logo cepri
logo upb
Miércoles, 21 Febrero 2018 23:51

El decreto 9285/2018 y la vulnerabilidad de los inmigrantes venezolanos en Roraima (Brasil)

LAURA GARCÍA JUAN*

Según datos de la Policía Federal brasilera, 42.000 inmigrantes venezolanos entraron en 2017 por vía terrestre en el Estado de Roraima y allí permanecen. Esta cifra equivale al 10.5% del total de su población, calculada en unos 400.000 habitantes.

Para tratar de solucionar la situación de emergencia humanitaria que ha supuesto este aumento significativo de la población en tan breve lapso de tiempo, y que sigue creciendo, el 16 de febrero de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión de Brasil los siguientes actos del poder ejecutivo, todos ellos de 15 de febrero: 1-Medida provisional No. 820, que dispone sobre medidas de asistencia de emergencia para la acogida de personas en situación de vulnerabilidad derivada del flujo migratorio provocado por la crisis humanitaria (DOU pág. 2); 2- Decreto No. 9.285/2018, que reconoce la situación de vulnerabilidad derivada del flujo migratorio provocado por la crisis humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela (DOU pág. 3); 3-Decreto 9.286/2018, que define la composición, competencias y normas de funcionamiento del Comité Federal de Asistencia de Emergencia para la acogida de personas en situación de vulnerabilidad derivada del flujo migratorio provocado por la crisis humanitaria (DOU pág. 3).

Tras esta breve contextualización, y antes de entrar en materia, conviene puntualizar que el Decreto 9.285 considera únicamente el “aumento poblacional temporal, desordenado e imprevisible” observado en el Estado de Roraima, por lo que el reconocimiento de la situación de vulnerabilidad derivada del flujo migratorio queda limitado exclusivamente a las personas provenientes de Venezuela que se encuentran en dicho Estado. Por otro lado, se considera que las medidas de asistencia de emergencia y acogida humanitaria son necesarias por el impacto de este flujo migratorio (Venezuela-Roraima) en la “prestación de servicios públicos de salud, saneamiento básico y seguridad pública, entre otros”.  Para justificar la necesidad de la medida provisional No. 820 el propio documento evoca los problemas vividos en la región, citando expresamente la crisis política, institucional y socioeconómica que está sufriendo Venezuela, y recuerda que la declaración firmada en la Cumbre de los Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados en julio de 2017 reconoció la “ruptura del orden democrático de aquel país”.

Otro dato que es necesario poner de relieve es que ninguna de las tres resoluciones se refiere de forma precisa a migrantes internacionales, personas refugiadas, desplazados internos, solicitantes de asilo o cualquier otra forma de protección internacional. Tampoco distingue entre migrantes forzados o voluntarios, por razones económicas, laborales, familiares, de estudios, de salud…etc. Por el contrario, los tres textos normativos utilizan la expresión genérica de “flujos migratorios” y señalan como grupo objetivo de las medidas a “las personas en situación de vulnerabilidad derivada del flujo migratorio provocado por la crisis humanitaria”. Esta definición incluye, por tanto, a todas las personas que estén en cualquiera de los casos mencionados. Además, el objetivo de estas medidas de asistencia (federales, estatales, distritales y municipales) es “articular acciones integradas destinadas a personas, nacionales o extranjeras, que formen parte de este flujo migratorio”, lo cual amplía ad infinitum el número de individuos que deberían ser atendidos por las instancias gubernamentales competentes.

Estas medidas de asistencia de emergencia para acoger a personas en situación de vulnerabilidad derivada del flujo migratorio provocado por la crisis humanitaria implica, según la literalidad de los textos publicados el 16 de febrero, ampliar las políticas públicas relacionadas con la protección social; la atención a la salud; la oferta de actividades educativas; la formación y cualificación profesional; la garantía de los derechos humanos; la protección de los derechos de las mujeres, niños, adolescentes, ancianos, personas con discapacidad, población indígena y comunidades tradicionales afectadas; la oferta de infraestructura y saneamiento; la seguridad pública y el fortalecimiento del control de fronteras; la logística y distribución de insumos; así como la movilidad, distribución en el territorio nacional y apoyo a la integración.

Si atendemos, por otro lado, a las definiciones que se proponen de “situación de vulnerabilidad”, “crisis humanitaria” y “protección social”, vemos que prácticamente cualquier persona que acuda a uno de los dispositivos de acogida que se encuentran desplegados en el Estado de Roraima y solicite le sean reconocidas estas medidas debería ser atendida e incluida en los programas. En cuanto a la primera de las definiciones, identifica la situación de vulnerabilidad con cualquier “condición emergente y urgente que evidencie la fragilidad de la persona, nacional o extranjera, en el ámbito de la protección social, resultante del flujo migratorio provocado por la crisis humanitaria”. Por su parte, la crisis humanitaria es definida como “desastre natural o conflicto causado por el hombre que resulte en violación directa o indirecta de los derechos humanos”, mientras que la protección social es definida como “el conjunto de políticas públicas estructuradas para prevenir y remediar situaciones de vulnerabilidad social y riesgo personal que supongan una violación de los derechos humanos”.

Es importante resaltar que ni la medida provisional No. 820, ni los Decretos 9.285 y 9.286 contemplan una asignación de recurso económico, sino que condicionan la efectiva realización de las acciones previstas a la disponibilidad presupuestaria y financiera anual. Este evento debe analizarse conjuntamente con seis circunstancias que no pueden pasar desapercibidas: a) resulta complicado demostrar fehacientemente si alguien (nacional o extranjero) forma parte del flujo migratorio procedente de Venezuela o si simplemente “pasaba por allí”; b) este flujo se ha prolongado por varios años, pero ninguno de los textos establece fechas tope de entrada en Roraima o salida de Venezuela; c) la violación de derechos humanos debe determinarla un juez mediante una sentencia condenatoria al Estado, no pudiendo ser objeto de una decisión arbitraria de un funcionario público o de un empleado de ONG; d) todos los indicadores económicos, políticos y sociales apuntan a que esta situación no es temporal, sino que se va a prolongar indefinidamente; e) una norma realista debería acotar las medidas de acogida a las personas que cumplan determinados requisitos verificables, pues lo contrario dispara el número de hombres y mujeres que creen tener derecho a las mismas, provocando caos, actitudes xenófobas y convulsión social; y f) el reconocimiento amplio de la situación de vulnerabilidad que contiene el Decreto 9.285 no es baladí, pues se trata de un acto jurídico que activa determinadas “reglas” del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual sitúa a Brasil en el foco de los organismos internacionales que monitorean su cumplimiento.

En mi opinión, un análisis somero de las consideraciones expuestas hace que, quienes estamos al tanto de la legalidad y del cumplimiento normativo, nos planteemos la siguiente duda razonable: o nos encontramos ante meras declaraciones de buenas intenciones sin posibilidad alguna de ser desarrolladas de manera urgente y eficaz, o Brasil está a punto de convertirse en la primera potencia mundial en materia de garantías y protección efectiva de los Derechos Humanos. 


* Doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (España). Profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia), e integrante del Grupo de Investigaciones en Derecho.

Política Urbana

Colombia

No result...

América Latina

No result...

Política Internacional

Ensayo Filosófico

certram

Entrevistas

analecta

Contacto

Campus de Laureles
Circular 1 No. 70-01 - Bloque 12
Medellin - COLOMBIA
Teléfono: (57 4) 354 45 34 - 354 45 36
E-mail: sara.piedrahitas@upb.edu.co