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Lunes, 11 Julio 2016 17:15

El Brexit y los Derechos Humanos en el Reino Unido

LAURA GARCÍA JUAN* | JULIO 11 DE 2016

Antes de aventurarnos en predicciones y elucubraciones a futuro, lo más sensato en este momento es ser prudentes y dejar apuntado que las consecuencias del Brexit en materia de derechos humanos en el Reino Unido no van a ser inmediatas ni todavía es posible establecer con precisión el grado de afectación que sufrirá su legislación al respecto.

 

El Reino Unido posee normativa sobre derechos humanos que no se deriva del acervo comunitario de la Unión Europea (en breve formada por 27 estados), pero sí está sujeto al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como Estado miembro del Consejo de Europa (integrado por 47 estados). En base a ello, no podemos olvidar que este Convenio y sus protocolos adicionales regulan aspectos como la libertad de circulación, la prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros o las garantías de procedimiento en caso de expulsión de nacionales de terceros estados.

Es claro que las leyes británicas que no se derivan de la UE no van a verse afectadas, pero no se trata en ningún caso de una distinción sencilla, sobre todo teniendo en cuenta que el Reino Unido se mantendrá formalmente sujeto a la legislación comunitaria mientras siga siendo miembro de la Unión. Y es precisamente aquí donde se presenta la primera incertidumbre, la de los plazos. La salida voluntaria de un miembro de la Unión Europea se contempló por primera vez en el Tratado de Lisboa (vigente desde diciembre de 2009) y actualmente está regulada en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE), pero este precepto y sus implicaciones y consecuencias directas es un misterio en clave política, pues hasta ahora jamás se había invocado.

El artículo 50 del TUE, en consonancia con el artículo 218.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE, prevé que los Tratados dejarán de aplicarse al Estado que ha decidido separarse de la comunidad a partir de la entrada en vigor del acuerdo de retirada, el cual, en el caso que nos ocupa, solo puede darse tras la notificación formal del Reino Unido al Consejo Europeo (que no es lo mismo que el Consejo de Europa). El mismo artículo prevé que, en defecto de este acuerdo de retirada, los Tratados dejarán de aplicarse a los dos años desde dicha notificación, plazo que podrá prorrogarse si el Consejo Europeo por unanimidad así lo decide, de acuerdo con el Reino Unido.

Es poco probable que en este corto periodo de tiempo se den nuevas resoluciones o normativa emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que puedan afectar directamente al Reino Unido. Este tribunal es el encargado de garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros, así como de garantizar que tanto los estados como las instituciones europeas cumplan dicha legislación. Pero si ello ocurre, será muy complicado determinar el encaje de estas nuevas decisiones en la legislación interna de UK. Por un lado, dependerá de si Reino Unido sigue perteneciendo al mercado único en las mismas condiciones que Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, pues si fuera así debería seguir acatando algunas normas comunitarias, incluyendo las relativas a la libre circulación de personas, lo que supone una afectación a los derechos humanos. Y por otro lado, tanto si UK sigue dentro del mercado único como si no, en el momento se consolide el divorcio definitivo de la UE los británicos ya no estarían obligados a cumplir con las normas de derechos humanos recogidas en los Tratados. Pero esto tampoco deja claro lo que podría ocurrir con disposiciones de derechos humanos relativas a temas como la igualdad, el empleo, los migrantes, los derechos de los niños, la protección de datos o el medio ambiente, todos ellos asuntos de competencia comunitaria. La pregunta es ¿seguirían vigentes estas normas hasta que fueran derogadas por una ley interna, o quedaría suspendida su aplicación en tanto el ordenamiento jurídico del Reino Unido legislara sobre ello?

Como ya se adelantaba más arriba, el Brexit supone la salida de Reino Unido de la UE, pero no de Europa, es decir, sigue siendo un Estado miembro del Consejo de Europa sujeto, por tanto, al Convenio Europeo de Derechos Humanos. A partir de su salida definitiva formará parte de los estados no-miembros de la UE junto con otros diecinueve, entre los que se encuentran Rusia, Croacia, Macedonia, Serbia, Ucrania o Turquía. Y esta sería una de las principales razones por las que las consecuencias del Brexit no se harán visibles de manera inmediata en las actuaciones de la UE o del Reino Unido en materia de derechos humanos.

Es cierto que el resultado del referéndum en UK ha alentado a algunos partidos políticos en la oposición a tomar el mismo camino de la consulta popular en varios estados miembros (Países Bajos, Francia, Suecia, Italia, entre otros), lo cual pudiera ser constitutivo de una amenaza potencial para la cuestión de los derechos humanos en el conjunto de la Unión. Sin embargo, no es menos cierto que esta misma situación ha potenciado la unidad de los gobiernos que integran actualmente el Consejo Europeo y ha alejado cualquier curiosidad o pretensión de seguir los pasos de los británicos. De hecho, la actual coyuntura favorece que la Comisión Europea y el Consejo Europeo se lo piensen dos veces antes de alentar cualquier normativa que ponga en cuestión las garantías y el pleno cumplimiento de los derechos humanos.

 

*Doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (España). Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia).

 

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