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Domingo, 10 Junio 2012 18:04

Los retos de la seguridad urbana y rural en Colombia

Olmer Alveiro Muñoz Sánchez

21/01/12

"Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido", decía lapidariamente Elías Canetti. Nunca está uno a buen seguro si los demás, cada uno de ellos, no conocen ni aprecian el tesoro que es la seguridad.

(Serrano López, 2008)

Después de la operación que realizó la fuerza pública en Colombia el 1 de enero de 2012, y que tuvo como resultado la muerte del cabecilla alias Giovanni, líder de la Banda Criminal "Los Urabeños",  tal agrupación decidió "protestar" por la muerte de su jefedecretando un paro armado el pasado 5 de enero en seis departamentos de Colombia.Lo particular de este episodio no sólo fue que se haya generado una sensación de inseguridad, sino que, de manera efectiva, dicho miedo se trasladó a al cierre del comercio, la restricción en la movilidad terrestre y fluvial, confinando así a la población a permanecer encerrados en sus propias casas.

¿Qué capacidad real tienen estos grupos de hacerle frente al Gobierno de Juan Manuel Santos?, ¿en qué se puede diferenciar su actuación con respecto a las acciones de grupos como las FARC y el ELN?,  ¿tiene el gobierno de Juan Manuel Santos una política clara de acción frente a estos grupos que pueda con ello prevenir su acción y disminuir el impacto en la sociedad civil?.

En primer lugar, es indudable que en la última década los niveles de inseguridad en el país han sido reducidos, en especial en la lucha contra las acciones terroristas de grupos como las FARC y ELN. Por otro lado, también se han combatido los grupos de paramilitares que han hecho graves daños al país. Con todo este esfuerzo hecho por el Estado colombiano, sigue persistiendo un componente muy alto de narcotráfico y extorsión, que nutre a estos grupos de insumos económicos para mantener sus actividades delincuenciales.

Ahora bien, tanto para el presidente de la República, como para los nuevos alcaldes y gobernadores del país, el año 2012 ha comenzado con un gran reto para los planteamientos de la seguridad tanto rural y urbana. Varios analistas, entre ellos el doctor Alejo Vargas (El Colombiano, 18 de enero de 2012), afirman que es necesario esclarecer la naturaleza de grupos como las Bacrim, para poder plantear la estrategia adecuada para enfrentarlas; en efecto de la capacidad que tiene el Estado para conocer estos fenómenos dependerá sus planes de seguridad para generar clima de seguridad y tranquilidad a la población.

Grupos como las Bacrim, a diferencia de las FARC y el ELN, intentan camuflarse dentro de las instituciones del Estado, esa es parte de su naturaleza de su funcionamiento, confundirse a tal grado que, como ha ocurrido con el paramilitarismo, no destruyen al Estado pero terminan en una cierta convivencia tremendamente dañina para las instituciones. Allí, no sólo tendrá que presentarse una estrategia efectiva de seguridad con un pie de fuerza capacitado y preparado para enfrentarla, sino que será necesario poner la acción de la justicia colombiana en constante alerta para lograr desmantelar todas aquellas acciones que intimidan a la población por parte de estos grupos y que puedan vincular a las instituciones públicas y los servidores públicos con grupos al margen de la ley. Lógicamente no debemos olvidar que las FARC y el ELN, si bien tienen como objetivo tomarse el poder por la vía armada y remplazar al Estado, han utilizado de igual manera estrategias para filtrar instituciones políticas y lograr mantenerse con vida en medio de su innegable desgaste.

En segundo lugar, el Estado colombiano tiene en estos momentos todos los elementos para enfrentar al terrorismo en sus diferentes manifestaciones con un pie de fuerza preparado y una intención política de combatirlo, pero a su vez debe ser más claro en su política criminal, esto es, en la capacidad de acción en una misma línea tanto por parte del ejecutivo, el legislativo y el judicial -en especial de la Fiscalía General de la Nación- para aplicar de manera efectiva la política de lucha contra el crimen en todas sus manifestaciones. De una buena cooperación en estos tres estamentos depende en parte el éxito de una política de seguridad.

Ahora bien, si estos elementos anteriores son importantes, debemos afirmar que otro aspecto esencial será la cooperación ciudadana, sin ella con mucha dificultad se logrará enfrentar y derrotar el miedo producido por estos grupos. El reto para el Estado colombiano es brindar dicha confianza para que las personas se acerquen y puedan denunciar y que los organismos responsables den una pronta y efectiva respuesta a las demandas de los ciudadanos en la preservación de su vida y demás derechos fundamentales.

Finalmente, ante un panorama de 2012 que no parece sencillo a la seguridad del país, tanto para el Presidente de la República como para los demás mandatarios del país, tres retos fundamentales serán importantes:

1) El fortalecimiento institucional que haga creíble las instituciones políticas del país a sus ciudadanos para que confíen en ellas y puedan cooperar en el desmantelamiento de estas organizaciones criminales y terroristas.

2) El diseño de políticas específicas para enfrentar a los grupos armados que siembran el terror en la población, esto es, una coordinación en la ejecución de una política criminal sin ambivalencias, en la cual se demuestre que el Estado colombiano es quien tiene el control de la seguridad y quien pone las condiciones para eventuales procesos de desmovilización y de paz.

3) Una capacidad real de respuesta de los organismos policivos y militares que logren desarticular por medio de sus actuaciones legítimas, las actividades de todos los grupos que nutridos por el narcotráfico afectan la seguridad del  país tanto en el sector rural como urbano.

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