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Domingo, 10 Junio 2012 18:06

El juego macabro de las FARC

Olmer Alveiro Muñoz Sánchez

02/02/2012

El pasado mes de diciembre las FARC anunciaron la entrega de un grupo de secuestrados en Colombia, entre ellos: Luis Alfonso Beltrán, César Augusto Lasso, Carlos Duarte Rojas, José Libardo Forero, Jorge Romero y Jorge Trujillo Solarte (Comunicado del 27 de diciembre de 2011). Posteriormente, el 22 de enero de 2012, Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC, anuncia en un video la entrega de los secuestrados de manera unilateral, en respuesta a los comunicados de la ex senadora Piedad Córdoba y de Colombianos y Colombianas por la Paz. Márquez exige allí que en el protocolo a seguir para la entrega de los secuestrados sean revisadas las condiciones de reclusión de los guerrilleros en prisión y que se eleve a reforma constitucional el canje humanitario.

Las preguntas que surgen ante estas declaraciones son las siguientes: ¿Por qué se debe elevar a reforma constitucional el canje de secuestrados y guerrilleros en las cárceles? ¿Cuál es el objetivo de las FARC con esta posible liberación de secuestrados? ¿Por qué es necesario que intervengan terceros países en un operativo de entrega de secuestrados, cuando el gobierno colombiano ha otorgado todas las garantías a dichos procedimientos? ¿Cuál es la finalidad de poner en igualdad de condiciones a los secuestrados y a los miembros de las FARC que están recluidos en las cárceles del país?

Tres aspectos se deben tener en cuenta en esta nueva intención política de las FARC:

En primer lugar, no es posible, como lo ha ratificado el gobierno colombiano, poner en igualdad de condiciones a quienes han sido capturados y llevados a la cárcel por delitos cometidos en el territorio nacional que merecen una pena privativa de la libertad, con aquellas personas que han sido secuestradas por las FARC, civiles, militares y miembros de la policía nacional, y son sometidos a condiciones precarias de vida en las selvas de Colombia. Ello implica poner en condiciones de igualdad jurídica a las personas en cautiverio y a los delincuentes de las FARC encarcelados, sometiendo al Estado a una negociación sin condiciones.

El gobierno colombiano debe tener en cuenta dos elementos fundamentales: por un lado, no es posible elevar a reforma constitucional un canje, puesto que ello pondría en condición de igualdad absoluta a las FARC y al Estado, y por el otro se debe aclarar a toda la comunidad internacional y nacional que la aplicación de normas mínimas del Derecho Internacional Humanitario, incluso un acuerdo especial para la liberación de secuestrados, no implican un cambio en la condición jurídica de las partes (Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, numeral 2).

En segundo lugar, desde el momento en que el presidente Juan Manuel Santos admitió la existencia de un conflicto armado interno, abrió las puertas a una eventual negociación; no obstante, las FARC han boicoteado todo arreglo pacífico y han incurrido en ataques sistemáticos a bases de la policía nacional, emboscadas al ejército, siembra de minas antipersonales y ataques a la población civil. ¿Cuál es el objetivo de estas acciones? Uno de los efectos estratégicos que genera una serie de acciones armadas en contra de la infraestructura y la población civil es debilitar al Estado y someterlo a una presión por parte de la ciudadanía para que negocie rápidamente la paz.

La amarga experiencia de los diálogos en San Vicente del Caguán no ha desaparecido de la mente de los colombianos. El presidente Andrés Pastrana había dispuesto todos los medios institucionales para negociar con las FARC, en presencia de la comunidad internacional. Este grupo rechazó esa posibilidad y se aprovechó de la buena fe de los colombianos, que querían el fin de la violencia y el terrorismo en Colombia. En consecuencia, un nuevo diálogo debería que estar fundamentado sobre reglas claras, que hoy, como es evidente no son aceptadas por las farc.

En varios momentos el país ha asistido a procesos de liberación, en los que ha intervenido la Cruz Roja Internacional. En estas acciones no se ha saboteado el proceso y se ha cumplido estrictamente con el protocolo fijado entre las partes (con la excepción de la operación Jaque). Ahora bien, no hay razón para creer que la liberación de los secuestrados hoy pueda tener alguna falla. Si esto fuese un acto unilateral y de buena fe por parte de las FARC, sólo se necesitaría definir un punto y entregar las coordenadas al CICR para que reciban a los secuestrados. Lo evidente es que las FARC quieren con este acto de "buena fe" reducir su pésima imagen ante la comunidad internacional.

Tanto Timochenko como Iván Márquez -jefes de las FARC- han esgrimido plenas motivaciones políticas, ligadas a una intencionalidad militar: la de retrasar el avance en las acciones militares en contra de sus campamentos y, lo más importante para ambos, forzar una negociación en igualdad de condiciones, situación no posible en las circunstancias actuales del país.

Finalmente, frente a este acto de entrega de secuestrados, hay muchas dudas y pocas certezas. En primer lugar, ¿por qué no confiar en la Cruz Roja Internacional para el operativo de liberación?; dos, ¿qué sentido tiene que se vincule a otro país en un operativo como éste, cuando hoy están dadas todas las condiciones por parte del gobierno colombiano para la liberación de los secuestrados?: tres, los esfuerzos que hace el país para que haya una pronta liberación de los secuestrados son condicionados por este grupo de radicales, que busca obtener los réditos suficientes para una negociación sin condiciones, situación que no puede ser aceptada por la población colombiana que hoy cree mucho menos en una revolución armada como forma de solución a los problemas del país.

Olmer Alveiro Muñoz Sánchez

Licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente se encuentra realizando el Doctorado en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina.

Artículo tomado de http://www.infobae.com

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