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Viernes, 28 Octubre 2016 11:35

El nuevo supremo director del Ministerio Público

LORENA ANDREA CORREDOR SANTAMARÍA* | 28 OCT 2016

Luego de varios años de presentada la demanda contra la reelección del hoy Ex Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, el Consejo de Estado declaró el pasado 7 de septiembre la nulidad de dicho nombramiento. Lo anterior, en atención a la verificación de la violación del artículo 126 de la Constitución Política de Colombia de 1991, modificado por el Acto Legislativo No. 2 de 2015.

Según la norma constitucional citada, los servidores públicos en ejercicio de sus funciones, no podrán nombrar, postular, ni contratar con sus familiares, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con los familiares de estos últimos. La razón de ser de esta disposición es evitar la deuda de favores y garantizar el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos. Los vicios en los que incurrió Ordóñez, se hicieron visibles al efectuar “los nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección” (Hernández, 2016). Así, la balanza para la elección se inclinó a su favor, afectando la transparencia de este proceso de nombramiento.

Desde el 2009 Ordóñez ocupó el cargo de Procurador, siendo objeto de duras críticas por sus posiciones controversiales, tildadas por muchos como radicales, homofóbicas, en contra de los derechos de las minorías y de carácter eminentemente religioso. Ante su salida, fue elegido con un total de 92 votos en Senado, Fernando Carillo Flórez, quien es reconocido por ser uno de los promotores del movimiento estudiantil de la séptima papeleta. Este abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Ciencias Socioeconómicas, Magíster de la Universidad de Harvard en Administración Pública y en Derecho y Finanzas Públicas y quien además ha desempeñado varios cargos en el sector público, tiene grandes retos para la recuperación de la legitimidad de la Procuraduría.

El propósito de Carrillo según lo anunció en el Senado, es que la entidad que ahora representa “resucite los valores del Estado social de derecho,  que no sea vocera de radicalismos, que sea garantista del derecho, que no sea un instrumento de persecución política y que se convierta en un estandarte de los derechos de los colombianos” (El Tiempo, 2016). Vale la pena recordar, que según la Carta Política, el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público y que algunas de sus funciones son: vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, la protección de los derechos humanos, la vigilancia de quienes desempeñen funciones públicas, emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial y exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos, y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes.

Colombia necesita que la Procuraduría, se ocupe de lo preceptuado en los artículos 277 y 278 de la Constitución. Luchar contra la corrupción de quienes desempeñan funciones públicas y velar por la promoción y efectiva materialización de los derechos humanos, son tareas fundamentales e impostergables. Solo queda esperar que el respaldo casi unanime que los partidos políticos le dieron al ex Ministro y ex Embajador Carrillo, sirva para que desempeñe de la mejor manera su cargo y ojalá se haya aprendido la lección, -no se pueden hacer favores a funcionarios públicos y a su familiares, para buscar futuros nombramientos personales-. 

Referencias

Constitución Política de Colombia (1991). Colombia. Ed. Legis.

El tiempo. (2016). Fernando Carrillo es elegido nuevo Procurador de la Nación”.

Hernández, José Gregorio. (2016). “El fallo del Consejo de Estado contra Ordóñez: razones y consecuencias”.  

* Candidata a Magíster en Estudios Políticos UPB. Docente de la Facultad de Ciencias Políticas.  

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