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Domingo, 10 Junio 2012 18:03

Las bandas criminales: un desafío para el nuevo gobierno

Luis Guillermo Patiño Aristizábal

02/02/2012

En el mundo contemporáneo, la seguridad se ha convertido en uno de los asuntos vitales para la organización y la supervivencia de las ciudades, constituye la garantía del pleno ejercicio de los derechos y las libertades públicas, de ahí que sea una prioridad para que los ciudadanos puedan hacer viable su vida en comunidad. Es un bien público, por lo que es obligación ineludible del Estado conservarla y propiciarla en contextos marcados por amenazas y riesgos para las personas que lo constituyen. Es éste, poseedor legítimo de la fuerza y de la ley, quien está en el deber de garantizar la vida, la libertad y la paz de sus ciudadanos haciendo uso de su capacidad coercitiva, administrativa, judicial y financiera.

Para los gobierno locales, posesionados el 1 de enero de 2012, el gran reto es garantizar el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos de Medellín y Antioquia a la seguridad y a la vida. Su compromiso tiene que ser combatir con toda contundencia el poder que han acumulado -a través del ejercicio de la violencia- los combos y bandas criminales que han puesto en jaque la gobernabilidad de la ciudad y al departamento.

Las cifras son contundentes: en Medellín, la grave situación de violencia se refleja a diario en los índices de criminalidad. Si bien el homicidio que es el delito de mayor impacto ha disminuido un 59 % en relación con enero de 2011, otros como el atraco, la extorsión y el desplazamiento continúan siendo preocupantes. En la actualidad, operan en la ciudad más de 200 organizaciones armadas que buscan controlar territorios blindando a través de la violencia todo tipo de negocios ilícitos que van desde el tráfico de armas, las plazas de vicio, las extorsiones y la trata de personas hasta los juegos de azar y las maquinas traga monedas.

Según informe la Personería Municipal, en el 2011 los combos no solo fueron responsables de las muertes violentas, sino también del control de negocios de micro tráfico, casas de vicio y extorsiones a comerciantes y transportadores urbanos; todas ellas, rentas ilícitas que representaron más de 40.000 millones de pesos al mes. Igualmente, impusieron las llamadas “fronteras invisibles” que hasta mayo pasado fueron las principales causas del desplazamiento intraurbano de unas 3.366 personas.

¿De dónde surgen la “Bacrim” y cómo evolucionan?

Para la Organización de Estados Americanos (OEA), las BACRIM son un híbrido entre mafias, grupos paramilitares y bandas de delincuencia común más relacionados actualmente con el narcotráfico que con el paramilitarismo. La clasificación común, se refiere a tres tipos de bandas criminales: las emergentes, las de rearmados que después de desmovilizarse volvieron a las armas y al negocio; y las de disidentes, ex paramilitares que se salieron del proceso de Ralito o nunca quisieron entrar. Estos grupos armados de origen paramilitar tomaron fuerza a mediados del 2006, después del último proceso colectivo de desmovilización y dejación de armas como el que se dio en Medellín con el bloque Cacique Nutibara. Su existencia y crecimiento evidencian las debilidades de la política de reinserción impulsada con los antiguos miembros de las Auc y las falencias de un proceso de desmovilización que permitió un reacomodo de las fuerzas armadas ilegales liderado por mandos medios que no se acogieron a estos acuerdos o que le hicieron trampa al proceso.

¿Cómo se articulan espacial y criminalmente?

“En el plano espacial, las BACRIM pueden asumir distintas formas pues constituyen estructuras flexibles que pueden mutar en corto tiempo su estructura jerárquica. A manera de ejemplo, en el nivel local, la estructura puede organizarse en torno a un jefe único; en el plano regional, puede establecerse un mando asociativo o un caudillaje compuesto; y en el plano nacional, se puede apelar a la figura de un núcleo cohesionado de líderes representativos  Las posibilidades son amplias y su definición responde a necesidades operativas y metas estratégicas del grupo.   La organización jerárquica de cada grupo armado permite esquemas de coordinación suficientemente claros pero flexibles para dirigir su implantación en las dinámicas locales y, a su vez, asegurar la conducción de todas las actividades para satisfacer metas y labores delegadas, incluyendo, reclutamiento y entrenamiento de tropa, control de un mercado específico, control poblacional, actividades de combate, realización de asesinatos, extracción de información, y apoyo a actividades políticas. Su éxito dependerá, en parte, del nivel de mutabilidad y adaptación que desarrollen como estructuras.” (Reed, 2011)

En el país operan organizaciones criminales de estas características como: Los Paisas, los Rastrojos, los Urabeños, El Erpac, Las Águilas Negras, Nueva Generación y el Renacer, integradas por cerca de seis mil hombres diseminados en 17 departamentos y 250 municipios. Estos grupos criminales tienen la capacidad de articularse con grupos delincuenciales de diversas regiones de la nación y con carteles internacionales como los mexicanos de Tijuana, Juárez y el Golfo. Una característica de estas conexiones es que no están mediadas por una identificación ideológica, pues los elementos de conexión se encuentran en las retas criminales y el lucro al que acceden por el tráfico de drogas y armas principalmente.  De allí la cooperación en estos ámbitos –otrora inexplicable- entre organizaciones guerrilleras y grupos de Bacrim en diferentes regiones del país.

El RETO

El desafío para el Estado colombiano, en cabeza del gobierno local y departamental, es la implementación de una política pública de seguridad urbana para combatir los grupos criminales que actualmente operan en las diferentes comunas de Medellín y regiones del departamento. Si las FARC fueron hasta hace algunos años el principal agente desestabilizador del Estado, actualmente las bandas criminales se han convertido en una gran amenaza que pueden poner en jaque la institucionalidad y el desarrollo material y social de región y la nación.

De allí, que el gobierno de Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo tengan la responsabilidad de coordinar una política criminal para la ciudad y el departamento en consonancia con la estrategia de seguridad nacional, pero acorde a las particularidades antioqueñas. La política debe ser integral, con capacidad de articular el COMPONENTE POLICIAL, DE INVERSIÓN SOCIAL, JUDICIAL, TECNOLÓGICO, DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO para reducir los índices de violencia que padece actualmente la región y generar así, espacios donde se respete la vida y la dignidad de los ciudadanos.

Referencias:

Reed, M. (2011,18 de abril). Las Bacrim: Trampa conceptual (2). El Colombiano. Recuperado de 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/bacrim_trampa_conceptual_(2)/bacrim_trampa_conceptual_(2).asp

Luis Guillermo Patiño Aristizábal

Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y Director de

la Facultad de Ciencias Políticas de la misma Universidad.

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