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Sábado, 19 Septiembre 2015 17:07

Crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana: ¿Qué puede hacer por las víctimas el Derecho Internacional?

 

VIVIANA PALACIO REVELLO* | 19 SEP 2015 

En días pasados, como parte de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), el gobierno venezolano ordenó el cierre de la frontera colombo-venezolana entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander, y declaró el estado de emergencia en la zona fronteriza. Invocando las necesidades de combatir a los “paramilitares” que presuntamente operan en territorio venezolano y luchar contra el contrabando hacia Colombia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro comenzó una campaña de deportación de colombianos que ha conllevado a una crisis humanitaria de la población que actualmente se encuentra en la frontera entre ambos países.

Hasta el momento, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aproximadamente 1.200 colombianos han sido deportados y 10.000 han regresado a Colombia por temor a la expulsión o a las represalias. Dicha campaña de deportación ha estado también acompañada por allanamientos sin orden judicial, destrucción de las viviendas de los colombianos –a pesar de la súplica de paz de los moradores, muchos de los cuales izan en sus predios banderas de Venezuela-, separación de las familias y denuncias de abusos sexuales a las mujeres, algunas de ellas niñas y adolescentes, por parte de miembros de la fuerza pública venezolana. A estos hechos se suman, recientemente, acusaciones sobre ocupación de empresas de propiedad de nacionales colombianos por parte de las autoridades venezolanas y nuevos casos de deportaciones, ahora desde Caracas. Dadas estas condiciones, algunos se han referido a esta situación como un conjunto de hechos análogos a aquellos ejecutados por el régimen Nazi.

Estas violaciones de derechos humanos se presentan en un contexto de escasez de productos básicos, alta inflación y devaluación de la moneda, ello causado por la implementación de ciertas políticas económicas por parte del gobierno de Venezuela desde la administración pasada. Además, son violaciones de derechos humanos focalizadas hacia la población extranjera más numerosa en Venezuela, la población colombiana, parte de la cual se desplazó al país vecino durante las décadas de los años 70 y 80 como consecuencia de la violencia política vivida en Colombia durante aquel período. En otras palabras, un alto porcentaje de esta población sería considerada como refugiada, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), siguiendo el artículo 1º de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados1. Adicionalmente, algo que resulta particularmente preocupante es la caracterización de la población actualmente expulsada del territorio venezolano, ya que gran parte está conformada por mujeres, adolescentes y niños y, dentro de estos últimos, aproximadamente el 33% tiene menos de 5 años.

Este panorama puede definirse como una confrontación sin sentido entre la proclamación del principio de soberanía por parte del Estado venezolano y la observancia de los derechos humanos, normas ius cogens. A grandes rasgos, podemos identificar violaciones a la propiedad privada, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección a la familia, y a los derechos del niño. Además, muchas de estas violaciones son cometidas en la persona de sujetos especialmente protegidos por parte del derecho internacional de los derechos humanos: mujeres y niños. Ahora bien, el artículo 9.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), refiriéndose al derecho de circulación y residencia, prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros; sin embargo, recordemos que Venezuela manifestó su decisión de denunciar la CADH el 10 de septiembre de 2012, de manera que, según el artículo 78 de este mismo tratado, la denuncia se hizo efectiva el 09 de septiembre de 2013. En estas condiciones, con base en este instrumento internacional, Venezuela no podrá ser condenada por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la expulsión colectiva de extranjeros, ni por violación alguna al contenido de los derechos consagrados en la CADH; así, cualquier petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será tramitada con base, exclusivamente, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y no será posible, jurídicamente, que llegue hasta la fase contenciosa.   

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Ante la crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana, ¿qué puede hacer entonces por las víctimas el derecho internacional? Tras los fracasos del intento de diálogo con Venezuela y la propuesta de reunión de cancilleres elevada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Colombia ha manifestado su deseo de acudir ante varios órganos internacionales, entre los cuales se encuentran el Secretario General de la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Estas reuniones tienen como propósito principal que la comunidad internacional conozca las múltiples violaciones de derechos humanos que están siendo cometidas en la persona de miles de colombianos, ordenadas y ejecutadas por el Estado venezolano.

Ahora bien, Venezuela es Estado parte del Estatuto de Roma desde el 7 de junio de 2000. El Estatuto de Roma, en su artículo 7.1 consagra que se entenderá por crimen de lesa humanidad, los actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, entre los cuales se encuentran la “deportación o traslado forzoso de población” (literal d); “violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable” (literal g); la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (…)” (literal h), y “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física” (literal k) [Negrillas fuera del original]. Adicionalmente, el numeral 2 del mismo artículo, en sus literales a y g, establece que por ataque contra la población civil deberá entenderse una línea de conducta que implique una comisión múltiple de los actos mencionados precedentemente de conformidad con la política de un Estado, y que por persecución se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad. Ahora, a pesar de los inconvenientes que algunos manifiestan en llevar el caso ante esta instancia internacional, en razón de la naturaleza de las violaciones cometidas en contra de la población civil colombiana, consideramos que la decisión del caso por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) es una de las respuestas más eficaces que el derecho internacional podría dar ante la crisis humanitaria que están padeciendo miles de personas. Si eventualmente no se diese una respuesta a esta violación masiva de derechos humanos perfectamente encajada en el concepto de crimen de lesa humanidad y que además involucra a sujetos especialmente protegidos y a personas que se encuentran en cierta situación de vulnerabilidad como los refugiados, ¿realmente podría decirse que el núcleo de aquello denominado “conciencia de la humanidad” conformado por las normas ius cogens tendría algún tipo de enforcement? Dada la caracterización de los hechos y el elevado número de víctimas, el abordaje de este caso por parte de la CPI significará estabilidad o inestabilidad para el derecho internacional contemporáneo. 

1. A este respecto, es importante recordar que Venezuela no es Estado parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Solamente es parte del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, instrumento al cual se adhirió el 19 de septiembre de 1986. 

*Politóloga y Abogada por la Universidad Pontificia Bolivariana. Candidata a Magister por la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, Departamento de Derecho Internacional. 

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