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Domingo, 04 Julio 2021 03:55

El liberalismo en la Constitución Política de Colombia de 1991: 30 años de un modelo económico, político y social

El liberalismo en la Constitución Política de Colombia de 1991: 30 años de un modelo económico, político y social Photo by IvanMarulanda on Foter.com

Con la consagración de Colombia como un Estado Social de Derecho, el Estado se comprometió a defender y hacer cumplir los derechos individuales y colectivos de todos los colombianos. Pero el paso de la teoría a la práctica ha resultado difícil e inoperante.

Por: Juan Manuel Cano Londoño[1]

El 4 de julio de 1991 Colombia promulgó su nueva Constitución. En el Capitolio Nacional se entonó El mesías de Handel –específicamente el último coro de la Parte II: Aleluya–, a la vez que los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente proclamaban al unísono la nueva carta magna. El texto reemplazaba la Constitución de 1886 e instauraba al país dentro de las dinámicas del momento en el sistema internacional.

El siglo XX, tal como lo planteó Eric Hobsbawm en Guerra y paz en el siglo XXI (2006), constituyó el período más extraordinario de la historia de la humanidad”: un convulsionado centenario que vio su fin anticipadamente. La década de 1990 significó, tanto a nivel nacional como internacional, un decenio de transición entre una época y otra. En medio de este tiempo de transformaciones, Colombia decidió cambiar su guía política y acordar entre todos los ciudadanos un nuevo contrato social que respondiera a las necesidades internas del país y que lo hiciera entrar en sintonía con las tendencias que seguían sus pares y aliados.

Entonces, ¿de qué manera el contexto político, económico y social de la época influyó en la creación de la Constitución Política de Colombia de 1991? Basta con realizar un repaso sobre la coyuntura del momento –adentro y fuera del país– y la manera en la que fue convocada la redacción de esta Constitución para dar cuenta de la respuesta a esta pregunta.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial el orden internacional pasó a ser bipolar: Estados Unidos y la Unión Soviética lideraban el mundo. El conflicto entre estas dos potencias, enmarcado en la denominada Guerra Fría, implicó una confrontación entre dos visiones del mundo, dos sistemas económicos que buscaban predominar en todas las esferas estatales. En 1989, tras la caída del Muro de Berlín, –y reafirmándose dos años después con la disolución de la Unión Soviética– Estados Unidos y el modelo liberal, específicamente, salieron victoriosos. El liberalismo asumió el protagonismo y, aunque ya estaba propagado, se convirtió casi que en una doctrina obligatoria para aquellos países que quisieran ser bien vistos por parte de la nueva potencia solitaria.

En ese momento el mundo giraba entorno a la interdependencia económica. El politólogo colombiano Juan David García, en La libertad económica en América Latina, en los decenios de 1990 y 2000 (2011), afirma que esta interdependencia es uno de los ejes de la globalización y del modelo neoliberal, que recoge ideas sobre la economía, el Estado y la sociedad. De esta forma, el modelo imperó a nivel internacional y la región no fue la excepción:

Así pues, la mayoría de países latinoamericanos se embarcaron, en primer lugar, en la tarea de liberar o liberalizar sus economías, es decir, en disminuir la participación del Estado en la misma, mediante la eliminación o atenuación de las regulaciones que este imponía a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios; a través de la privatización de numerosas empresas (…); incentivando la inversión extranjera como uno de los principales motores del crecimiento económico (…); tomando medidas monetarias adecuadas para reducir la hiperinflación, o creando nuevos mecanismos jurídicos de protección de la propiedad privada. (p. 157)

Chile, bajo la dictadura de Augusto Pinochet en los años 70, fue el pionero en la región. En el resto de los países se aplicó en las décadas siguientes. “En los años noventa, el neoliberalismo se impone en Colombia como modelo económico. Este se fundamenta en la reducción del Estado y la implementación de un mercado de puertas abiertas” (Moreno-Viafara, 2010, p. 149), elementos que incentivó el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) con su política de apertura económica.

La implementación del orden neoliberal exigía la creación de una nueva estructura normativa, lo que significaba “generar unas nuevas reglas que orientaran el comportamiento del Estado frente a la economía, lo cual debía conducir a darle legalidad y seguridad” (Cruz, 2010, p. 274), lo cual ocurrió a través de la Constitución de 1991.

La teoría del socialconstructivismo nos plantea que las ideas y creencias son capaces de traspasar fronteras, de viajar a través del tiempo e impactar a otras sociedades. Este enfoque teórico apunta a que los intereses e identidades son construcciones sociales, y que estas no son fijas, sino que surgen de las características y dinámicas internas de los Estados y sus interacciones con otros. Estas identidades, entonces, “garantizan una cierta estabilidad, hacen previsible el comportamiento de los actores y contribuyen al mantenimiento del orden” (Ibáñez, 2015, p. 201).

Desde esta óptica, el liberalismo y su modelo económico no se propagó por el continente y el mundo de una forma casual o azarosa, su expansión se produjo debido a una estrategia de alineación para generar estabilidad de acuerdo a las dinámicas que planteaba el nuevo orden internacional en la última década del siglo pasado.

A nivel interno, Colombia vivía uno los momentos más difíciles de su historia reciente. La violencia estaba desatada y el país sufría varias guerras desde distintos frentes, como lo comenta la académica Ana Cristina Aristizábal en Medellín a oscuras (2018): “los narcotraficantes enloquecidos que pretendieron imponer su ley a bala y dinamita, la campaña sistemática de exterminio desatada contra los líderes de la Unión Patriótica [brazo político de las FARC-EP] y el poderoso avance de la llamada Coordinadora Nacional Guerrillera” (p. 202).

La guerra entre los carteles del narcotráfico, particularmente, tenía al Estado colombiano contra la pared, lo había superado y saturado. Los índices de homicidios en las principales ciudades capitales estaban disparados, al igual que el número de atentados terroristas. Además, durante las elecciones de 1990, fueron asesinados tres aspirantes presidenciales: Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro. Colombia, para entonces, era un estado fallido.

De esta forma, el liberalismo –que cree que la paz es alcanzable y que los conflictos se pueden mitigar si se realizan cambios concertados en las estructuras internas de los países– se planteó como una opción para hacer frente a la coyuntura y presentó la nueva Constitución como una posibilidad para la paz.

En sintonía con esta idea y la transformación que quería hacer el país, los procesos de paz con las guerrillas M-19, EPL, PRT y Quintín Lame, que se llevaron a cabo entre 1989 y 1991, fueron el preámbulo del pedido popular por una nueva carta magna. Posteriormente, los jóvenes de Colombia –en su mayoría estudiantes de varias universidades públicas y privadas– se agruparon en un colectivo denominado la Séptima Papeleta e impulsaron la idea de cambiar la Constitución, por lo que pidieron que en las elecciones de marzo de 1990 se incluyera la opción de apoyar u oponerse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En aquella jornada electoral se debía votar por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras Locales, Concejo Municipal y Alcaldía, así que el voto por la Asamblea Constituyente sería la séptima papeleta que cada votante depositaría en las urnas.

Una vez fue aprobada la convocatoria, en diciembre de ese año se llevó a cabo la elección de quienes la conformarían. A pesar del alto índice de abstencionismo, la movilización social de estudiantes, trabajadores y demás actores demostró ser la gran gestora del proceso.

De esta forma nació la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano compuesto por 70 miembros, quienes fueron los encargados de redactar, por primera vez en la historia del país, un texto producto del “consenso y no como resultado de la victoria militar de un bando político” (Caballero, 2018, p. 401).  Esta Asamblea aglutinó las banderas de todos los sectores políticos y sociales, con la intensión de presentar ante la sociedad una visión de unidad nacional.

En respuesta a esta última idea, se decidió que fueran tres personas –en representación de las tres fuerzas políticas con mayor participación– las que copresidieran el órgano constituyente: Horacio Serpa por el partido Liberal, Antonio Navarro Wolf de la Alianza Democrática M-19 (proveniente de la extinta guerrilla) y el conservador Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional.

La Constitución de 1991 es, entonces, producto de “la más grande crisis nacional de los últimos treinta años, de las necesidades de las nuevas formas de la economía, de las relaciones internacionales, del desarrollo de las diferentes realidades del país y de las demandas democráticas” (Uribe Vargas, 1995, p. 9), pero es, sobre todo, hija del liberalismo. No solo del partidario, sino del económico, el político y el social.

“El liberalismo en la Constituyente le cumplió al pueblo colombiano. Fue vocero infatigable de sus inquietudes y con el criterio democrático y social de su doctrina estuvo siempre al frente de las más trascedentes decisiones”, dijo en su discurso de clausura el copresidente de la Asamblea, Horacio Serpa.[2]

“La transformación más importante de la política mundial en los últimos sesenta años se deriva de la expansión (…) de tres fenómenos clave asociados con el liberalismo y su énfasis en los efectos potencialmente promotores de la paz de las instituciones nacionales y transnacionales” (Russett, 2013, p. 94), los cuales son la difusión de la democracia, el fortalecimiento de las redes de comunicación, comercio y finanzas: una economía interdependiente, y la multiplicación de las organizaciones intergubernamentales. Tres puntos clave que se pueden evidenciar en la Constitución de 1991.

Teniendo la pirámide kantiana de referencia, la Asamblea elegida en 1990 fue vista como una oportunidad de paz, tal como lo afirma el historiador Jorge Orlando Melo en Colombia: una historia mínima (2020):

Una Asamblea que no reformó la carta, sino que expidió una nueva Constitución que buscó fortalecer el respeto a los derechos humanos, la capacidad de representación de las instituciones políticas, la posibilidad de autogobierno local. Colombia sería ahora una democracia real, con un Senado elegido en forma que garantizara la representación proporcional de los partidos más pequeños, con alcaldes y gobernadores electos, con una carta de derechos económicos, políticos y sociales (…), y con toda clase de mecanismos e instituciones para proteger a los ciudadanos de las arbitrariedades del Estado y sus funcionarios, así como de las limitaciones del sistema social. (p. 278)

Dentro de los principales cambios que tuvo la Constitución de 1991 respecto a la de 1886 está la libertad de cultos (el catolicismo dejó de ser la religión oficial del país), el respeto por las minorías étnicas, la equidad de género (al declarar la igualdad en derecho entre el hombre y la mujer), la inclusión de nuevos mecanismos de participación (como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, etc.), la creación de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, la ampliación de la descentralización, la posibilidad de la moción de censura, entre otros cambios más. Pero el que más se destaca es la incorporación de la acción de tutela, un mecanismo que permite proteger los derechos fundamentales.

En contravía, treinta años después de su promulgación son varios los cuestionamientos que recibe la carta magna del 91. Respecto al modelo económico, se pensó que se generaría un mejor nivel de vida para la sociedad, pero el país se dio cuenta luego que no era tan competitivo a nivel internacional, lo que derivó en varias dificultades: “altas tasas de desempleo, un sin número de empresarios quebrados, el campo desolado, la violencia incrementada y las desigualdades sociales en su máximo indicador” (Moreno-Viafara, 2010, p. 151).

Aunque ha beneficiado a algunos sectores, la liberación económica y su mala o desmesurada implementación produjo un retroceso productivo en el campo colombiano, logrando que la brecha entre la vida urbana y rural se hiciera más grande. Esto se explica debido a que “los privilegios especiales para unos pocos significan menos prosperidad para la mayoría y, por tanto, mayor exclusión social” (García, 2011, p. 161).

Por otra parte, la Constitución también presenta problemas de aplicación y vigencia en cuanto a su contenido. Con la consagración de Colombia como un Estado Social de Derecho, el Estado se comprometió a defender y hacer cumplir los derechos individuales y colectivos de todos los colombianos. Pero el paso de la teoría a la práctica ha resultado difícil e inoperante. La vulneración de derechos en Colombia es uno de los grandes problemas que ha enfrentado el país en el siglo XXI, no solo por la negligencia estatal, sino también por su responsabilidad en la violación –en muchos casos sistemática– de estos derechos. En las últimas décadas ha sido recurrente que organizamos internacionales como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenten informes sobre la avanzada de la violencia en el país y adviertan de la vulneración de derechos humanos en el territorio nacional.

Otro aspecto que señalan algunos juristas es que, al igual que ocurrió con la Constitución de 1886, la tendencia a modificarla es exagerada y peligrosa, pues demuestra lo flexible que es. A la fecha, la carta magna del 91 ha tenido más de 55 reformas en tan solo tres décadas de implementación, lo que significa que el país no ha podido superar la “inflación constitucional” que lo ha caracterizado históricamente, un término que se “refiere a la constante creación, reforma o derogación de normas constitucionales en un lapso específico” (Hurtado & Marín, 2021, p. 20).

Por lo tanto, la solución ante coyunturas sociales o problemas estructurales del Estado no puede ser reformar sin medida la Constitución o plantear la creación de una nueva. Lo que se debe hacer es implementar la que ya se tiene, puesto que es garantista de derechos, libertades y, más allá de los cuestionamientos por el modelo económico, está enfocada en la consolidación de un país con mejores condiciones de vida para todos.

En el siglo XX, a diferencia del XIX, los colombianos decidimos que “si el mundo era ese lugar hostil y brutal en el que estábamos condenados a ser un país débil e indefenso, lo mejor era mantenernos encerrados” (Borda, 2019, p. 18), por lo que el aislamiento fue la estrategia. La Constitución Política de 1991 rompió con esa consigna y permitió que el país dejara de ser el “Tíbet suramericano”, como le llamaba el expresidente López Michelsen a Colombia, en referencia a la pobre política exterior durante esa época.

La nueva Constitución, fundada en el ideario liberal y sus postulados económicos, políticos y sociales, le permitió a Colombia ser parte de la recién configurada globalización y entrar en sintonía con las dinámicas que el orden internacional –el de los noventa y el de ahora– presenta. Treinta años después de su declaración, el pueblo colombiano debe ser el encargado, no solo de defenderla, sino de hacer que se cumpla, y lograr que se convierta en la gran herramienta democrática que permita hacer frente a los desafíos que depara el siglo XXI.

 

Referencias

Aristizábal, A. (2018). Medellín a oscuras. Ética antioqueña y narcotráfico. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.

Banco de la República (2016, 4 julio). Clausura de la Asamblea Nacional Constituyente [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vy-cBQSNpQs

Borda, S. (2019). ¿Por qué somos tan parroquiales? Una breve historia internacional de Colombia. Editorial Planeta, Bogotá.

Caballero, A. (2018). Historia de Colombia y sus oligarquías. Editorial Planeta, Bogotá.

ConstitucionColombia.com. (s. f.). Historia de la Constitución Política de Colombia 1991. https://www.constitucioncolombia.com/historia.php

Cruz, L. (2010). La Constitución Política de Colombia de 1991 y la apertura económica. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 18(1), 269-280. Retrieved May 23, 2021, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-68052010000100016&lng=en&tlng=es.

El Espectador. (2020, 26 abril). Pizarro, Galán y Jaramillo: los candidatos presidenciales que asesinaron en menos de un año [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=aQkMPQF78No

García, J., Patiño, L., Orozco, S., & Convers, J. (2011). La libertad económica en América Latina, en los decenios de 1990 y 2000. En L. Patiño (Dir.), Las relaciones internacionales de América Latina en el siglo XXI (pp. 155–202). Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.

Historia Visual Media (2017, 9 julio). Firma Constituyente de 1991, Colombia [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=QkhVxzIIk7s

Hobsbawm, E. (2006). Guerra y paz en el siglo XXI. Editorial Crítica, Barcelona.

Hurtado, W. &  Marín, C. (2021). Treinta años de la Constitución Política de Colombia de 1991: antecedentes, origen, cambios y reformas. Análisis Jurídico - Político, 3(5), 15 - 56. https://doi.org/10.22490/26655489.4360

Ibáñez, J. (2015). El socialconstructivismo: ideas, valores, y normas en la política mundial. En C. del Arenal y J. A. Sanahuja (Eds.), Teorías de las Relaciones Internacionales (pp. 189-215). Tecnos.

Indepaz (S.F.). Los procesos de paz con el M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT desde 1989 a 1991. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/04/Los_proceso_de_paz_con_el_M19-EPL-Quint%C3%ADn-Lame-1989-1991.pdf

Las modificaciones realizadas a la constitución en 30 años. (2021, 12 febrero). Caracol Radio. https://caracol.com.co/radio/2021/02/12/politica/1613141941_516037.html

Melo, J. (2020). Colombia: una historia mínima. Editorial Planeta, Bogotá.

Moreno-Viafara, F. (2010). El desarrollo del Estado liberal en Colombia. Papel Politico, 15(1), 135-163. Retrieved May 22, 2021, http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-44092010000100006&lng=en&tlng=es.

Russett, B. (2013). Liberalism. In T. Dunne, M. Kurki & S. Smith, International Relations Theories: Discipline and Diversity (pp. 94-113). Oxford University Press.

Uribe Vargas, D. (1995.). La constitución de 1991 y el ideario liberal. Universidad de Colombia - Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/53444

 

[1] Estudiante de Comunicación Social – Periodismo y Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana.

[2] El discurso se puede consultar en: https://www.youtube.com/watch?v=QkhVxzIIk7s

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