logo cepri
logo upb
Lunes, 09 Julio 2012 18:09

Las razones de la estabilización en Colombia

Juan David García Ramírez*

04/07/2012

Los últimos diez años han significado una transformación del ambiente de seguridad en Colombia. La implementación del Plan Colombia, durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, fue el primer paso en la tarea de recomponer las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, para fortalecerlas y dotarlas de capacidad para combatir a los grupos armados que operaban en el país. Aunque el plan tenía otros componentes (como apoyo a la administración de justicia y algunos programas sociales), el militar y policial siempre ha sido el de mayor peso y permite comprender la modernización de nuestras fuerzas de seguridad y defensa, como también los resultados obtenidos entre 2002 y el presente año, en la confrontación de las organizaciones que durante decenios han planteado un riesgo serio a la estabilidad del país.

por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no solo cambió la estrategia para responder al desafío que las guerrillas de las FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia le planteaban al Estado, sino que además se hizo efectiva la aplicación del Plan Colombia en el terreno, es decir, que la profesionalización del Ejército generó un salto cuantitativo y cualitativo en el balance de fuerzas entre este y los grupos armados, lográndose un mejor empleo de los recursos (como entrenamiento, armas, comunicaciones y suministros) y mayor movilidad, capacidad de despliegue y sostenibilidad, que deben ser atributos de toda estructura militar. Pero la nueva estrategia trascendió las consideraciones materiales y formales, y dependió del cambio de actitud en todos los órdenes de la jerarquía militar y policial, consistente en la transmisión de confianza y autoestima y en una convicción de superioridad frente al enemigo.

En el contexto de la guerra en Colombia, desde la esfera política y social se ha subestimado la importancia que tiene la identificación del enemigo, para enfrentarlo y neutralizarlo. Durante varios años, las débiles relaciones cívico-militares en Colombia causaron una colisión entre el discurso político y la doctrina militar, de manera que desde el Gobierno Nacional y distintos sectores de la sociedad se clamaba con insistencia por la negociación, llegándose al punto de aceptar a las organizaciones armadas como interlocutores válidos y, en consecuencia, dándose legitimidad a sus pretensiones; mientras que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se encontraban en la encrucijada ética de renunciar a su deber constitucional de garantizar la integridad del territorio y proteger la vida y libertades de los ciudadanos, para satisfacer los intereses políticos que la coyuntura exigiera, lo que produjo su desmoralización e impotencia para actuar.

Fue solo a partir del año 2000, a mediados del gobierno de Andrés Pastrana, y de forma más evidente desde 2002, que la contradicción se superó y hubo por fin un acuerdo sobre la identidad y naturaleza del enemigo. Con la política de Seguridad Democrática, Uribe advirtió sobre el imperativo de situar la seguridad en el primer lugar de las prioridades de los colombianos, y a la inseguridad como causa principal de la inestabilidad política, el estancamiento económico y el deterioro de la calidad de vida. Pero no se hablaba de la inseguridad en sentido abstracto, sino que se apuntó a una serie de actores responsables de ese estado de cosas en el país. Para el Gobierno Nacional, la persecución de las guerrillas de las FARC y el ELN, como también de los grupos de autodefensa, se convirtió en el motor de la acción política y militar, pasándose de una estrategia defensiva y que solo involucraba a la Fuerza Pública, a una estrategia ofensiva que se tradujo en el despliegue de efectivos militares y policiales en todo el país (para recuperar la presencia del Estado y el control territorial, y producir el repliegue de los grupos armados), junto con la concienciación social (a través del discurso oficial y los medios masivos de comunicación) de la necesidad de rechazar la acción violenta de todas las organizaciones en armas, pero en mayor medida, la de las FARC.

Esa articulación de la esfera civil del Estado, los ciudadanos y los militares, ha sido el presupuesto de la victoria militar y política sobre las organizaciones terroristas en Colombia, en los últimos diez años. Frente a la división interna, crisis de liderazgo y atomización de las FARC, hoy cobra más relevancia que nunca la coincidencia de criterios entre el gobernante como conductor político del Estado, y el conjunto de las fuerzas encargadas de la seguridad y el orden, para el funcionamiento del sistema político y la vigencia de las instituciones democráticas en Colombia.

*Juan David García Ramírez

Politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, candidato a Magíster en Estudios Políticos de la UPB. Actualmente, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y analista político en medios de comunicación.

certram

Entrevistas

analecta

Contacto

Campus de Laureles
Circular 1 No. 70-01 - Bloque 12
Medellin - COLOMBIA
Teléfono: (57 4) 354 45 34 - 354 45 36
E-mail: cepri@upb.edu.co