pacificación por vía militar se combinaron con los de las reformas sociales. Pero la combinación no fue producto de la dirección civil de algún tipo de política de defensa. Desde el frente nacional los militares gozaron de autonomía en materia de estrategia, siempre y cuando se mantuvieran aislados de las controversias políticas propias de los dirigentes de la democracia. En ese marco de autonomía, los militares colombianos, muy poco influenciados por la doctrina de seguridad nacional si se les compara con sus pares en América Latina, desarrollaron operaciones militares que pretendían acabar con los focos guerrilleros que permanecían en el monte. Una de esas operaciones fue la ejecutada en las llamadas “repúblicas independientes”. Otra, la Operación Anorí. La primera fue la estocada final para que las guerrillas comunistas organizadas (que tenían trampas y trincheras en la meseta de la Gaitana y que pretendían emboscar al ejército con bombas y granadas) se unificaran en el que llamaron Bloque Sur. La segunda casi acaba con la guerrilla del ELN, pero sus pocos sobrevivientes se enfilaron en otras guerrillas y reaparecieron cuando los curas radicales del grupo Golconda le volvieron a dar vida a la organización.

Pero fue Estatuto de Seguridad de Turbay el que pasó a la historia como la política manifiesta de la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia. No obstante, el estatuto contó con la dirección civil del presidente, no restringió las libertades, no creó un clima de terror como lo sucedido en Chile o Argentina y los tres poderes del Estado no se disolvieron en uno. Cuando el Estatuto se desgató por las controversias políticas que desató, fue derogado y abrió las puertas a la negociación. Fue el propio Turbay quien por primera vez creó una Comisión de Paz que explorara una salida negociada con los guerrilleros.

Y volvieron las amnistías y se le apostó abiertamente a la paz vía negociación durante el gobierno de Betancur. La puerta del diálogo con los guerrilleros se abrió y ningún presidente se ha atrevido a cerrarla. Si mucho a ajustarla. Incluso se podría afirmar que han sido más los deseos y las intenciones de los gobiernos de Bogotá de lograr la pacificación por vía de la negociación que por vía de la confrontación. Tres razones pueden justificar la preferencia por el diálogo: la primera, la tradición civilista de las élites del país que ha mantenido controlada a la cúpula castrense; la segunda, la tendencia a conferir un gran poder de transformación a las leyes y a los cambios constitucionales; y la tercera, la culpa que han venido acumulando los gobiernos de Bogotá por no poder suprimir las que considera las razones de la violencia: la pobreza y la exclusión social y política.

El problema es que justo cuando las negociaciones se abrieron con el primer acuerdo, firmado en la Uribe, en 1984, las ganancias por el narcotráfico ya habían entrado en un ciclo de alta productividad, sin antecedentes en la historia de ningún país, haciendo más compleja la estructura del conflicto. En un primer momento, la economía de las drogas estuvo dominada por los famosos capos que se enfrentaron a muerte con el Estado, pero que hacían su guerra desde las ciudades en donde estaban establecidos los centros de coordinación de las operaciones del tráfico de la droga.

Pero la persecución estatal de los famosos extraditables fue atomizando hacia la periferia un negocio que se negaba a desaparecer. La economía de la droga no sólo acrecentó el poder de protección-coerción de los paramilitares sino el de las guerrillas. Y a mediados de la década de los noventas, con la aparición de una variedad de hoja de coca cultivable en tierras bajas, comenzó un proceso más complejo de colonización armada de todas las tierras aptas para el laboreo de la mata. El narcotráfico pasó a ser más que la fuente de financiación de la guerra: la razón de la misma, así paramilitares y guerrilleros la siguieran justificando con sus fútiles razones políticas. En las guerrillas por ejemplo, el trabajo diario realizado por los guerrilleros para sostenimiento de la empresa de las drogas relegó a un segundo plano el trabajo proselitista. Los paramilitares, así mismo, ajusticiaban poblaciones que supuestamente apoyaban a las guerrillas con el verdadero objetivo de generar desplazamientos masivos y desocupar de pobladores a las tierras que se destinarían al negocio maldito.

Pero no fue solo el narcotráfico la fuente de ingentes capitales para guerrilleros y paramilitares. Lo fueron también los recursos que llegaron a todos los municipios de país a partir de la Constitución del 91, vía descentralización administrativa. Guerrilleros y paramilitares entraron en el negocio de la política e hicieron proselitismo armado, poniendo alcaldes y concejales que se ajustaran a sus intereses económicos. El proselitismo armado fue también facilitado por la atomización política decretada por la nueva carta, que permitió la emergencia de nuevos regentes locales liberados del control de partidista los gamonales regionales. No en vano en la década de 1990 los colombianos sufrimos de manera abierta los alcances de la guerra. Y mientras todo esto pasaba los gobiernos de Bogotá le siguieron apostando a las negociaciones políticas con organizaciones militares ilegales que progresivamente diezmaban el control del Estado sobre el territorio nacional.

Resulta sorprendente que después de más de cincuenta años de historias de amnistías y diálogos, de caguanes y ralitos, de encuentros en La Habana, Caracas, Tlaxcala y Maguncia, haya un gobierno que esté apostándole, a hurtadillas, a un proceso de negociación con las FARC.

Desde su llegada a la Casa de Nariño, Juan Manuel Santos viene preparando el terreno: la invitación al Juez Baltazar Garzón como asesor del gobierno (aunque por lo polémico del personaje terminó siendo asesor de la OEA para Colombia en el tema de Justicia y Paz), el fin de las hostilidades diplomáticas con Venezuela y Ecuador, la Ley de Víctimas y su capítulo de tierras sancionada en presencia de Ban Ki-moon, la invalidez de los computadores de Reyes como pruebas judiciales, la ley elaborada por la Comisión de Paz del Senado que crea un marco jurídico para los procesos de paz, y, lo último, la candidatura Eduardo Cifuentes, magistrado de la Corte Constitucional, como juez de la Corte Penal Internacional.

Es imposible negar que el deseo de paz de los colombianos daría legitimidad a cualquier presidente para negociar acuerdos políticos con los guerrilleros. El problema es que después de tanto intento fracasado el escepticismo prima en el país. Quizás algunos políticos de izquierda y buena parte de los medios de comunicación dirigidos desde Bogotá crean férreamente en que el único camino para la paz sea el de la negociación. Pero la duda está sembrada entre muchos colombianos de a pie que solo avalarían un proceso con las guerrillas si en su desarrollo éstas demuestran día a día su voluntad de entrar en la legalidad y en la vía de la política.

Pero, ¿estarían dispuestos los cabecillas insurgentes a pagar algún tipo de condena? La Corte Penal Internacional no permite el indulto. Debe haber algún tipo de justicia transicional y de reparación a las víctimas. ¿Vale la pena revivir el ajado discurso de las izquierdas del monte? Si se iniciara un proceso y este fracasara, las FARC habrían, por lo menos, recuperado una ventana política, no en Colombia si en Europa, donde todavía hay ingenuos o románticos que les creen. Y si el proceso de paz fuera exitoso, sólo lograría que Alfonso Cano y su séquito próximo se convirtieran en símbolos de paz, quizás futuros miembros de algún partido con alguna curul o puesto político. Pero la guerra estaría lejos de terminar. Los desmovilizados rasos, durante o después de unos cuantos años de exigua ayuda estatal, serían reclutas fáciles para bandas criminales dedicadas a los negocios ilícitos, al narcotráfico, al tráfico de armas y a la minería ilegal y seguirían tratando de corromper a policías y políticos locales. El ciclo de la guerra y la paz estaría lejos de terminar.

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