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Lunes, 14 Diciembre 2015 15:34

¿Dónde debería acabar el oro del galeón San José?

Explosión del galeón San José, ilustración de Samuel Scott Explosión del galeón San José, ilustración de Samuel Scott

LAURA GARCÍA JUAN* | 14 DIC 2015

Es el momento, señoras y señores. Ha llegado el minuto de reconocer la verdadera razón por la que usted ha decidido leer este artículo. Ahora es el momento, no por nada en especial, sino sencillamente porque después de las fiestas navideñas cualquier otra noticia morbosa habrá enterrado, bajo la pesada losa de nuestras memorias, la historia del San José.

Estarán de acuerdo conmigo en que no es el valor contable de las doscientas toneladas de doblones y lingotes de oro, plata, joyas y piedras preciosas que llevaba a bordo este mítico galeón hundido en 1708. No es su historia, no es lo que va a costar extraer del lecho marino cada una de las monedas enterradas, no es lo que vale mantener una vigilancia permanente en la zona contra saqueos y piratas de todo cataje, no es si la tecnología empleada será lo suficientemente adecuada para no dañar el patrimonio sumergido, no es lo que diga el derecho internacional, o la Constitución y la ley colombiana. No son esas las razones. Lo que nos está quitando el sueño a colombianos y españoles estos días prenavideños es quién se quedará finalmente con el botín. La clave está en quién va a ganar el partido.

El navío de la discordia perteneció a la Armada española del Imperio desde que fue construido en 1698 en unos astilleros del País Vasco. Corría entonces la época virreinal (1533-1717). El buque de Estado zarpó desde Cádiz hacia Cartagena de Indias en 1706 con la idea de cargar oro y otras riquezas que la Corona Española precisaba para el mantenimiento de su gigantesca empresa conquistadora. En el Puerto de Portobelo, en lo que ahora es Panamá, recogió la carga que hoy yace bajo las aguas. Su valor rondaba los doce millones de pesos y provenía en su totalidad del virreinato de Perú.   

Desgraciadamente, el 28 de mayo de 1708, unos barcos de la flota inglesa atacaron el galeón cuando viajaba de regreso hacia Cartagena y lo hundieron cerca de la costa de las Islas del Rosario. Desde ese día la nave, su cargamento y los restos mortales de 589 de sus tripulantes descansan en el lecho marino a más de 100 metros de profundidad, donde no es posible la inmersión humana. No crean ni por un segundo que las imágenes que salen por televisión donde un buzo está tocando unas monedas corresponden al tesoro del San José.

Sin embargo, la batalla no terminó con el hundimiento del buque español tras la arremetida a cañonazos del Expedition, comandado por el capitán inglés Charles Wagner. Ni tampoco cesó la lucha cuando en 2007 la Corte Suprema de Colombia concedió la mitad del tesoro a la empresa estadounidense Sea Search Armada, una vez que se rescatara de las profundidades. Ni mucho menos acabó el 25 de octubre de 2011, cuando una corte en Washington declaró que la nave era propiedad del Estado colombiano. En realidad, la contienda ha empezado hace solo unos días y está muy lejos de terminar.  

Todo esto, que hasta ahora no nos había importado demasiado, parece haberse convertido en el centro de nuestras vidas desde que el 27 de noviembre de 2015 fuera hallado el punto exacto donde se encuentra el San José gracias a la colaboración de investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, personal de la Armada Nacional de Colombia, funcionarios de la Dirección General Marítima colombiana y una empresa extranjera. El Presidente Santos anunció el pasado 4 de diciembre que se había encontrado por fin el “tesoro más grande de la historia de la humanidad”, y el gobierno español no tardó ni dos días en reclamar su parte.

Lo cierto es que si atendemos a las Convenciones internacionales que pudieran ser aplicables, la del Derecho del Mar de Naciones Unidas (1982) y la de Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO (2001), ninguna de las dos atribuye claramente titularidades. Además, ni España ni Colombia son estados parte en la segunda, que es la más ad hoc. Por lo tanto, hay que atender a la Constitución Política de Colombia de 1991, en concreto a sus artículos 63, 70 y 72, y a la normativa de ámbito nacional que reglamenta estos tres preceptos en lo relativo al patrimonio cultural sumergido, la Ley 1675 de 2013. Y esta ley sí que atribuye titularidades.

La Ley colombiana de 2013 establece que el patrimonio cultural sumergido hace parte del patrimonio arqueológico y es propiedad de la nación. Según las definiciones que utiliza, el llamado patrimonio cultural sumergido estaría integrado por todos aquellos bienes producto de la actividad humana representativos de la cultura que se encuentran sumergidos en aguas internas, fluviales y lacustres, así como en el mar territorial, en la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental e insular. Comprendería los restos orgánicos e inorgánicos, los asentamientos, cementerios y toda evidencia física de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento, naufragio o echazón. Así, tanto el galeón San José como todo lo que hay en su interior, al encontrarse a solo 30 millas de las costas cartageneras desde hace más de 100 años, es propiedad de Colombia y los colombianos, y está sujeto a su legislación.

Pero lo verdaderamente importante no es quién se quede finalmente con el tesoro. Lo verdaderamente importante es que al tratarse de patrimonio arqueológico, éste no puede ser vendido o utilizado como pago de deudas. De hecho, es inalienable, inembargable e imprescriptible. Por eso, una de las cuestiones que preocupa al gobierno español es que la ley colombiana de 2013 intentó excluir de la consideración de patrimonio cultural sumergido “las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas” (artículo 3.1), así como “los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes” (artículo 3.2). En este punto dejo a la especulación si la intención del legislador y del gobierno era la de reservar una parte para pagar a la empresa acreedora de la mitad del tesoro o la de poder vender la mercancía al mejor postor. Afortunadamente, la propia Corte Constitucional colombiana declaró contrarios a la Constitución estos numerales en su Sentencia C-264 de 2014, evaporándose con ello cualquier atisbo de hacer negocio con el hallazgo.

Por su parte, esta ley obliga a Colombia a hacerse cargo de los gastos derivados de las actividades que se realicen sobre el patrimonio sumergido en aras a su exploración, intervención, aprovechamiento económico, preservación y curaduría, o cuanto menos a compartir las expensas con quien esté dispuesto a colaborar en estas diligencias. No duden ustedes que es en este asunto donde está lo peliagudo, pues la broma cuesta muchos millones de dólares. Ni que decir tiene que es precisamente aquí donde entran en juego las negociaciones entre el dueño legítimo del tesoro, según la legislación nacional, y los gobiernos y empresas privadas reclamantes. Es aquí donde los ciudadanos de a pie ignoramos los detalles y las intrigas que rodean cientos de intereses cruzados, cientos de asuntos políticos y económicos por resolver y cientos de favores debidos. Es aquí donde no debemos perder de vista el oro, donde no debemos enterrar la noticia bajo la pesada losa de nuestra memoria.

Porque lo cierto es que nadie puede quitarnos el derecho a visitar algún día un museo, en Colombia o en España, pararnos delante de los objetos encontrados en el galeón San José y sentirnos orgullosos de haber recuperado lo que legítimamente nos pertenece a todos y cada uno de nosotros. El partido es nuestro, señoras y señores, no nos dejemos vencer. 

*Doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (España). Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)

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