logo cepri
logo upb
Lunes, 28 Septiembre 2015 13:24

Construcción de paz y tráfico ilegal de armas

PEDRO PIEDRAHITA BUSTAMANTE* | 28 SEP 2015

Con el anuncio conjunto sobre Justicia Transicional y Victimas entre el gobierno de Colombia y el grupo armado ilegal de las FARC, el pasado 23 de septiembre, se dio un gran avance en las negociaciones para la terminación del conflicto en Colombia: se acordó un plazo máximo de seis meses para la firma del documento final y que en ocho meses los guerrilleros iniciarían la fase de dejación de armas.

Este último aspecto reviste una serie de factores complejos de los cuales depende el futuro de la construcción de la paz en el país. Asuntos que tocan directamente las capacidades del Estado frente a un escenario futuro de criminalización de reductos de las FARC —que se sumarían a otros grupos armados ilegales—. En este orden de ideas, uno de los factores es el referente a las armas en manos de la guerrilla y el posible tráfico ilegal de armas que se pueda generar en etapas finales del proceso.

Si bien el tráfico de armas es una problemática para la seguridad estatal, en Colombia ha sido marginal a las discusiones académicas, investigaciones y al monitoreo por parte de agencias internacionales, como sí sucede, por ejemplo, con el tema del narcotráfico. Empero, algunas cifras que se pueden encontrar y que permiten tan siquiera dar un esbozo de la situación las aporta el Observatorio de armas ligeras, pequeñas y municiones de la Universidad del Rosario en Bogotá, el cual indicó que para finales de la primera década de 2000, en el país existían cerca de cuatro millones de armas provenientes de los mercados negros (CARACOL, 2009). Esto sin contar que según datos de Inteligencia Militar, el 80% de las armas que ingresaron ilegalmente en el mismo período, se concentraron en las AUC, FARC y en el ELN, mientras que un 20% llegó a manos de las estructuras del crimen común y organizado. Así mismo, Inteligencia ha señalado que la dotación estándar de estos grupos es de dos armas por cada hombre (Casas, 2006, p. 26).

Según el historiador Álvaro Tirado Mejía (2002), el tráfico de armas en Colombia está ligado a la presencia de grupos armados ilegales que hacen la guerra al Estado, y al negocio del narcotráfico que obra como combustible de la violencia (p. 14). Además, que la suma de violencia y narcotráfico, ha creado las condiciones internacionales propicias para que contrabandistas y traficantes vendan excedentes de armas que circulan en el mundo sin mucho control, principalmente, provenientes de los conflictos de Europa del este, América Latina y redes criminales globales (pp. 14-15). Estas características hacen que un país como Colombia, sea un imán para el tráfico de armas y para que grupos armados ilegales adquieran una gran acumulación de éstas, mientras que el Estado tiene una baja concentración. En otras palabras, que exista un gran flujo de armas ilegales en detrimento del monopolio de la fuerza por parte del Estado.

Ahora bien, en el proceso de negociación que se desarrolla con las FARC en La Habana, uno de los puntos que ha suscitado mayores controversias es el relacionado con las armas y más ahora que se le ha puesto una fecha concreta a esta fase. Algunos sectores exigen entrega de armas, mientras que el gobierno y el grupo armado ilegal se ciñen al concepto, todavía confuso, de “dejación”. Sin embargo, por fuera de esta discusión semántica, el tema de fondo es que un gran número de armas podrán salir del conflicto, o, claro está, podrían reciclarse y entrar a ser parte de las dinámicas de la oferta y la demanda criminal.

Si se toman las últimas cifras reveladas por el Ministerio de Defensa, las FARC tendrían alrededor de 8.000 hombres, y si su dotación estándar es de dos armas por cada hombre, se hablaría, en principio —cifras frugales—, de 16.000 armas de fuego. No obstante, se debe tener en cuenta que en 2005 con el proceso de desmovilización de las autodefensas ilegales, se desmovilizaron más de 30.000 hombres mientras que el número de armas entregadas apenas llegó a 17.000. En este orden, se podría inferir que de seguir este mismo camino, las FARC podría tener un mayor número de hombres desmovilizados y una menor entrega de armas. Esto, en últimas, sólo se sabrá al final del proceso de negociación.

Dicho todo lo anterior, se pueden extraer dos escenarios: primero, que las armas de las FARC entren a ser parte de un exhaustivo monitoreo por parte de comisiones especiales que cuenten con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, como ocurrió en procesos similares en Asia y Centro América. Este monitoreo garantizaría que las armas ilegales salgan de la confrontación, ayudando a reducir sustancialmente los niveles de violencia colectiva en el país. Además del monitoreo, como un momento último del proceso con las FARC, sería necesario que se implementen medidas normativas para la recolección, almacenamiento y destinación final de las armas. Cabe recordar que a la fecha, en el país no existen mecanismos legales para tales fines y mucho menos instituciones o autoridades que puedan dar manejo a estas armas —especialmente las de fabricación artesanal—. Esta situación, es la que permite plantear el segundo escenario.

Segundo. Por falta de autoridades y mecanismos para dar un adecuado manejo a las armas se corre el riesgo de que, por un lado, éstas entren a ser parte de las dinámicas criminales globales. Es decir, que gran parte de las armas —entregadas o dejadas— se conviertan en un activo valioso para realizar transacciones ilegales en los diferentes mercados criminales. Además, sin los controles necesarios Colombia dejaría de ser un país atractivo o receptor para el comercio de armas y pasaría a ser un distribuidor de éstas tanto en el nivel interno como en los niveles regional e internacional. Por otro lado, la búsqueda de la paz fracasaría, pues no se habrá garantizado la no repetición y la disminución de la violencia, sino que, por el contrario, se aumentaría y se generarían nuevos ciclos de violencia colectiva en el país con un número alto de armas en manos de diversos grupos armados ilegales.

Así pues, es fundamental que el Estado colombiano acompañado de instituciones internacionales realice un control efectivo de las armas ilegales que quedarán del proceso de negociación con las FARC . De no ser así, habrán aumentos en los niveles de violencia cometidos con armas de fuego y un crecimiento en las transacciones criminales en los mercados de armas ilegales. Este es un asunto fundamental para la perspectiva estratégica del Estado que implica controlar a los generadores de violencia y sus recursos para generarla.

Referencias

CARACOL. (17 de marzo de 2009). Entre dos y cuatro millones de armas ilegales circulan en Colombia. Obtenido de Caracol Radio: Entre dos y cuatro millones de armas ilegales circulan en Colombia

Casas, P. (2006). Violencia, crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia. Bogotá: Naciones Unidas.

Tirado, Á. (2002). Colombia y el control internacional de armas pequeñas y ligeras. Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores.

*Doctorando en Derecho Internacional de la UAX de Madrid. Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra de Bogotá. Politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín

certram

Entrevistas

analecta

Contacto

Campus de Laureles
Circular 1 No. 70-01 - Bloque 12
Medellin - COLOMBIA
Teléfono: (57 4) 354 45 34 - 354 45 36
E-mail: cepri@upb.edu.co